La fiscal Stella Maris Scandura y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Gaset solicitaron penas de hasta tres años de prisión para los ex funcionarios del Ministerio de Economía acusados de realizar maniobras en contra de los intereses del Estado y a favor del grupo Greco, por un importe estimado en 332 millones de pesos. El alegato se extendió durante cuatro horas y el delito tipificado por los representantes del MPF fue “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Scandura y Gaset requirieron la condena de tres años para la ex directora General de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, y el ex subsecretario Legal Osvaldo Siseles. En tanto que para el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García y la ex abogada de la mencionada dirección Beatriz Pernas solicitaron dos años y 8 meses. Por otra parte, postularon la absolución de Juan Cayetano Intelisano, quien se desempeñara como subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial.

Roles

Durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, la fiscalía describió los roles desempeñados por los imputados: describieron a Pernas y García como "la cara del Estado en el expediente civil y comercial federal", a Eggink como quien les impartía las directivas y a Siseles como el encargado de dar apariencia de legalidad ante las demás áreas de la cartera de Economía.

En ese sentido, la acusación consideró que a partir de sus intervenciones, el Estado pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones.

El convenio y el inicio de la causa

El Grupo Greco era un conglomerado de empresas relacionadas con la industria vitivinícola. En 1980, luego del vaciamiento y caída del Banco de Los Andes (relacionado con el Grupo), el gobierno de facto dictó una serie de leyes que ordenaron intervenir el conglomerado. Los titulares fueron encarcelados y liberados en 1984, lo que originó un reclamo de su parte hacia el Estado. En agosto de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se firmó un convenio en donde Greco acordó ceder al Estado Nacional un número de empresas a cambio de restituir el paquete accionario de otras sociedades que habían sido intervenidas. El pacto fue aprobado por decreto y homologado luego judicialmente. El convenio nunca se cumplió, por lo que en noviembre de 1991 los representantes del Grupo promovieron una acción judicial que recayó en la justicia civil y comercial federal.

En un primer momento, ambas partes reclamaron “existencias de acreencias a su favor”. Durante los ’90, se formó una comisión asesora para intentar llegar a un acuerdo. Finalmente, el 28 de diciembre de 2001 el juez Francisco de Asís Soto estableció que el Estado y los empresarios debían determinar el monto de indemnización por daños y perjuicios.

La resolución fue apelada por María Eugenia Martínez, en aquel momento apoderada del Ministerio de Economía, quien rechazó los 541 millones de dólares pretendidos por Greco y realizó la liquidación que le correspondería cobrar al Estado: 547 millones de pesos. Para la funcionaria, lo solicitado no tenía “ningún rigor científico y jamás fue considerado por el Estado ni por el juzgado interviniente”. A partir de ese momento, todas las actuaciones fueron en línea a rechazar cada una de las presentaciones del Grupo y con el objetivo de lograr una indemnización favor del Estado, basadas en todos los créditos pagados pagados en subrogación, es decir, en lugar de Greco.

Pero a principios de 2004 fue nombrada Pernas con el consecuente cambio en la estrategia de los abogados del Palacio de Hacienda, que es lo que está bajo análisis en el juicio. Cabe recordar que el expediente que tramita en la justicia civil y comercial federal fue suspendido por la Sala II de ese fuero hasta tanto concluya el proceso penal.

Las penas solicitadas por Scandura son de cumplimiento en suspenso, con la obligación de realizar tareas comunitarias no remuneradas, fijar residencia y someterse al control de patronato. La fiscal encontró como atenuantes el tiempo que insumió la causa penal (más de ocho años) y que los imputados no hayan obstaculizado su desarrollo. La semana pasada, la querellante Oficina Anticorrupción había pedido condenas de cuatro años de prisión para los imputados. El debate se reanudará el 24 de febrero, cuando aleguen las defensas.