Este martes el Tribunal Oral Federal N°6, conformado en este caso por José Martínez Sobrino, Patricia Mallo y Juan Giudice Bravo, comenzó el juicio contra María Julia Alsogaray por el delito de "peculado". Los jueces establecieron que durante la próxima audiencia se realizará una inspección ocular al predio de 241 hectáreas que habría sido ilegalmente transferido a Telecom. En la causa, están acusados de este delito, además de la ex polifuncionaria, Ricardo Jaime Fox (gerente de Contralor y Auditoría de la ex ENTel) y Gustavo Albano Abreu. El Ministerio Público está representado por la fiscal Sabrina Namer.

Luego de la lectura de los requerimientos y del auto de elevación a juicio, la querella de la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó plantear una serie de cuestiones preliminares, entre las que se encuentra la inspección al predio en Pacheco. Solicitaron, además, que se incorpore un nuevo testigo, que fue perito oficial en uno de los expedientes contenciosos administrativos y que es experto en telecomunicaciones, algo que el Tribunal también aceptó.

La defensa de Alsogaray acompañó los pedidos de la OA: "lo que más le interesa a María Julia es la búsqueda de la verdad". Por su parte, la defensa de Fox aclaró que, con respecto al pedido de prescripción por plazo razonable que presentaron antes de iniciado el debate, no tuvo por objeto "dilatar de ninguna manera el inicio del juicio".

En el expediente, se investigaron las irregularidades ocurridas durante la privatización de la ex empresa telefónica estatal, que terminaron con el traspaso de 241 hectáreas de un terreno que pertenecía a Radio Nacional a la empresa "Telecom" en 1990. En el juicio, habrá alrededor de 50 testigos. El peculado, que consiste en "sustraer caudales o efectos" que estuvieran bajo custodia del funcionario público, tiene una pena de hasta diez años de prisión.

El requerimiento de elevación a juicio fue redactado por el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, quién fue fiscal entre 1993 y 2004 y luego juez Federal hasta 2007, cuando aceptó el ofrecimiento de Mauricio Macri para formar parte de su gabinete.

La causa

La denuncia fue efectuada por al actual diputado Manuel Garrido el 29 de agosto de 2000, cuando era director del Área de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción (OA). Dicho organismo será querellante en el debate. Durante la instrucción, se pudo comprobar que el inmueble, propiedad del Estado y ubicado en la Ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre, en Pacheco, fue transferido a una empresa privada de manera irregular.

El Estado Nacional, a través del decreto 731/89 estableció cómo se instrumentaría la privatización de la ex ENTel. La red telefónica debía dividirse en dos áreas en todo el territorio nacional, y se le otorgaba a dos sociedades anónimas la licencia para la prestación del servicio de telefonía.

A través de otro decreto, se crearon "La Sociedad Licenciataria Norte" luego Telecom S.A) y "La Sociedad Licenciataria Sur" (Telefónica de Argentina), que tendrían la capacidad de explotar el servicio telefónico básico. Asimismo, por medio de otro decreto se crearon "La Sociedad Prestataria de Servicios en Competencia" (SSEC), luego Startel S.A., y La Sociedad Prestataria del Servicio Internacional (SPSI), luego TELINTAR S,A. Las acciones de ambas pertenecerían en partes iguales a la Sociedad Licenciataria Norte y Sociedad Licenciataria Sur.

En el decreto 62/90 se llamó a Concurso Público Internacional para la privatización del servicio público de telecomunicaciones y se aprobó el pliego de bases y condiciones que regiría para ello. En ese pliego se establecía la transferencia a SSEC Y SPSI de bienes y activos de ENtel que estuvieran afectados a la prestación de los servicios a transferir y que se incluirían en un inventario a confeccionar por la empresa estatal e incluido en un anexo del contrato de transferencia.

El 7 de noviembre de 1990, después de la adjudicación de acciones de la Licenciataria Norte y un día antes de la firma de los contratos de transferencia, Fox, en representación de ENTel, firmó con quienes serían representantes de las licenciatarias un acta modificatoria de ese anexo. Se consignaba como bien no transferible de la empresa pública el terreno de Pacheco y la modificación "posibilitó la transferencia a los adjudicatarios de un bien que no integraba el activo transferible al aprobarse el pliego de licitación ni al formularse la oferta". La transferencia se efectivizó el 6 de septiembre de 1994, cuando Abreu, en representación de ENTel, firmó la escritura a favor de Startel SA y Telecom Argentina S.A.

Para el fiscal de instrucción, Fox firmó el acta modificatoria en representación del ente público "sin tener habilitación o poder" y "allanando el camino para la sustracción" de aquél terreno. Fox, que era desde febrero de 1990 asesor de la Intervención de ENTel y luego de la transferencia a las licenciatarias, fue gerente de Auditoría y Control de "ENTel Residual", "carecía de facultades para obligar al Estado Nacional" y llevó a cabo un acto que implicaba "la sustracción de un bien del patrimonio del Estado".

En base a la prueba recolectada en el expediente, Montenegro afirmó que Alsogaray conocía el acta modificatoria y la validó con la firma del contrato de transferencia. La ex funcionaria "conocía la incompetencia de Fox para firmar el documento, conocía cuales eran los únicos bienes que se transferirían y cuales pasaría a 'ENTel Residual'", y a pesar de ello "validó los actos con su firma y perjudicó los interesas del Estado".

Abreu, quien también responderá por el delito de peculado, "conocía la ilegalidad del Acta Modificatoria" y, sin embargo, "firmó en representación del Estado Nacional" el 6 de septiembre de 1994 una escritura a través de la que se separó el terreno de las 241 hectáreas del dominio de la Administración Nacional.