25 de julio de 2024
25 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervención de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri
Mar del Plata: detuvieron a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada al contrabando de teléfonos, a juegos online clandestinos y al lavado de activos
En total, son once las personas involucradas, de las cuales dos permanecen prófugas y otras cuatro fueron llamadas a indagatoria. En la investigación, se detectaron movimientos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares. Uno de los detenidos es funcionario de AFIP-DGA.

Tras una investigación dirigida por el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción, representada por Laura Mazzaferri, detuvieron a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita para cometer diversos delitos, tales como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Las detenciones se llevaron adelante tras una serie de 22 allanamientos realizados la semana pasada, que derivaron además en que otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación fueran llamadas a declaración indagatoria mientras que otras dos permanecen prófugas.

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Tras el impulso de la Fiscalía Federal N°1, se lograron identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba. Muchas de esas medidas estuvieron destinadas a desentramar la arista patrimonial de los sucesos. Con el avance de la pesquisa y por impulso fiscal, se ordenaron múltiples medidas cautelares, con el objetivo de preservar los activos en poder o relacionados con las personas físicas y jurídicas investigadas.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en la ciudad de Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó esta semana ante el Juzgado.

Entre los detenidos se encuentra además un funcionario de Aduana con asiento en Mar del Plata, quien había salido del país el día previo a los allanamientos junto con otras dos personas implicadas en la investigación.

Patrimonio y maniobras

El juez Inchausti estableció, a través de la investigación, la vinculación de los investigados con personas jurídicas o terceros. Surgió de la pesquisa que los acusados tendrían una distribución de roles y llevarían adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de múltiples sociedades, algunas de ellas sin aparente actividad real, o bien, con un giro distinto del declarado con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización. De esta manera, se avanzó con la imputación por posible lavado de activos.

Al menos cuatro de los investigados están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar online sin la debida autorización, como así también los perfiles de redes sociales que la promocionaban.

Otros miembros se encuentran señalados por la comercialización de productos de tecnología (como teléfonos celulares y/o accesorios) que se sospecha que podrían provenir del contrabando.

Además, hay integrantes de la organización que están acusados de haber desplegado maniobras tendientes a poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas y así justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con criptoactivos que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021. Asimismo, en la mayoría de los casos, se habría puesto en evidencia un caudal económico y el usufructo de bienes que no encontraría justificación en actividades registradas.

Entre estas maniobras, se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios, como así también, la realización -con otras cuentas- de operaciones por grandes sumas de dinero sin justificación. En una de las cuentas investigadas, se registraron ingresos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares.

De acuerdo a la hipótesis del caso, los bienes puestos en circulación por los imputados habrían sido adquiridos total o parcialmente con fondos de origen ilícito, producto de actividades delictivas, como la comercialización de productos provenientes de contrabando y la explotación de juegos de azar online sin la debida autorización, como así también de la vinculación con otras actividades presuntamente delictivas, tales como la emisión de facturación apócrifa, la evasión fiscal y operaciones cambiarias que se llevarían a cabo por fuera del sistema financiero, más precisamente, a través de la compra-venta marginal de dólares estadounidenses.

En tanto, el funcionario público de DGA AFIP Mar del Plata está acusado de formar parte de la asociación ilícita, en el marco de la cual coadyuvaría y/o facilitaría la comisión de las maniobras en infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero), habiendo intervenido en su función de Verificador de Aduana en distintas operaciones realizadas por miembros de la organización, con quienes mantenía estrechos vínculos.