La titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Gabriela Baigún, comenzó hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 - integrado por los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino- el desarrollo de la acusación al ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, tras su paso por la función pública, entre los años 2003 y 2009.

De este modo, Baigún continuó el alegato que comenzó la semana pasada su colega Dafne Palópoli -en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)-, quien había requerido que Jaime fuera condenado como coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública junto a la ex presidenta de la empresa estatal Belgrano Cargas, Graciela Coria, el ex vicepresidente de la firma, Luis Stafforini, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, por las irregularidades en la gestión de licitaciones y subsidios para obras ferroviarias, otorgados por la Secretaría de Transporte, a cargo de Jaime, en beneficio de la empresa Belgrano Cargas en el periodo 2003 y 2006.

El alegato de la fiscal

En la audiencia de hoy, que comenzó pasadas las 9.30 a través de la plataforma virtual Zoom, y sin la presencia de Jaime -que fue excusado de asistir por razones de salud-, la fiscal Baigún se centró en la responsabilidad del ex secretario de Transporte, quien fue acusado por el fiscal Carlos Rívolo de incrementar su patrimonio sin justificación a través de la adquisición de diversos inmuebles, vehículos, un yate y un avión.

En el inicio de su presentación, la representante del Ministerio Público señaló que, cuando Jaime asumió en 2003, su patrimonio ascendía a $261.500 y estaba conformado por un inmueble en Córdoba, otro en la ciudad de Caleta Olivia, un automóvil Mazda y otro Fiat Palio, $9.000 y deudas bancarias. Pero destacó que “Jaime se enriqueció durante la función pública” y que “esta mejoría económica de Jaime no se vio reflejada en sus declaraciones juradas de los años 2003 a 2009”. Agregó también que el “ex secretario de Transporte intentó disimular su situación patrimonial con testaferros”, los cuales eran familiares o allegados de su confianza.

La fiscal destacó que “Jaime se enriqueció durante la función pública” y que “esta mejoría económica de Jaime no se vio reflejada en sus declaraciones juradas de los años 2003 a 2009”.

Además del ex secretario de Transporte, en el debate están imputados, por haber participado en las maniobras como testaferros o partícipes necesarios, su hija Julieta; su pareja Silvia Reyss, las dos hijas de esta, Agostina y Lorena Jayo; la ex pareja de Julieta, Sebastián Ledantes y su madre Graciela Vigna. También se acusó a allegados de Jaime en la Secretaría de Transporte: Manuel Vázquez, su hijo Julián, Alfredo Pielach, Lisandro López, Silvano del Carmen Mazzucchelli -vinculado a Vázquez-, Hugo Álvarez Picasso, Carlos Lluch y Raúl Viola, algunos de los cuales también son investigados por la compra con sobreprecios de trenes chatarra a España y Portugal.

En su alegato, la fiscal Baigún describió las maniobras para la adquisición de distintos bienes que incrementaron el patrimonio del ex funcionario. Así, destacó la compra de un lote en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Boulogne, donde vivía con su pareja y que estaba a nombre de la madre de la mujer, María Filomena Pfaffen. Por otra parte, se refirió a la compra de una vivienda en la ciudad cordobesa de Carlos Paz, que fue comprada por su consuegra Graciela Vigna, para que vivieran Julieta Jaime y su pareja Sebastián Ledantes, pero que fue adquirida por la hija del ex secretario de Transportes, tras su separación de Ledantes.

Otro de los bienes que habrían acrecentado el patrimonio de Jaime es el hotel “Saint Tropez”, ubicado también en Carlos Paz, y una camioneta Kia Carnival -que Reyss tenía autorización para manejar-, todos los cuales fueron adquiridos por la firma Lago Azul S.A., cuyo directorio estaba integrado por los empresarios Alfredo Pielach y Lisandro López, íntimamente ligados a Jaime. Por su parte, el ex yerno de Jaime, Sebastián Ledantes, tenía un poder de actuación, expedido por la sociedad, aunque la fiscalía requirió su absolución, respecto a este punto, por no poder acreditar que habría colaborado con el enriquecimiento ilícito de Jaime.

En otro tramo del alegato, la fiscal Baigún señaló como “personeros” de Jaime a Manuel Vázquez -persona de extrema confianza del ex secretario de Transporte-, el fallecido Ignacio Julián Soba Rojo y Silvano del Carmen Mazzucchelli -empleados de Vázquez-, como integrantes de la empresa Delome S.A. -en la que también trabajaba el hijo de Vázquez, Julián, y que no tenía actividad comercial registrada-, a través de la cual habría adquirido un vehículo Toyota Corolla y un automóvil Volkswagen Passat, parte del paquete accionario del diario “La Mañana de Córdoba” y de “Radiodifusora Mediterránea S.A.” que explotaba la frecuencia LV2 en dicha provincia, la cual pertenecía al Grupo Vila-Manzano.

Tras ello, el presidente del Tribunal Oral Federal N°6, Julio Panelo, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 5 de noviembre, a las 9.30, cuando seguirá la exposición del MPF respecto a la adquisición de otros inmuebles, el lujoso yate “Altamar 64” y un avión LearJet, y continuará el alegato con el tramo del peculado que se le imputa a Jaime junto al extitular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y otros funcionarios que habrían recibido sobornos para la adquisición de trenes chatarra provenientes de España y Portugal.