El juicio al que cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía llegaron acusados de beneficiar al Grupo Greco en perjuicio de los intereses del Estado nacional por 332 millones de pesos culminó con la etapa de indagatorias, y comenzó hoy con las declaraciones testimoniales.

Hace dos semanas había sido el turno del ex subsecretario Legal de la cartera de hacienda Osvaldo Siseles y de la ex directora General de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink. En tanto que en la audiencia del 9 de octubre, declaró el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados Daniel García, pero se negó a contestar preguntas del Tribunal Oral Federal N°3 y de las partes. La ex abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales Beatriz Pernas, también acusada, no brindó testimonio. En representación del Ministerio Público Fiscal actúan Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset. La Oficina Anticorrupción es querellante en el juicio oral y público que se lleva a cabo en los Tribunales de Comodoro Py, en la Capital Federal.

En la jornada de hoy, se presentó en calidad de testigo Fernando Calvo, quien integraba la comisión asesora conformada en 1998 a raíz de la ejecución del convenio suscrito en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Calvo expresó que el acuerdo “era de cumplimiento imposible”, según se dejó constancia en un informe elaborado por el equipo y que había sido presentado en la justicia. Señaló además, que la sentencia del juez Asís Soto “no causaba gravamen al Estado”. Tras Calvo, estaba previsto que hiciera lo propio Eduardo Peró, quien se desempeñó como director de Control y Gestión Judicial del ministerio y en la mencionada comisión.

Para la audiencia del jueves próximo se espera que declaren las testigos María Eugenia Martínez -que como apoderada del Ministerio de Economía, rechazó la deuda pretendida por Greco y realizó la liquidación que le correspondería cobrar al Estado: 547 millones de pesos- y Alejandra Taddei , la funcionaria que realizó la denuncia.

En el debate se busca determinar si con la intervención de los imputados cambió la estrategia del Estado, que hasta entonces  habían sido rechazar cada una de las presentaciones del Grupo y con el objetivo de lograr una indemnización favorable.