29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La ex funcionaria menemista está acusada de “peculado”
Juicio a María Julia: “Fue un proceso muy particular y que se hizo en un periodo muy corto”
Uno de los abogados de Telefónica de España explicó que durante la privatización de ENTEL, no se confeccionaban actas sobre cuáles bienes era transferibles y cuáles no. Durante esa etapa, se habría entregado de manera irregular a Telecom un predio en General Pacheco que pertenecía al Estado.

El Tribunal Oral Federal N°6, conformado en este caso por José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo, realizó hoy la última audiencia antes de la feria judicial en la causa que se le sigue a María Julia Alsogaray por el delito de “peculado”. También, están acusados el gerente de Contralor y Auditoría de la ex ENTel Ricardo Jaime Fox y el ex abogado de empresa pública de telefonía Gustavo Albano Abreu. Cinco testigos fueron interrogados por el Ministerio Público (representado por Sabrina Namer), la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción y las defensas.

En el expediente, se investigan las irregularidades ocurridas durante la privatización de ENTel, que terminaron con el traspaso de 241 hectáreas de un terreno que pertenecía a Radio Nacional a la empresa "Telecom", en 1990. El peculado, que consiste en "sustraer caudales o efectos que estuvieran bajo custodia del funcionario público”, tiene una pena de hasta diez años de prisión.

Al inicio del debate, la defensora oficial Pamela Bisserier desistió de una serie de testigos propuestos, entre los que se encontraba uno de los abogados del estudio M&M Bomchil, quien participó de las negociaciones de la ex ENTel en liquidación y los adjudicatarios de las licencias. También, desistió del testimonio del abogado Mariano Gutierrez O`Farell.

Juan Carlos Masjoan fue presidente de Telecom entre febrero de 1992 y septiembre de 2002. Cuando asumió, el traspaso de los terrenos ya estaba firmado, aunque finalmente se efectivizó en septiembre de 1994. Ante las preguntas de la querella, el testigo respondió en varias ocasiones "que sucedieron hace más de 22 años” y que no puede tener “muchas precisiones”.

Luego, aclaró que no sabía que dentro del terreno de Pacheco estaba Radio Nacional aunque reconoció que como activo era “poco importante”, por lo cual no le había prestado demasiada atención. Dijo también que todo lo que estaba allí era parte de un servicio “antiguo y obsoleto” y que para esa época aparecieron los teléfonos satelitales. “Manejé una compañía enorme, con 20 mil empleados y con un presupuesto de 10 mil millones por año, el edificio de Telecom en Puerto Madero sí fue una inversión importante”, aclaró Masjoan.

Durante tres horas declaró el abogado Fernando Borio, que fue socio de uno de los estudios jurídicos que asesoraba a Telefónica de España. Borio contestó primero preguntas de la defensa de Alsogaray, orientadas a delinear el rol del por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi, en la confección del contrato de transferencia de los bienes, entre los que estaba incluido el terreno cuestionado. “No había actas de las negociaciones sobre que bienes eran transferibles y cuáles no”, dijo el abogado y luego especificó que el proceso de privatización y todo lo que lo rodeó resultó muy “particular”. “Fue una transacción muy complicada y se realizó en un período muy corto”, puntualizó.

 Los asesores jurídicos externos

Luego de un cuarto intermedio, declararon dos de los abogados que asesoraban de forma externa al Estado durante la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones. El primero de ellos fue Mariano Grondona (hijo) quién detalló las falencias que había en los inventarios de la compañía. “Se aclaró en el contrato que había documentos desactualizados e incompletos”, dijo, a la vez que agregó que “no se daba fe de los inventarios”. Agregó que desconocía si se realizaron modificaciones a los anexos de transferencia.

“Consultaba con Alsogaray, ella era la autoridad”, sostuvo Grondona, aunque aclaró que percibía una distanciamiento entre la ex funcionaria y el ministerio que comandaba Dromi. En esa misma línea, testimonió Héctor Mairal, socio de Grondona y parte del equipo que dio asesoramiento. Le restó importancia a los inmuebles y contó que se transfería “la operación del negocio telefónico”.

“La relación entre Obras Públicas y ENTel no era fluida”, contó Mairal, aunque destacó que el contrato de transferencia lo firmó Alsogaray en su despacho. También, aclaró que Fox era uno de los principales interlocutores y que fueron “abiertos” con los oferentes.