04 de octubre de 2022
04 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal Dante Vega
Mendoza: imputaron a tres abogados y a un agente aduanero vinculados a la causa que se sigue contra el juez federal Walter Bento
Los cuatro hombres fueron acusados de cohecho activo agravado por el pago de coimas a cambio de acceder a un beneficio de libertad condicional, mientras que el magistrado fue señalado por el mismo hecho, en calidad de autor de cohecho pasivo.

El juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo hizo lugar hoy al pedido formulado por el fiscal general subrogante de Mendoza Dante Vega e imputó a tres abogados y un agente aduanero vinculados a la causa que se sigue contra el juez federal Walter Bento. Los cuatro hombres fueron acusados de cohecho activo agravado mientras que el magistrado fue señalado nuevamente por cohecho pasivo. 

Los abogados Facundo Alzogaray, Francisco Castro y Octavio Billi están acusados de visitar en el penal de San Felipe a Carlos Barón Knoll, que se encontraba detenido, y tramitar su libertad condicional luego de que el fallecido Diego Aliaga le exigiese el pago de una suma dineraria. Los tres letrados actuaron de manera paralela a los abogados defensores de Barón Knoll, hasta que estos últimos renunciaron y ellos ingresaron en la causa para conseguir el beneficio ilegal de su nuevo cliente. 

Barón Knoll había sido imputado por el propio Bento el 31 de julio de 2018 junto a otros funcionarios aduaneros acusados de integrar una organización que facilitaba el paso a nuestro país de camiones provenientes de Chile. Un mes después, el juez amplió la imputación y ordenó su detención. Barón Knoll fue procesado junto al resto de los imputados en noviembre de ese año, y el juzgado federal rechazó tres pedidos de falta de mérito y sobreseimiento presentados por su defensa, a cargo de Carlos y Octavio de Casas. 

Mientras Barón Knoll todavía era representado por sus abogados, los imputados le realizaban visitas paralelas al penal de San Felipe, según figura en los registros del establecimiento penitenciario. También fue visitado por Diego Aliaga, conocido por ser la mano derecha de Bento en su organización delictiva y quien le habría solicitado una suma de dinero al detenido a cambio de su liberación. De acuerdo al testimonio de otra persona detenida en el penal que había intentando contratar sus servicios, Octavio Billi le manifestó que el abogado anterior de Barón Knoll se había apartado por “enemistad” con el juez, y que “con un cambio de abogado y una presentación de papeles, Barón había obtenido la libertad”. 

El 25 de marzo de 2019, la defensa de Barón Knoll presentó un último pedido de ampliación de indagatoria y ese mismo día, el agente aduanero fue visitado en la cárcel por Francisco Castro, que fue pautada para los primeros días de abril de ese año. Tres días después, Carlos y Octavio de Casas renunciaron aludiendo motivos particulares. Castro y Alzogaray acudieron espontáneamente a la audiencia en la que se le informó a Barón Knoll la dimisión de sus letrados y en ese mismo acto designó a los presentes como sus nuevos defensores. Los abogados de Barón Knoll presentaron el 29 de abril de ese año un nuevo pedido de excarcelación, que fue finalmente concedido por Bento, quien había rechazado los pedidos de sobreseimiento y falta de mérito presentados con anterioridad.  

En base a esto, el pasado 15 de marzo, el fiscal Dante Vega solicitó la detención e incomunicación de Walter Bento por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe en concurso real con el delito de cohecho pasivo por un hecho en referencia a la situación de Carlos Barón Knoll, en concurso ideal con el delito de prevaricato y también en concurso real con el resto de los delitos por los que se los ha indagado y procesado. También requirió la detención de Barón Knoll como coautor penalmente responsable de cohecho activo agravado, un delito por el que Octavio Billi, Facundo Alzogaray y Francisco Castro fueron citados a prestar declaración.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió se ordene el registro del estudio jurídico de Billi y Alzogaray, y también el Castro y la vivienda de Knoll, a fin de secuestrar toda documentación vinculada con el caso como así también sus teléfonos celulares.