La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, interinamente a cargo de Leonel Gómez Barbella, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre acusado de participar de una agresión a la comitiva presidencial, en el marco de una visita que el primer mandatario, Mauricio Macri, realizó a la capital provincial el 12 de octubre del año pasado.

De acuerdo a las pruebas recolectadas en la instrucción, durante esa jornada se produjeron una serie de incidentes cuando la caravana de vehículos en que se trasladaba el Presidente de la Nación arribó a la intersección de la Ruta Nacional N°35 y Avenida Circunvalación, en el acceso norte de la ciudad. En ese momento, un grupo de entre 20 ó 25 manifestantes -entre los que se identificó al imputado- comenzó a arrojar huevos y piedras al móvil.

En su requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía Federal señaló que las cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos acreditan la presencia -con al menos una hora y media de antelación a la llegada de la comitiva presidencial- del imputado, así como su posterior accionar. A ello se suma el testimonio coincidente de miembros de la custodia presidencial y motoristas del Centro de Control Operación y Monitoreo de la Policía de la provincia de La Pampa. Más aún, el propio acusado se atribuyó el ataque a través de una publicación efectuada en su cuenta de la red social Facebook, si bien posteriormente -al momento de prestar declaración indagatoria- indicó que se trataba de una "broma" dirigida a un familiar.

La Fiscalía señaló que el acusado actuó de manera "premeditada" en un lugar público, donde se proveyó de elementos como huevos y piedras para arrojar al vehículo en que se transportaba el mandatario, lo que puso en riesgo su paso para, posteriormente, publicarlo en las redes sociales "a fin de asegurarse una divulgación suficiente para arrogarse los méritos de esa conducta". Indicó que tal conducta habría tenido como objetivo suscitar desórdenes que adquirieron eficacia, alterando el orden y la seguridad pública.

"Entonces, de lo que se trata aquí de diferenciar es a quienes mediante marchas populares, reuniones callejeras u otra forma similar de peticionar a las autoridades y trasuntar su malestar ejercen sus derechos constitucionales de aquellos que cometen como sucedió en el caso concreto, otros actos delictivos –como el de daños o intimidaciones públicas, por ejemplo-, por fuera de esa hipótesis (sobre este punto, ver de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II, causa N° 20075/2017 “Parodi” del 28/2/2018 y sus citas)", consignó.

Al momento de encuadrar la conducta endilgada al imputado, la Fiscalía consideró que debe ser juzgado como autor material penalmente responsable del delito de intimidación pública en concurso ideal con el delito de daño (arts. 45, 55, 183 y 211 del Código Penal de la Nación). El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además la extracción de testimonios -y, en su caso, que se reciba declaración indagatoria- en pos de profundizar la investigación por presuntas irregularidades en el operativo de traslado por parte de la Policía de la Provincia de La Pampa y autoridades del Ministerio de Seguridad provincial.