En base a lo solicitado por la fiscal de instrucción Cristina Caamaño, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°14, Ricardo Farías, procesó a 11 ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las maniobras para vender a un precio muy inferior al de mercado el predio de Palermo y por el otorgamiento de un crédito para la realización de una obra que jamás se concretó.

En junio pasado, Caamaño había solicitado el procesamiento del presidente del BAPRO Carlos Eduardo Sánchez, y de Hugo Néstor Pifarré, Juan María Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial, en calidad de integrantes del directorio de la entidad bancaria, tras considerar que “habían violado los deberes a su cargo, perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la Provincia de Buenos Aires les había confiado, con la concesión de un préstamo” de 106 millones de dólares a la Sociedad Rural.

Asimismo, la fiscal imputó a Horacio Foster, Carlos Alberto Huber, Enrique Claudio Crotto, Alfredo Miguel O´Farrell, Raúl Etchebehere y Francisco José del Castillo por “haber tornado inciertos los derechos acordados al Estado nacional, tras la adquisición a un 'precio vil' de 30 millones de dólares del denominado ‘Predio Ferial de Palermo’, así como el haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, provocando un severo perjuicio a la economía del país”. También, les reprochó “haber tornado imposible el cobro del crédito que, por la suma de ciento seis millones de dólares, otorgó el Banco Provincia” y "administrado fraudulentamente esos fondos, en perjuicio de los socios, la ‘Sociedad Rural Argentina’”.

El 26 de agosto, el titular de la Fiscalía Federal N°4, Carlos Stornelli, solicitó la elevación a juicio de otra causa por la entrega del predio. El ex presidente de la Nación, Carlos Menem (84 años); de su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo (68), y de otros diez ex funcionarios y empresarios están acusados del delito de peculado. El fiscal afirmó los ex funcionarios participaron de la sustracción del inmueble al Estado nacional y luego lo transfirieron a la SRA a menos de un 25 por ciento de su valor real en dólares, lo cual significó un perjuicio al Estado de al menos 100 millones de dólares.