Los balances periodísticos anuales de la actividad de los tribunales orales federales de Comodoro Py suelen comenzar con frases del tipo "El año que pasó, la justicia federal de la Capital Federal concentró la atención gracias al trámite de investigaciones y juicios orales...". El 2015 no fue la excepción. Tanto por la dimensión pública de los casos que tramitan en el edificio del barrio porteño de Retiro, como por los roles institucionales que ocupan y ocuparon los protagonistas de esos expedientes judiciales, una vez más estuvo en el foco del interés.

En este repaso de Fiscales, los juicios que concluyeron y que se iniciaron en 2015 y otros que comenzarán a tramitar en este 2016.

Sentencias

Desde marzo de 2014, el fiscal federal Fernando Arrigo, al frente de un gran equipo de trabajadores y trabajadoras, llevó adelante el juicio oral y público por el accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento colisionó contra un dispositivo de contención del andén 2 de la estación Once, provocando la muerte de 51 personas (una de ellas embarazada) y 789 heridos. El 29 de diciembre de este año, finalmente, el TOF Nº 2 condenó a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi a las penas de seis y ocho años respectivamente, al considerarlos coautores y partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado por muerte. En tanto, los empresarios Sergio Claudio y Roque Cirigliano, quienes habían sido imputados por defraudación contra la administración pública en concurso real con estrago culposo, recibieron penas de nueve y cinco años respectivamente. El otro dueño de TBA, Mario Cirigliano, fue absuelto. En total, fueron condenados 21 imputados, entre funcionarios y directivos de TBA.

En tanto, la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales, a cargo de Diego Luciani, afrontó varios juicios con trascendencia pública. En mayo, el Tribunal Oral en lo Federal N°5 condenó al ex juez en lo Penal Económico Carlos Liporace y al empresario Guillermo Yoma por la sustracción de caudales públicos por más de 8 millones de pesos que fueron destinados ilegalmente a la Curtiembre Yoma S.A. En agosto y tras varios meses de debate, el TOF N°4 encontró culpable al presidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, Armando Gostanián, y lo condenó a cinco años de prisión por el pago de sobreprecios que retornaban como comisiones en compras realizadas a una empresa alemana. Además, los jueces dispusieron el decomiso de más de un millón de dólares.

En abril, los fiscales Stella Maris Scandura, Diego Velasco y Juan Manuel Gaset, como ad-hoc, lograron condenas para ex funcionarios del Ministerio de Economía por defraudación. Los acusados habían intentado beneficiar al grupo empresario Greco en perjuicio de los intereses del Estado por un importe estimado en 332 millones de pesos a cobrar en bonos de consolidación. Entremedio, había comenzado el juicio por el pago de sobresueldos contra el ex presidente Carlos Menem y varios de sus ministros y funcionarios, entre ellos Domingo Cavallo, Raúl Granillo Ocampo y María Julia Alsogaray; en diciembre, Menem y sus ministros de Economía y Justicia fueron condenados. En aquél debate, intervino el mismo equipo del Ministerio Público, al que se le sumó el fiscal general Juan Patricio García Elorrio.

También durante 2015, la Fiscalía Nº3 ante los TOF, a cargo de Gabriela Baigún, logró firmar un juicio abreviado en la causa contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete tras dieciséis años de tramitación en la justicia. Al ex funcionario menemista se lo sentenció a tres años y seis meses de prisión efectiva. Además, Baigún obtuvo la condena de cuatro años de prisión para el ex dueño del boliche KU de Pinamar acusado de haberle suministrado a una joven la cocaína (así también como el lugar para consumirla) que ocasionó la muerte de la víctima.

Por otro lado, en noviembre pasado, junto al titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico de la PGN, Baigún logró penas de entre tres y ocho años para nueve integrantes de una organización narcocriminal, entre los que figuraba un ex policía. En tanto que junto al fiscal Ariel Yapur, consiguió una condena entre tres y diez años de prisión para cuatro imputados en una causa por el tráfico de 1823 kilos de marihuana que fue transportada en un micro desde la ciudad de Puerto Iguazú a un galpón ubicado en Capital Federal.

Continúa el debate

En agosto del año pasado, comenzó el juicio oral y público por la desviación de la investigación del atentado terrorista en la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. En el juicio, son juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Saúl Menem; el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y el reducidor de autos acusado de entregar la Renault Traffic que habría explotado en Pasteur al 600, Carlos Telleldín. Se prevé que las audiencias se extiendan durante buena parte de 2016.

En 2014, comenzó el juicio por la represión policial que el 19 y 20 de diciembre de 2001 provocó cinco muertes en las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Días atrás, tuvo lugar el alegato del equipo fiscal conformado por Mauricio Viera, Santiago Vismara, Mariano Domínguez y José Piombo. Desde la primera semana de enero, harán lo propio las defensas y se espera el veredicto para los primeros meses de 2016.

Comienzan en 2016

Para el año próximo, la dependencia del MPF que encabeza Luciani tendrá a su cargo el juicio contra Romina Picolotti, a quién se le imputa haber utilizado -entre julio de 2006 y diciembre de 2008- dinero asignado presupuestariamente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para solventar gastos personales.

Por otra parte, se prevé para junio de este año el inicio del debate oral por la causa conocida como “mafia de los medicamentos”. Entre los imputados, figuran el ex secretario general de la Asociación Bancaria Juan José Zanola.

También, comenzarán las audiencias por las presuntas irregularidades en la transferencia de un vehículo por parte del ex vicepresidente Amado Boudou; por el expediente conocido como “Navidad Blanca”, en relación al secuestro de 300 kilos de cocaína; y por la administración fraudulenta en la quiebra del Banco Patricios, y del Banco General de Negocios que comandaban los hermanos Carlos y José Rohm.

En tanto, para 2017 tiene fecha de debate ante el Tribunal Oral Federal N°5 la causa por las escuchas ilegales en la que están acusados, entre otros, Jorge “Fino” Palacios, el ex espía Ciro James y el ex ministro de educación porteño Mariano Narodowski, y en la que recientemente el juez dictó el sobreseimiento del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sin embargo, como la etapa de ofrecimiento de prueba está completa, no se descarta que se adelante el comienzo para el año en curso.

El equipo encabezado por la fiscal Gabriela Baigún tiene previsto el inicio del juicio en la causa por los sobreprecios IBM-DGI, que si bien en un primer momento se había fijado para 2015, luego se suspendió y reprogramó. Así las cosas, tras un recorrido judicial de 21 años se espera que el expediente llegue a la instancia de debate oral y público. Se investiga el pago por parte del Estado Nacional de cerca de 120 millones de pesos a la multinacional por la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI en 1994.

Además, la Fiscalía N°3 ante los TOF tendrá a cargo el debate por la venta del predio ferial de Palermo, en el que están imputados, entre otros, Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo. Según surge de la causa el predio se vendió a U$S 30.000.000 cuando estaba valuado en U$S 131.800.000. También, tendrá lugar el proceso contra el dirigente social Luis D´Elia por la toma de la Comisaría N°24 de la Policía Federal ubicada en el barrio porteño de La Boca.

Por su parte, la Fiscalía N°7 a cargo de Miguel Osorio afrontará el juicio que llevará a cabo el Tribunal Oral Federal N°5 contra Sergio Taselli por el desmanejo de fondos en la concesión del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, de la Provincia de Santa Cruz, en la causa caratulada como “Taselli, Sergio s/ defraudación contra la administración pública”. También, intervendrá en el debate en el que el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime será juzgado junto a Carlo Luigi Capelli, Graciela Isabel Coria, Ángel Luis Stafforini y Pedro Ochoa Romero por presunta administración fraudulenta en la línea ferroviaria Belgrano Cargas.

Desde la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal indicaron que durante el primer trimestre se espera dar inicio al debate oral contra 12 personas acusadas de integrar una organización dedicada a la captación con fines de explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, la cual habría operado en el Hotel Las Naciones situado en Avenida Corrientes 802/818 de la CABA.

Si bien todavía no tiene fijada una fecha de inicio, otra de las causas que llegará a la instancia de debate oral –en este caso ante el TOF N°5- tiene que ver con la tragedia aérea ocurrida el 10 de octubre de 1997, cuando un avión de la empresa Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A se estrelló en el Paraje Sánchez, ubicado en las cercanías de la localidad de Nuevo Berlín, Departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. El siniestro ocasionó la muerte de 74 personas, entre los tripulantes y los pasajeros de la aeronave. La investigación buscó establecer si cabía asignarle responsabilidad penal alguna a los encargados de la empresa explotadora del servicio y a los responsables de la seguridad aerocomercial de la Nación, en relación a los parámetros de seguridad del avión, teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por los organismos competentes nacionales e internacionales y las disposiciones de las normas vigentes en la materia, como así también la competencia, idoneidad y entrenamiento de los pilotos y despachante del vuelo AU2553. La imputación: estrago doloso, previsto en el artículo 190, tercer párrafo.

Por último, también llegará a instancias de debate oral la causa 1.451 del registro del TOF N°5, que investiga millonarias defraudaciones cometidas contra el Banco Nación Argentina, las cuales habrían sido llevadas a cabo por funcionarios de la mencionada entidad en connivencia con particulares (nacionales y extranjeros). Están imputadas nueve personas, bajo los delitos de defraudación contra la administración pública, falsificación de documento público y asociación ilícita.