El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Franco Picardi, solicitó al Juzgado Federal N°12 que ordene a las autoridades de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y al Instituto de Vivienda del Gobierno porteño una serie de medidas urgentes para la "protección a la vida, salud e integridad física de los habitantes del Complejo Urbano Padre Mugica" teniendo en cuenta un diagnóstico realizado por profesionales del CONICET que da cuenta de graves falencias estructurales, de seguridad y de salubridad con las que conviven las personas en el lugar.

Las medidas promovidas por el fiscal se dan en el marco de la ejecución de la sentencia dictada en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Mendoza", que ordenó la acción de diferentes jurisdicciones y organismos del Estado para el saneamiento de la cuenca. El conocido como "Barrio Mugica" está poblado por familias que fueron relocalizadas durante el proceso de saneamiento.

En la presentación, el representante del MPF advierte la existencia de "numerosos defectos constructivos-edilicios, y factores de inseguridad e insalubridad" que "representan un peligro grave e inminente" para las personas que lo habitan.

El pedido de medidas urgentes fue formulado en el marco del "Legajo de control de Barrio Mugica", iniciado a los fines de constatar la existencia de vicios constructivos o desperfectos en las instalaciones y viviendas del complejo habitacional. El juzgado federal interviniente ordenó en agosto de 2019 el archivo de ese legajo y la decisión fue recurrida por el MPF por la vía del recurso extraordinario. Actualmente ese planteo se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema.

En la etapa recursiva, el procurador fiscal ante el máximo tribunal, Víctor Abramovich, convocó a investigadoras del CONICET -organismo con el cual la Procuración General firmó un convenio- para que realicen un relevamiento de las condiciones del complejo habitacional. El informe del organismo científico sirvió de base al MPF para requerir que el legajo continúe abierto y el mismo diagnóstico fue tomado por el fiscal Picardi para solicitar al juzgado las medidas que deberían ejecutar la ACUMAR y el Gobierno porteño.

En la presentación, Picardi advierte la existencia de "numerosos defectos constructivos-edilicios, y factores de inseguridad e insalubridad" que "representan un peligro grave e inminente".

Prioritarias y necesarias

El fiscal postuló en su dictamen "acciones prioritarias asociadas a la salud y la seguridad edilicia" y "acciones necesarias". En las primeras, enunció:

• Reparar pérdidas en las cámaras de inspección cloacales.
• Reparar aleros y cielorraso de balcones cuyos desprendimientos representan un alto riesgo ante la posibilidad de desprendimientos de piezas con alta incidencia en la seguridad de las personas.
• Completar la instalación contra incendios e instalación de puertas de acceso con barral antipánico, que abren hacia afuera en las plateas habitadas, "pues se observa que en los nichos donde deberían estar ubicadas las 'toma de agua' para abastecer de agua la instalación de columna seca no siempre se encuentran las piezas completas o en algunos casos hay nichos vacíos transformándose en nichos en donde se depositan residuos". La falta del elemento de conexión que vincularía el agua provista por el camión de bomberos a la cañería seca hace que el sistema no cumpla la función para la cual ha sido desarrollada; por otra parte, se registra la ausencia de matafuegos en los espacios de uso común.
• Completar y/o reparar gabinetes de gas, con un tratamiento que implique la aplicación de pinturas antióxido de forma periódica o, al menos, anualmente.

En tanto, el fiscal consideró como acciones necesarias:

• Reparar las instalaciones pluviales, ya que existen descalces e incluso ausencia de algunos tramos de caños de lluvia, lo cual provoca que el agua que descarga de las cubiertas a las canaletas escurra directamente sobre los espacios comunes.
• Reparar grietas y fisuras.
• Establecer un plan de capacitación mediante la modalidad de talleres periódicos a los habitantes del complejo acerca técnica constructiva para una intervención adecuada de los Paneles.
• Reparar socavones bajo plateas.
• Retirar residuos voluminosos.

"Correspondería tomar medidas tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad de todos/as los habitantes del complejo dado que, más allá del derecho de igualdad ante los derechos en pugna, existen cuestiones, como las de salubridad, que no podrían verse solucionadas si no se trata de modo integral en todo el complejo".

El representante del MPF insisitió en la necesidad de que la intervención sea integral y no parcializada: "Es importante tener en cuenta la imposibilidad de dividir la medida en tanto se debe concebir al complejo como una unidad con plateas que se interrelacionan". En ese sentido, indicó que "resulta imposible lograr una efectiva medida protectora de la salud, salubridad y seguridad si no se tiene en cuenta el Complejo en su totalidad. Es así que correspondería tomar medidas tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad de todos/as los habitantes del complejo dado que, más allá del derecho de igualdad ante los derechos en pugna, existen cuestiones, como las de salubridad, que no podrían verse solucionadas si no se trata de modo integral en todo el complejo".

El fiscal señaló que, si bien se encuentra en trámite el recurso extraordinario contra la decisión de cerrar el legajo de control sobre la situación del barrio, "la verificación de la gravedad -a través del diagnóstico pericial- del estado de situación actual en términos de salud, salubridad y seguridad tornan necesario tomar medidas urgentes, toda vez que el trámite de la vía extraordinaria tiende a demorar un tiempo prolongado, lo cual no se condice con la necesidad de adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger a la población debido al estado actual del Complejo. En ese sentido, de hacer lugar a estas medidas, se podría evitar el daño cierto y grave para la vida, salud e integridad física para los habitantes del complejo".

Picardi recordó que el procurador fiscal Abramovich advirtió en sus presentaciones ante la Corte Suprema que el tiempo que insume la etapa recursiva en esa instancia -hasta cuatro años- "no concuerda con la naturaleza apremiante de los asuntos que constituyen materia de revisión en el marco de esta causa" y "afecta gravemente los derechos de la comunidad al dilatar el proceso de ejecución por años".