El Tribunal Oral Federal N°6 condenó hoy a María Julia Alsogaray a tres años y seis meses de prisión, al pago de una multa de 50 mil pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos al encontrarla coautora del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por irregularidades en la contratación de obras para la remodelación del edificio de la ex Secretaría de Recursos Naturales entre 1995 y 1998. Además, los jueces sentenciaron también al ex subsecretario de Desarrollo Sustentable del organismo, Enrique Kaplan, a tres años y tres meses por ser coautor del mismo delito, y al ingeniero que dirigió las refacciones, Santiago Bignoli, a tres años y seis meses por haber sido partícipe necesario. Durante el juicio, actuaron en representación del Ministerio Público la fiscal Sabrina Namer y Miguel Yivoff como ad-hoc, quienes habían pedido penas de hasta cuatro años y dos meses.

De esa forma, los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta encontraron a los acusados culpables por las irregularidades cometidas en la remodelación y mantenimiento del edificio de la calle San Martín 459, mediante la violación de diversas normas de administración financiera y de contrataciones del Estado que habrían significado un beneficio patrimonial ilegal y un perjuicio para las arcas públicas.

Durante la mañana, el Tribunal le ofreció a la ex polifuncionaria la posibilidad de decir las últimas palabras antes de pasar a deliberar, a lo que accedió. Durante su exposición -largamente excedida del plazo de diez minutos otorgado por los jueces- aseguró que “jamás” firmó “nada a ciegas”, que nunca recibió reproches de los organismos de control, y arremetió contra la querellante Oficina Anticorrupción (OA): “La acusación de la OA me parece un verdadero mamarracho”. Consideró que “no chequearon la pseudo-pruebas y no se molestaron en ver cómo funcionan las decisiones administrativas”.

En otro tramo, indicó que la causa fue seleccionada por la dependencia del Ministerio de Justicia con intencionalidad política, luego de que un matutino porteño publicara una tapa “hablando de un sobreprecio del 400% en la compra de inodoros. Fue un elemento más importante que otros hechos que a lo mejor no tenían personalidades mediáticas, como lamentablemente era yo en ese momento”.

“La base de la acusación es que quise beneficiar. Sí quise beneficiar, pero a la obra que se iba a hacer, al Estado. Se contrató a los mejores profesionales, pero no los había visto en 40 años”, manifestó en referencia a Bignoli padre e hijo. “Fue un precio razonable, y hasta barato”, finalizó.

A su turno, el ex subsecretario de Relaciones Institucionales del organismo, Enrique Kaplan, pidió a los magistrados que tengan en cuenta que nunca trató de dilatar “este largo proceso”. Sobre su desempeño en la Secretaría, aseguró, al igual que en su declaración indagatoria, que no manejaba dinero y que siempre actuó “a derecho”. Acerca del fideicomiso que se habría constituido para administrar los fondos de la obra, dijo que lo firmó “con un dictamen y porque se me nombró representante”, aunque expresó que antes de hacerlo “no tenía ni idea qué era un fideicomiso”.

Finalmente, Bignoli dijo que la acusación confundió precios y costos y que por ende “las cuentas están mal hechas. Estoy seguro que el tribunal entendió la diferencia”, anheló. “Los funcionarios que manejaban los expedientes tendrían que estar acá”, concluyó.

En el veredicto, los jueces no hicieron lugar a una serie de planteos de extinción de la acción penal, de prescripción y nulidad interpuestos por las defensas. Los fundamentos serán dados a conocer el 5 de marzo, a las 18:00.

Las maniobras

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, desde 1995 hasta 1998 y mediante la violación de diversas normas de administración financiera y de contrataciones del Estado, los imputados cometieron irregularidades en la remodelación y mantenimiento del edificio de la calle San Martín 459. Las maniobras habrían significado un beneficio patrimonial ilegal y un perjuicio para las arcas públicas.

A través de resoluciones y actas firmadas por Alsogaray y Kaplan, la Secretaría de Recursos Naturales realizó la contratación directa de Bignoli -padre e hijo- para el relevamiento y posterior refacción del inmueble, lo que habría violado el régimen previsto.

A su vez, las obras encomendadas fueron fraccionadas por etapas delimitadas y por el sistema de contratos separados por rubros menores a cien mil pesos, lo que encareció el precio final de lo que se podría haber hecho en un único proyecto. De esa forma, según la acusación, “se evitó el procedimiento licitatorio impuesto como regla por la legislación pertinente. Esto tuvo como resultado un beneficio tanto para las empresas prestatarias de bienes y servicios -en razón de los sobreprecios posteriormente determinados- como para los ingenieros Bignoli, pues sus honorarios se encontraban directamente relacionados con el monto total que demandara la obra”. Además, en las dos etapas se advirtió la contratación reiterada de determinadas firmas, como Mag SRL y Del Río Construcciones, cuyos integrantes resultaron ser conocidos de los Bignoli.

Por otra parte, se celebró un fideicomiso con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para que administre los fondos destinados a la obra. Ese acuerdo habría permitido “sustraer el dinero de la esfera de control de los organismos del Estado Nacional”. Entre 1995 y 1998, desde el organismo se libraron órdenes de pago a la Secretaría de Hacienda a favor del Banco por gastos consignados como devengados, sin contraprestaciones que los fundamentaran. “Es decir, por medio de devengamientos ficticios, se transfirieron a la cuenta abierta en el Banco Ciudad importantes sumas de dinero que correspondían a remanentes de ejercicios anteriores, que debieron haber sido devueltos a las arcas públicas”, señala la acusación fiscal.

Condenas

Es la cuarta condena que recae contra la ex funcionaria por su paso durante la función pública. Además, está previsto que en marzo afronte su séptimo juicio, al que llega acusada junto al ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, entre otros, por el pago de sobresueldos. Sentado junto a ella en el banquillo de acusados también estará Kaplan.