El juez de instrucción, Ricardo Farías, había declarado prescripta la causa penal contra Prati, por la venta fraudulenta del predio de “La Rural”. La decisión se relacionó con la calificación de los hechos, que para el juez encuadraban bajo figuras penales que prevén condenas menores a los seis años de prisión.

El fiscal de primera instancia había apelado esa decisión del juez, en rechazo de la prescripción, no sólo porque consideró que hubo demasiados tiempos muertos durante el proceso, sino también porque evaluó que los hechos imputados a Prati encuadraban bajo la figura de peculado, cuya escala penal llega hasta los diez años de prisión. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y avaló la prescripción dispuesta por Farías.

El propio fiscal de primera instancia había advertido sobre los riesgos de las demoras en diversos escritos. Entre otras cosas sostuvo: “Advierto nuevamente con la misma indignación que se sigue esquivando el debido trámite de este proceso. No se resuelve la pretensión del Ministerio Público Fiscal, a más de una década de formulados y probados los cargos en el lejano mes de mayo de 2000. Es desesperante comprobar que todo el trabajo y esfuerzo de la fiscalía que permitió, al cabo de una batalla procesal de más de 5 años, que los jueces ordenaran la declaración indagatoria de los imputados en 2004 y 2005, sea conducido una y otra vez a un punto muerto, convertido en una completa entelequia en razón de periódicas reediciones de cuestiones incidentales y el desmembramiento o lisa y llana omisión de sus diversos tramos”.

“Lo digo por última vez, esto ocurrió ya dos en dos oportunidades en esta causa. En la primera quedó al borde de la prescripción la acción penal en relación al ex intendente Carlos Grosso; por la segunda ha ocurrido lo mismo con todos los reproches que son materia de discusión en este legajo. En los dos casos debido al trámite mismo de los incidentes oficiosos de prescripción”, enfatizó.

Por todo esto, Abraldes consideró que la apelación interpuesta por el fiscal de primera instancia fue rechazada erróneamente y advirtió que en la causa “se investigan gravísimos hechos de corrupción”. En consecuencia, solicitó a Casación que anule el fallo y le pida a la Cámara que vuelva a expedirse.