29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Están acusados por fugar más de mil millones de dólares a paraísos fiscales
Lavado de activos: piden indagatoria para clientes y directivos del banco BNP Paribas
Están acusados de conformar una asociación ilícita en la entidad financiera para lavar dinero de origen delictivo. En 2011 el fiscal Abraldes había solicitado la misma medida, pero el juez Osvaldo Rappa la denegó. Ahora, los fiscales Azzolin y Gonella reiteraron el pedido.

Los fiscales Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 49, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC), junto con Omar Orsi, Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac, solicitaron nuevamente al juez Osvaldo Rappa que cite a declaración indagatoria a clientes y directivos del BNP Paribas, sospechados por lavar dinero de origen delictivo en cuentas del banco, a través de sucursales del exterior.

Los responsables del banco intervenían en el proceso inicial de apertura de cuentas bancarias en sedes del “BNP Paribas” del exterior para personas físicas y jurídicas de la Argentina. Luego, constituían sociedades, fundaciones, fideicomisos y empresas privadas de inversión extranjeras para, finalmente, enviar las divisas hacia y desde las sucursales de la misma corporación u otras entidades, situadas en importantes plazas financieras mundiales, como Suiza, Luxemburgo, Panamá, Bahamas y los Estados Unidos, entre otras.

El fiscal Sandro Abraldes, que había intervenido en un primer momento en la causa, comprobó la existencia de una organización criminal clandestina, bajo la órbita de la sucursal de Buenos Aires del banco BNP Paribas, cuya actividad -decidida por su máxima jerarquía institucional nacional e internacional, y co-ejecutada por sus dependientes- era “administrar carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en sucursales de plazas extranjeras de la misma entidad financiera –y por un monto total cercano a los mil millones de dólares estadounidenses-, mediante una estructura idónea y procedimientos especialmente diseñados para evadir los controles establecidos en materia de lavado de activos".

De acuerdo con el pedido presentado por Azzolin y Gonella, los clientes que concurrían a la oficina del piso 25 de Leandro N. Alem 855 no lo hacían para concretar sus negocios jurídicos particulares con Philippe Yves Henry Joannier, ni con Christian Marie Francois Giraudon o Alexis Nicolás Quirot de Poligny -algunos de los directivos del banco-, tal como declararon, sino que “buscaban (…) proveerse de los servicios ilegales ofrecidos por la sucursal local de una entidad financiera con estructura y renombre internacional”. De esta manera, los fiscales señalaron que desde la entidad financiera se concretó una asociación para administrar, en el mercado financiero mundial, capitales de procedencia delictiva.

Además, remarcaron el  "deliberado ocultamiento de la oficina, durante al menos ocho años, a los organismos de control especializados en la materia, el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Entidades Financieras, informalidad que permite inferir que no contabilizaba la actividad allí desarrollada, ni contaba con registros formales de sus clientes o de las operaciones gestionadas, incumpliendo con la normativa vigente en materia financiera y sobre el control del lavado de activos a nivel nacional e internacional".

"Sería lógico conjeturar que tampoco afrontaba la carga impositiva que pudiera corresponderle por esa actividad", sostuvieron.

Los fiscales recordaron que ya la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideró que se había acreditado el ocultamiento de la oficina a los organismos de control. La Cámara entendió así que, tanto sobre el lavado como sobre los delitos precedentes, existían los elementos necesarios para indagar a los imputados.

Por último, Azzolin y Gonella señalaron que la negativa del juez Rappa al primer pedido realizado por el fiscal Abraldes para que los imputados prestaran declaración indagatoria, implicó sujetar y suspender la facultad sancionatoria del Estado, soslayando todo lo que hasta el momento se pudo comprobar.