El Juzgado Federal N°3 de Mendoza convalidó el requerimiento del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, que impulsa una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando de exportación de armas y municiones. A partir de esta intervención, se logró vincular un hecho ocurrido en Tucumán en diciembre de 2023 con la operatoria de esta organización criminal que operaba en Argentina y Chile, lo que permitió ampliar la imputación a nuevos involucrados.

En la actualidad, la causa cuenta con 38 personas imputadas, diez de las cuales son de nacionalidad chilena aunque, entre ellas, algunas cuentan con DNI argentino por nacionalización. De todos ellas, 23 están detenidas y hay seis prófugos con orden de captura, mientras que el resto transita el proceso en libertad. La fiscalía aclaró que no todos los implicados están imputados por contrabando de armas y que en la investigación se advirtió que algunos se dedicaban a otros delitos como la venta de drogas y por ello fueron procesados por comercio de estupefacientes.

El proceso relacionado al hecho del tráfico de armas descubierto en Tucumán inicialmente contó con la actuación del titular de la Fiscalía Federal Nº 2, Agustín Chit. A instancias del representante del Ministerio Público Fiscal, se ordenó la detención de dos personas interceptadas en un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de La Invernada, departamento La Cocha. Los dos hombres transportaban ocho armas de fuego y trece cargadores a bordo de un colectivo de la empresa Andesmar, que tenía por destino la provincia de Mendoza.

Ante este escenario, la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) del Ministerio Público Fiscal analizó los elementos probatorios colectados por el fiscal Alcaraz, en conjunto con la información proporcionada por su colega Chit, lo que enmarcado en la investigación dentro de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) conformado con el Ministerio Público de Chile, permitió hallar puntos de conexión entre el episodio de Tucumán y la organización criminal transnacional objeto de investigación en la justicia federal de Mendoza.

Como resultado, en coordinación con el fiscal de Tucumán, Alcaraz promovió la inhibitoria por el hecho ocurrido en diciembre de 2023 en la provincia de Tucumán al juez federal de aquella jurisdicción, por la conexidad objetiva y subjetiva que presentan ambos casos.

Una estructura transnacional con base regional

Según la hipótesis fiscal, la organización está integrada por personas de nacionalidad argentina y chilena, y opera de forma sostenida en el tiempo, articulando maniobras de contrabando con amplio alcance territorial. Además, las tareas de investigación permitieron reconstruir una serie de operaciones respaldadas económicamente mediante envíos de dinero desde Chile a través de empresas remesadoras, como Western Union, lo que permitió sostener las acciones delictivas.

En el transcurso de la pesquisa se reunió información referida a distintos hechos por los que habrían sido imputados los miembros de la asociación ilícita, lo que permitió hacer un análisis cronológico de la organización y pormenorizado de sus maniobras.

La colaboración de la DAC, permitió entre otras cosas, identificar patrones comunes y regularidades en los hechos investigados, entre los que se destacan:

• La similitud en el modus operandi respecto al transporte de armas en distintas jurisdicciones.
• La vinculación familiar entre uno de los imputados en Tucumán y un miembro de la organización investigada en Mendoza.
• La posible utilización de Tucumán como punto de abastecimiento de armas, con destino final en la República de Chile. En este sentido, se acreditó que los imputados tenían previsto llegar a Mendoza, punto intermedio del trayecto.
• La detección de giros de dinero simultáneos con destino a Ciudadela (Buenos Aires) y Maipú (Mendoza), así como remesas enviadas a Tucumán durante 2023, lo que sugiere un circuito económico orientado a solventar los gastos de la organización criminal.

A partir de estos elementos, el juez federal convalidó la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal y el 5 de mayo pasado amplió la imputación a las personas involucradas, robusteciendo la línea investigativa sobre la existencia de una asociación ilícita transnacional abocada al contrabando internacional de armas y municiones, entre otras conductas delictivas.