El debate oral contra cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía, acusados de “defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública” y en el que se busca dilucidar si beneficiaron al Grupo Greco por 332 millones de pesos, entró hoy en la etapa de indagatorias. Tras la lectura del requerimiento fiscal y del auto de elevación a juicio en la audiencia del martes, hoy fue el turno para prestar indagatoria del ex subsecretario Legal de la cartera de hacienda, Osvaldo Siseles, y de la ex directora General de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink.
Tras una extensa exposición, Siseles fue indagado por los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset y por los abogados de la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante. El imputado dijo no tener conocimiento del expediente hasta que le acercaron para su firma tres notas que fueron remitidas a la Procuración del Tesoro de la Nación desde dependencias de las que era superior jerárquico. Sin embargo, reconoció que por el monto reclamado por el conglomerado de empresas relacionado con la industria vitivinícola se trataba de un caso “excepcional”.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Eggink, quien describió la composición de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. "En ningún momento, hubo cambio de estrategia", sostuvo la acusada. Las preguntas de los representantes del Ministerio Público y de la querella se refirieron al conocimiento que tenía del expediente por la liquidación reclamada por las partes, contenido que dijo ignorar porque no intervenía en las audiencias. En ese sentido, se le mostró una serie de notas en las que reconoció su firma, pero alegó que el contenido era elaborado por otros profesionales.
Cabe recordar que en el debate se busca determinar si el cambio de posición ostentado por el Estado varió con la intervención de los imputados, ya que pasó de reclamar 500 millones de pesos y alegar que no tenía ningún tipo de deuda, a consentir una decisión que lo obligaba a desembolsar 332 millones.
El debate oral y público ante el Tribunal Oral Federal N°3 se reanudará la próxima semana. Para esa audiencia se prevé que continúen las indagatorias de los otros acusados: el ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados, Daniel García; la entonces abogada de esa repartición, Beatriz Pernas, y el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial de la Dirección General de Administración del Ministerio, Juan Cayetano Intelisano.