El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola continuaron hoy con la cuarta parte de su alegato,ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez.

Previo a la reanudación formal del debate, el juez Gorini informó que el tribunal dispuso la sustanciación del pedido de recusación del fiscal Luciani y del juez Giménez Uriburu presentado por el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández. Los defensores Maximiliano Rusconi, Federico Paruolo y Juan Martín Villanueva adelantaron que también pedirían el apartamiento del fiscal y el presidente del Tribunal, mientras que sus colegas Mariano Fragueiro Frías y Miguel Ángel Arce Aggeo requirieron que se aplicara la Ley 27.439 del Régimen de Subrogancias.

Ante ello, el fiscal Luciani solicitó responder los planteos de las defensas de manera oral “para darle máxima transparencia al trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y al juicio oral”.

Primera semana del alegato fiscal

El lunes pasado, en la primera parte de su alegato, la fiscalía se refirió a la instauración, entre los años 2003 y 2015, “en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”, que tuvo por objetivo extraer fondos estatales a través de la adjudicación, mediante el direccionamiento de obras públicas viales en favor del empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo y socio comercial del matrimonio compuesto por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con el aporte de “funcionarios de confianza” que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar el éxito de las maniobras.

"Los convenios fueron firmados cuando supuestamente se habían realizado las canteras. Así, sin ningún tipo de control, a ciegas, sin corroborar nada, con la plata de todos los ciudadanos, se pagaron millonarios montos de dinero que quedaron en los bolsillos de Lázaro Báez”, puntualizó el fiscal Luciani sobre obras de remediación de canteras.

Luego, Luciani y Mola profundizaron en la detección de las irregularidades en la obra pública, sobre cómo Báez devino en empresario de la construcción vial, su relación con el matrimonio Kirchner y sobre los principios básicos que deben observarse en materia de contratación de obra pública, para “prevenir la corrupción” y la falta de controles que permitieron el direccionamiento de las licitaciones. Durante dos jornadas analizaron cronológicamente cada uno de los 51 contratos de obra pública adjudicados a las empresas del Grupo Báez.

Asimismo, exhibieron distintas conversaciones entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, y otros funcionarios, de los que surge la puesta en marcha en el año 2015 del plan que denominaron “limpiar todo” -que permitió que Báez cobrará por las obras abandonadas- y otros mensajes con Máximo Kirchner, de los cuales surgían que “las licitaciones se arreglaban con anterioridad” para que resultaran adjudicadas empresas del Grupo Báez, y cómo Kirchner era el encargado de definir la ubicación de las obras a ejecutarse.

Finalmente, se refirieron a las firmas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac, que “se prestaron a la maniobra para simular un escenario de competencia que no existía” y así lograr que se adjudicaran las obras a las firmas de Lázaro Báez.

Remediación de canteras

El fiscal Luciani inició esta mañana la cuarta parte del alegato fiscal centrado en quince obras de remediación de canteras, adjudicadas directamente o contempladas dentro de pedidos de modificaciones de obras -entre junio de 2006 y mayo de 2008- a la empresa Austral Construcciones, a las que se refirió como “la caja clandestina de Lázaro Báez que nunca se controló”.

“Atrás de estas aparentes modificaciones o licitaciones, en rigor de verdad, se escondieron actos graves de corrupción. Las irregularidades aparecían en los expedientes administrativos, a la vista de todos los funcionarios”, consideró la fiscalía y agregó que estas obras “no fueron más que otra excusa para extraer ilegítimamente fondos del Tesoro Nacional hacia Lázaro Báez”.

“Las primeras remediaciones de canteras fueron contratadas como una prueba piloto, mediante modificaciones de obra ficticias, cuando la obra ya se había adjudicado a Lázaro Báez. Fueron contrataciones directas disfrazadas de modificaciones; nada tienen que ver con la obra vial principal”, señaló Luciani. Explicó que no hubo posibilidad de que otras empresas ofertaran por la realización de estos millonarios trabajos, “porque [las obras] fueron tramitadas de manera opaca, oscura, sin la debida publicidad y transparencia que establece la ley. Se hicieron sin difusión, con cepos que impedían la participación de las empresas y sin tiempo suficiente para que las empresas se enteraran y pudieran participar. Además, porque no fueron denunciadas en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública”, a pesar de la obligación de hacerlo, por tener que presentar el certificado de adjudicación.

“Las millonarias sumas comprometidas y las contrataciones se tuvieron que mantener ocultas de las restantes empresas constructoras, del Registro Nacional de Constructores, de los organismos de control. Y esto constituye una prueba clara de la mala fe con la que obraron y muestra connivencia y los fines espurios de la Administración”.

El representante del Ministerio Público Fiscal también se preguntó cómo surgieron las obras de remediación de canteras, que eran financiadas con fondos nacionales: supuestamente por un pedido expreso del Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz, aunque luego señaló que ello “se inició en la Vialidad Provincial, antes de que el Poder Legislativo formulara la solicitud”, un mes antes de la decisión legislativa.

Luego, analizó las distintas obras de remediación de canteras, las cuales consideró “una farsa, un sistema simulado” similar al de las rutas. Tras considerar los distintos pliegos de obras, el fiscal concluyó que se presupuestaron obras y equipos, y que se estimaron plazos de trabajo que eran “irrealizables” -en esos tiempos y con esa maquinaria-, pero todos los cuales fueron certificados y abonados, en su mayoría, antes de que se concluyeran las obras pautadas.

“Estas licitaciones aparentes fueron parte del plan tendiente a extraer ilegalmente fondos del erario. En este caso fue peor porque ni siquiera se realizaron las obras contratadas. Sin embargo, se pagaron millonarios montos de dinero a las empresas de Lázaro Báez. Los convenios fueron firmados cuando supuestamente se habían realizado las canteras. Así, sin ningún tipo de control, a ciegas, sin corroborar nada, con la plata de todos los ciudadanos, se pagaron millonarios montos de dinero que quedaron en los bolsillos de Lázaro Báez”, puntualizó el fiscal.

En tal sentido, agregó que “las millonarias sumas comprometidas y las contrataciones se tuvieron que mantener ocultas de las restantes empresas constructoras, del Registro Nacional de Constructores, de los organismos de control. Y esto constituye una prueba clara de la mala fe con la que obraron y muestra connivencia y los fines espurios de la Administración”.

Irregularidades administrativas para direccionar las licitaciones

Tras un breve cuarto intermedio, tomó la palabra el fiscal Sergio Mola, quien detalló "las irregularidades y actos abusivos vistos en cada acto administrativo", que evidenciaron que “todo fue un ropaje jurídico para actos ilegales”.

Mola se refirió a las “resoluciones ad referéndum”, suscriptas por los distintos presidentes de la Administración General de Vialidad Provincial, que permitieron el direccionamiento de las obras hacia las empresas de Báez, las cuales “recibían fondos sin pasar por los órganos de controles y esto permitió que se designen partidas presupuestarias millonarias”.

El fiscal también explicó cómo se conformaban las “comisiones de preadjudicación” y los plazos de publicidad de las licitaciones. En once casos “la comisión se conformó con posterioridad a conocerse los oferentes y las ofertas” y, en otros cuatro, “se modificó la integración de la comisión evaluadora” para asegurar el direccionamiento de las adjudicaciones.

Luego, el fiscal Luciani retomó el alegato, centrado en el análisis de los pliegos de licitación y la capacidad de ejecución de las obras que tenía Austral Construcciones, que fue simulada ante el Registro Nacional de Constructores. “Lázaro Báez le mintió al Registro. Falseó declaraciones juradas. Pues las obras contratadas no se informaban, o no se informaban a tiempo para que no se restara su importe de capacidad. Pero sí se informaban para incrementarla”, recalcó la fiscalía.

En tal sentido, indicó: “Báez no presentaba su certificado actualizado y nunca se le rescindió nada. Era un elemento indispensable para la maniobra, si tramitaba ese certificado y se le iba restando la capacidad a nula, nunca hubiera podido recibir la capacidad de obras que recibió”.

“Lázaro Báez le mintió al Registro. Falseó declaraciones juradas. Pues las obras contratadas no se informaban, o no se informaban a tiempo para que no se restara su importe de capacidad. Pero sí se informaban para incrementarla”, recalcó la fiscalía.

Modificaciones de obras

Tras un nuevo cuarto intermedio, el fiscal Luciani se adentró en los 39 pedidos de modificaciones de obras solicitadas por las empresas del Grupo Báez en las 51 licitaciones adjudicadas, las cuales implicaban la ampliación de los presupuestos.

Para la fiscalía, en estos casos “la excepción se convirtió en regla, es decir, modificar constantemente los plazos y montos de obras”, lo que allanó el camino para el incremento de los costos originales “sin ninguna justificación y violando todo lo establecido por la ley”.

Luciani destacó que en algunas obras “se autorizó una modificación por encima del 70%, es decir más costoso que el contrato original”, y que debería haberse convocado a una nueva licitación, pero ello no ocurrió. Agregó que este sistema “fue avalado por diversas autoridades nacionales y provinciales: Planificación Federal, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial”.

La jornada concluyó con una nueva intervención del fiscal Mola, quien detalló las modificaciones que se produjeron en cinco de las obras analizadas.

Pasadas las 15.00, y tal como estaba previsto, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30.

Los imputados

En el debate se le imputa a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, están acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalmente, al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los e responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.