En una nueva audiencia del juicio contra cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía acusados de realizar maniobras en contra de los intereses del Estado y a favor del grupo Greco por un importe estimado en 332 millones de pesos, declaró la ex titular de esa cartera del Poder Ejecutivo, Felisa Miceli. En enero de 2007, la ex titular del palacio de hacienda dispuso la apertura de un sumario administrativo, por el que declaró la nulidad de lo actuado desde septiembre de 2004 y comenzó a ser investigado el desempeño de los acusados. La pesquisa derivó en la denuncia penal contra la ex directora General de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink; el ex subsecretario Legal Osvaldo Siseles; el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García; la ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales Beatriz Pernas, y el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Dirección General de Administración Juan Cayetano Intelisano.

Miceli le relató a los representantes del Ministerio Público Fiscal Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset que al ser puesta en conocimiento del caso y los montos a pagar en bonos de consolidación, como así también de los astreintes impuestos a un secretario, le llamó la atención la insistencia. “No recibí respuestas satisfactorias sobre cómo se había generado tamaña deuda, cómo se procedió judicialmente o cómo se determinaron los montos”, afirmó. En ese sentido, señaló que la funcionaria Alejandra Taddei debió acercarse personalmente a ver el expediente, que no estaba completo en las dependencias pertinentes del Ministerio. Luego, explicó que se realizó una reunión con los organismos de control -de la que participaron la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Procuración del Tesoro, entre otros- de la que surgió que no estaban dadas las condiciones para el pago.

“No sabía con qué nos íbamos a encontrar cuando empezaron las averiguaciones. Después comprendí que pasaron cosas raras, como que no se acreditó la personería a quien se le debía pagar y no hubo compensaciones”, agregó. Con el dictado de la Resolución 33/2007, declaró nulo todo lo actuado “y desde ahí las actuaciones siguieron su curso”. En otro tramo de su exposición, indicó que el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo para ampliar el importe de bonos para la cancelación de pasivos originados en 2006 no detallaba que serían utilizados para pagarle al grupo Greco.

También, declararon los ingenieros Alberto Catáneo y Alfredo Reganzanni. El primero de ellos fue miembro del Tribunal de Tasaciones y el segundo interventor del Grupo entre 1979 y 1980. Reganzanni afirmó que en Mendoza el grupo “se endeudaba con el Banco Los Andes, y eso obedecía a una maniobra para apropiarse del mercado y sostener precios”, y que en el inventario constaba “una cantidad monstruosa de vino acumulado”. En último lugar y a propuesta de la querella de la Oficina Anticorrupción, brindó su testimonio Claudio Castelli, quien como apoderado del Banco Central en la década del '80 litigó contra el conglomerado. En coincidencia con Reganzanni, expuso las maniobras por las que el grupo fue condenado oportunamente: adquirió el Banco Los Andes, y a través de él otorgaba créditos a sus propias empresas que no podían devolver. “Vaciaron Los Andes y provocaron que el Central aporte 1500 millones de dólares”, aseguró. Por eso, ya como miembro del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), dijo que se presentó en la causa cuando el pago fue cuestionado en el Congreso y en los medios. “¿Cómo le iba a pagar si el Estado llevó todas las costas del proceso liquidatorio?”, se preguntó. “Todo lo que reclama el grupo Greco al Estado me parece un disparate”, concluyó.

El Tribunal Oral Federal N°3 dispuso que el debate oral y público se reanude el próximo martes 9 de diciembre, a las 10:00.