Para el jueves de esta semana, se prevé que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna declare como testigo en una nueva audiencia del juicio al que cinco ex funcionarios de esa cartera llegaron acusados de beneficiar al Grupo Greco en perjuicio de los intereses del Estado nacional por 332 millones de pesos. Además, está previsto que hagan lo propio otras cuatro personas que se desempeñaron en algunas de las áreas a cargo de los imputados. Ante el Tribunal Oral Federal N°3 actúan en representación del Ministerio Público Fiscal Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset, en tanto que la Oficina Anticorrupción lo hace como querellante.

El ex titular del Palacio de Hacienda entre 2002 y 2005 fue propuesto como testigo por la Fiscalía General N° 2 para tratar de establecer el conocimiento que tenía del juicio y si por la envergadura -ya que el monto reclamado representaba a la época la totalidad del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, por ejemplo- había dado instrucciones sobre el proceder de los agentes.

Cambio de estrategia

Hasta 2004, todas las actuaciones del Ministerio de Economía habían sido en la linea de rechazar cada una de las presentaciones del Grupo, con el objetivo de lograr una indemnización a favor del Estado nacional. Pero a principios de 2004, fue nombrada una nueva apoderada, hoy imputada: Beatriz Pernas, abogada de la Dirección de Asuntos Judiciales. A lo largo de ese año, se realizaron audiencias conciliatorias fijadas por el juez Asís Soto, de las que participaron la funcionaria y los abogados de los empresarios; el intercambio de opiniones no fue volcado en ninguna de las actas realizadas y a partir de ese momento se habría cambiado la estrategia en el expediente, según la acusación del Ministerio Público Fiscal.

Pernas se había negado a declarar en la etapa de indagatorias del debate oral y público, aunque finalmente lo hizo el jueves pasado. Al ser interrogada por las partes acerca de su intervención, fue muy escueta y dijo no recordar muchas de sus actuaciones, e incluso fue esquiva cuando se le hizo conocer el contenido de varias actas y escritos. Lo que sí dejo en claro fue que sus decisiones las consultaba con sus superiores: el entonces director de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados, Alberto Daniel García, y la ex directora General de Asuntos Jurídicos, Yolanda Mirta Eggink, quienes también están imputados junto a los ex subsecretarios de Administración y Normalización Patrimonial, Juan Cayetano Intelisano y de Legal, Osvaldo Siseles.