La declaración de Enrique Mathov se hizo esperar. Recién el 28 de marzo pasado, a un mes de iniciado el juicio, comenzaron las indagatorias. El primero en sentarse frente a los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoátegui debía ser el ex secretario de seguridad de la Nación pero ese día sus abogados Javier Valerga Áraoz (padre e hijo) le solicitaron al Tribunal posponer la declaración por la "disfonía" que tenía su cliente.

El 9 de abril Mathov comenzó con sus explicaciones. Con una computadora, exhibió vídeos de diferentes canales de noticias. Allí se veía el rol de los policías durante la mañana del 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, la presencia de la jueza Federal María Servini de Cubría, algunos políticos en programas de televisión donde pedían el estado de sitio. "Entiendo el profundo dolor que seguramente han sentido las familiares y las victimas durante estos 12 años pero mi procesamiento y encarcelamiento son injustos y arbitrarios", dijo el ex funcionario de la Alianza para luego explicar todo su recorrido partidario dentro de la UCR.

Dos horas le llevó explicar los alcances de la ley 24059 de Seguridad Interior ya que, según manifestó, "nadie utilizó los términos de manera precisa, no se molestaron en leerla". Negó en reiteradas ocasiones la existencia de una reunión del Comité de Crisis: primero habló de "imposibilidad ya que nunca pudo haberse constituido según la ley", después lo tildó de un invento de los fiscales y, especiamente, de la jueza Servini. También, refutó la supuesta reunión del Consejo de Seguridad, ya que "no estaban los representantes necesarios para conformarlo".

Cabe recordar que, según la instrucción a cargo de Servini de Cubría y Claudio Bonadío, los hechos más graves ocurrieron luego de la reunión de ese 20 de diciembre del Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior, que habría sido presidida por Mathov. Este Cómite es un órgano previsto en la ley para ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales y provinciales.

Fue por eso que la Fiscalía, a cargo de Mauricio Viera, le hizo referencia a un escrito del entonces ministro de Interior Ramón Mestre del 19 de diciembre, en el que llama al Consejo de Seguridad y "constituye en el mismo acto al Cómite de Crisis". Mathov sólo pudo denominar este hecho como una "formalidad" y dio por contestada la pregunta.

Otro de los ejes de contradicción fue el decreto de estado de sitio del 19 de diciembre de 2001 que el entonces presidente de la Nación Fernando de la Rúa estableció por 30 días y sin especificar, tal como lo establece la Constitución, que se fijen qué garantías se suspenden y qué territorio estaba abarcado por la medida.

Según Mathov, se reunió con Mestre la tarde del 19 de diciembre y allí le comunicaron la decisión de declarar el estado de sitio. Minimizó la declaración del ministro (quien estuvo imputado en la causa hasta su muerte, en 2003) en la que había explicado que el ex funcionario había prestado colaboración en la redacción. También, declaró que "el Congreso estaba funcionando, pudo haber tratado el decreto pero había una voluntad política para mantenerlo".

Operativos policiales

La Fiscalía avanzó además sobre lo ocurrido en una reunión del 19 de diciembre a la noche con las autoridades provinciales y mencionó otra contradicción: mientras que Mathov sostuvo este año que no se habló nunca de un operativo en la Ciudad de Buenos Aires, en una de sus primeras exposiciones aclaró que Mestre le había remarcado "la necesidad de prevenir que el panorama de la Provincia se replicara en la Ciudad".

En una de las indagatorias que Mathov prestó en 2002, manifestó que le dio instrucciones a Santos de mantener cuidado el perímetro de la Casa Rosada. En estas audiencias, aseguró que "sólo repitió" órdenes del ministro, algo que el fiscal marcó como contradicción y el Tribunal lo aceptó.

"El 19 de diciembre, Mestre me dijo que tenía todo bajo control", rememoró el ex secretario de Seguridad y admitió que nunca se planteó que la Policía Federal pudiera estar sobrepasada. A esa respuesta, el fiscal ad hoc Mariano Domínguez le planteó otra contradicción entre sus declaraciones sobre una posible evaluación de la actuación de la fuerzas de seguridad.

Mathov había expresado en febrero de 2002 que la Policía tenía como objetivo proteger las vidas y resguardar los edificios y que había pagado un altísimo costo para cumplir ese objetivo. En su declaración de días anteriores, se había negado a realizar un análisis por no contar con "la capacidad técnica". Al ser interpelado nuevamente, sostuvo que el operativo de la PFA, no fue "satisfactorio" ya que los manifestantes "por más violentos que sean", deben ser resguardados.

Tampoco pudo contestar con seguridad ni argumentos porque, según su relato, De la Rúa le preguntó luego de su discurso del 20 a la tarde si había muertos en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, si según lo que comentó "sus funciones no tenía nada que ver con los operativos policiales en la Ciudad". Para Mathov, fue "por confianza".

Intereses facciosos

"Este proceso está sometido a diferentes presiones de interesas facciosos", denunció al inicio de su exposición". "El gobierno no ordenó el desalojo de Plaza de Mayo y nunca se quiso impedir la presencia de manifestantes en los alrededores" exclamó, además de hablar de una supuesta interna policial que resistía a Jorge Santos como jefe de la PFA.

Cuando fueron exhibidas dos actas firmadas por el jefe y el subjefe de la Policía Federal que fueron dirigidas a Mathov y que daban cuenta de detenciones producidas en las inmediaciones de Plaza de Mayo el 20 de diciembre, el ex secretario negó haberlas recibido y hasta dudó de su autenticidad: "no descartó que haya tratado de involucrarme, los intereses facciosos están dentro de la Policía".

Otro de los temas que más repitió el secretario durante las 4 audiencias fue la mala instrucción de Servini de Cubría y el "desastre" que hizo con la causa la Sala I de la Cámara Federal (en su antigua conformación), quién a su entender "mutiló un artículo de la ley y la falsificó para procesarlo por los homicidios"

A la magistrada la acusó de querer "crear un principio de culpabilidad, mostrar que era ella la que se estaba haciendo cargo de la seguridad en la Ciudad y no nosotros, nos tildó de vagos o algo semejante". "Ella debería estar en este banquillo contando los detalles, no yo", exigió, colérico.

Contra el juez Gabriel Cavallo fue más risueño y dijo: "especuló con el fin del mundo que pronosticaron los mayas sino no se entiende mi imputación". Lo acusó de inventar un "andamiaje" para procesarlo por homicidio culposo "usando el caso Cárdenas para decir que no se podía confiar más en la Policía y que debía haberlos retirado de la calle".