El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani y el fiscal coadyuvante Sergio Mola contestaron ayer los pedidos de recusación efectuados por las defensas de la imputada y los imputados en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez. Lo hicieron ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu -también recusado-, que anoche rechazó todos los planteos mediante una resolución comunicada a las partes por el sistema de gestión electrónico del Poder Judicial de la Nación. Tras el abordaje de esa incidencia en la audiencia de ayer, la fiscalía continuó con la sexta parte de su alegato, que se centró en las movilizaciones de obras, los adelantos financieros y la consignación de las obras en la Ley de Presupuesto nacional.

Las recusaciones

En la audiencia del lunes pasado, el defensor de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, planteó la recusación del fiscal Luciani y del presidente del TOF Giménez Uriburu, a la que adhirieron los abogados Juan Martín Villanueva -defensor de Lázaro Báez- y Nicolás Guzmán y Miguel Arce -defensores de Carlos Santiago Kirchner-. También adhirieron al pedido los letrados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro -representantes de Julio De Vido- y Federico Paruolo -por Nelsón Periotti-, quienes además pidieron el apartamiento del fiscal Mola. En aquella oportunidad, los jueces Gorini y Basso resolvieron tramitar los planteos y el representante del MPF pidió responderlos, en la audiencia, de manera oral “para darle máxima transparencia al trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y al juicio oral”.

Así, en la audiencia prevista en el artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación, el abogado Beraldi también pidió el apartamiento del juez Gorini. El resto de los defensores expuso y fundamentó los pedidos de apartamiento de la fiscalía y del camarista Giménez Uriburu.

Luego, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el rechazo de los planteos de las defensas, por considerar que no se daban los supuestos previstos en el ordenamiento procesal para ser recusados. En su respuesta, el fiscal Luciani señaló que los defensores de De Vido fueron “un poquito más audaces, porque, en su escrito -no lo dijeron acá- aseguraron que yo conformaría el brazo ejecutor de una supuesta persecución política” y que también mencionaron que “no era el fiscal natural de este caso”.

Mola: "Las empresas de Lázaro Báez presentaban las mismas planillas de equipos para muchas licitaciones y para la misma época. En esos casos, la movilización de equipo abonada en las distintas licitaciones, por los mismos equipos, carece de justificación".

Explicó lo que establece la ley respecto de las recusaciones: “Según la ley habrá causal de recusación del juez o el fiscal cuando exista una relación de amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los imputados, los ofendidos damnificados o civilmente demandados. Luciani destacó que “la razón invocada por las defensas no se encuentra comprendida dentro de ninguno de los supuestos de la ley. Porque la supuesta ‘amistad intima’ invocada no se aplica a la relación entre fiscales, jueces y defensores. La ley es clara, restrictiva, no admite excepciones, ni otras interpretaciones”. En tal sentido sostuvo que “los fiscales debemos ajustar nuestra actuación de la ley, pero no estamos sujetos a la exigencia de la imparcialidad. Los fiscales somos la parte acusadora del proceso”. Consideró que ello era suficiente para que se rechacen “in limine todos los planteos efectuados por las defensas, porque no se dan ninguno de los supuestos contemplados en la ley para recusar a un representante del Ministerio Público Fiscal”.

“Dado que se han realizado elucubraciones mal intencionadas, tendientes a poner en duda, en tela de juicio mi objetividad como representante de los intereses de la sociedad, me veo en la obligación de despejar toda duda al respecto”, puntualizó. “Quiero que sepan que esta es la primera vez que me recusan en toda mi trayectoria judicial en un proceso penal. Nunca antes me habían recusado”, dijo, y agregó: “Quiero ser categórico y despejar cualquier duda sobre mi actuación, mi independencia de cualquier poder político, fáctico o económico: no tengo, ni tuve militancia política, ni identificación ideológica”.

“Soy un fiscal de la Nación que actúa con objetividad y libertad (…), respeto y honro la función que cumplo, y la hago sin condicionamientos y con dignidad, no permito que nadie se entrometa en las decisiones que de acuerdo al derecho tomo, porque tengo un mandato público”, señaló Luciani, y recalcó que “la mayor garantía para los imputados, y para la sociedad, es saber que estos fiscales sólo analizamos hechos y pruebas, y el camino para arribar a la verdad objetiva de los hechos es transitar todas las fases del proceso penal, dentro del la ley y en el marco del estado de derecho”.

A su turno, el fiscal Mola coincidió con su colega y sostuvo que no tenía “ningún condicionamiento de nada”. “Yo estoy acá porque puedo mirar a la cara a todo el mundo, y porque no hay nadie que me pueda decir lo que tengo que hacer”. Agregó que “no hay nada oscuro en lo que hago, no formo parte de ninguna conspiración, no formo parte de ninguna persecución política de ninguna persona. Si hubiera visto alguna de estas cuestiones, las hubiera denunciado”.

Puntualizó que “la verdadera intención detrás de las recusaciones es la de querer callarnos, la de querer distraer nuestra atención, y la atención de toda la gente, de donde tiene que estar puesta: en el trabajo, en nuestro alegato. Sacarnos tiempo, desconcentrarnos de lo que tenemos que hacer”. Para el fiscal, “el único temor fundado que hay acá es al trabajo serio y objetivo que se hizo, y que estamos exhibiendo de cara a toda la sociedad, hablando de pruebas, hablando del análisis de todas las cosas”.

Finalizó su exposición señalando que “no soy operador judicial de nadie, de nada. Soy un fiscal de la nación y estoy cumpliendo con mi obligación de representar los intereses de la sociedad. Es agraviante que se refieran a mi persona y a la del doctor Luciani de esta manera”.

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Movilización de obras y anticipos financieros.

Luego de un cuarto intermedio, el debate se reanudó y el fiscal Mola inició la sexta parte del alegato, centrado en las movilizaciones de obras y los anticipos financieros abonados a las empresas de Lázaro Báez.

La fiscalía indicó que se valieron de los anticipos financieros, que “eran cobrados, con libre disponibilidad por parte del receptor. No se requería rendición de cuenta alguna sobre qué se hacía con los fondos que el Estado anticipaba a estas empresas, para financiar la obra”. Entendió que ello era “inadmisible, porque eran fondos millonarios que se entregaban a estas empresas” y puntualizó que los anticipos “variaban entre el 10% del monto de los contratos al 30%, pero que en la mayoría de los casos eran del 20% del monto de los contratos”.

Luego se refirió a la movilización de obra, que representaba “un 5% del monto de todos los contratos” y tenía como objeto solventar “la movilización de los equipos necesarios para la ejecución de las obras, la construcción del obrador y de los campamentos de la empresa contratista” con el fin de “comenzar la ejecución de las obras, dentro de los plazos previstos”. Sin embargo, la fiscalía señaló que, a pesar de lo establecido en los pliegos, “este ítem se certificaba sin que la movilización de obra se haya realizado” y “en tiempo récord, a partir de la firma del contrato”.

“Las empresas de Lázaro Báez presentaban las mismas planillas de equipos para muchas licitaciones y para la misma época. En esos casos, la movilización de equipo abonada en las distintas licitaciones, por los mismos equipos, carece de justificación. (…) Si yo presento un mismo equipo para cinco licitaciones, al mismo tiempo, de manera simultánea, y cobro la movilización de esos equipos para una obra, no puedo, al mismo tiempo, estar cobrando, la movilización de mismos equipos para obras distintas”, destacó.

Sobre el análisis de diversas licitaciones, indicó también que “mientras la empresa sistemáticamente incumplía los plazos de estas obras, o solicitaba ampliaciones de plazo por falta de combustible, se le seguían otorgando nuevas obras y se certificaban las movilizaciones de obra” con “inusitada rapidez” cuando había "imposibilidades materiales de ejecutar dichas tareas en tan corto plazo. Añadió que eso demostraba que “lo único que importaba a la Administración era el beneficio permanente que se le otorgaba a las empresas de Lázaro Báez, porque en realidad se estaba beneficiando a los entonces presidentes de la Nación, a pesar de que los trabajos estos eran inexistentes”.

“Mientras la empresa sistemáticamente incumplía los plazos de estas obras, o solicitaba ampliaciones de plazo por falta de combustible, se le seguían otorgando nuevas obras y se certificaban las movilizaciones de obra” con “inusitada rapidez”.

En otro apartado de su exposición, el fiscal Mola abordó los anticipos financieros otorgados a las firmas de Báez, justificados en “la necesidad de contar con las obras en los tiempos previstos”. A cambio del anticipo financiero, el contratista debía reducir los tiempos de ejecución y quedaba comprometido “a aplicar los fondos comprometidos a cuestiones de la obra”. El anticipo luego debía reembolsarse al Estado, a medida que la obra iba avanzando, pero explicó que en el caso ello no ocurría y que tampoco eran controlados por las autoridades. Destacó además que la asignación de estos fondos era excepcional, y que se otorgaron discrecionalmente a empresas del Grupo Báez, lo que implicó una desigualdad respecto a otros empresarios del rubro.

Asignación de recursos del presupuesto nacional

Tras un nuevo cuarto intermedio, la audiencia continuó con la exposición del fiscal Luciani, quien rebatió dos argumentos de la defensa de la vicepresidenta respecto a la cuestión presupuestaria. Recordó que, en una suerte de “deslinde de responsabilidades”, se sostuvo que “todo lo atinente a obra pública es resorte del Poder Legislativo” y que era “absurdo pretender que la Presidenta y sus ministros hayan podido conformar una asociación ilícita” y que, si hubo una asociación ilícita, debía extenderse al Poder Legislativo, que es el que le fijó los presupuestos.

Tras analizar las distintas Leyes de Presupuesto, la intervención del Congreso Nacional y la Jefatura de Gabinete de ministros y el Poder Ejecutivo, la fiscalía consideró que, entre los años 2004-2015, los controles presupuestarios “estuvieron lejos del deber ser como manda la ley”. Así, puntualizó que se subestimaron los recursos verdaderamente disponibles, se omitió la información sobre obras públicas de Santa Cruz ejecutadas por el Grupo Báez; se utilizaron excesivamente decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas y resoluciones ministeriales; y se aprobaron cuentas de inversión sin el debido análisis o discusiones parlamentarias.

Luciani entendió que la vicepresidenta “brindó escasa y mentirosa información que remitió al Congreso sobre las obras que ganó el Grupo Báez”. Agregó que “la omisión fue una decisión, fueron 17 obras omitidas en cada presupuesto remitido al Congreso, año tras años, y crearon vías alternativas de financiamiento”.

Luciani consideró que los momentos de mayor discrecionalidad de fondos coincidieron con los periodos en los que “Báez más obra pública manejaba con fondos del Estado nacional”. Así, en el año 2011, el Grupo Báez ejecutaba simultáneamente 32 obras por 5.300 millones de pesos, de las cuales 22 habían superado el plazo original, pero se les otorgaron ampliaciones de plazos y modificaciones de obras. Además, consideró que, respecto a las obras asignadas a Báez, hubo “opacidad sobre la información que se debía brindar sobre los presupuestos asignados”.

En relación a la información que el Poder Ejecutivo brindaba al Congreso sobre las obras adjudicadas a Báez, el fiscal entendió que la vicepresidenta “brindó escasa y mentirosa información que remitió al Congreso sobre las obras que ganó el Grupo Báez”. Agregó que “la omisión fue una decisión, fueron 17 obras omitidas en cada presupuesto remitido al Congreso, año tras años, y crearon vías alternativas de financiamiento”, por las cuales se asignaron a Báez 4.000 millones de pesos, gracias al “sistema discrecional manejado por los jefes de la asociación ilícita”, sobre el que alertó la Auditoría General de la Nación (AGN).

La fiscalía también repasó las 34 obras asignadas a Báez, que sí se informaron al Congreso, mediante planillas anexas a la Ley de Presupuesto, pero que presentaban irregularidades en la información consignada: importes totales a devengar que no coincidían con los montos contratados y ejecutados por las empresas, y datos erróneos aportados al Congreso, respecto a la numeración de las rutas, tramos y secciones donde se harían las obras. Para Luciani, esto “fue diseñado por los jefes de la asociación ilícita, la razón por la que se decidió mentir fue para ocultar la defraudación generada al Estado” y agregó que “la presidenta de la Nación, el ministro de Planificación, el secretario de Obras Públicas y demás funcionarios comprometieron fondos nacionales a favor de Lázaro Báez por más de 2.000 millones de pesos sin darle aviso al Congreso nacional”.

Para concluir la jornada, la fiscalía destacó que las obras informadas al Poder Legislativo fueron subvaluadas y ejecutadas por montos superiores a los presupuestados y aprobados. El tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el martes a las 8.30, cuando los fiscales continuarán con la séptima parte de su alegato.