01 de octubre de 2022
01 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervención del fiscal Dante Vega y la Procelac
Mendoza: imputaron a dos hijos del juez federal Walter Bento y los llamaron a declaración indagatoria por lavado de activos
Ambos están acusados de adquirir inmuebles, explotar locales comerciales y participar en la compraventa de automóviles para darle apariencia lícita a dinero proveniente de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores judiciales. El Ministerio Público Fiscal solicitó además la prohibición de salida del país de los dos acusados, y la retención de sus documentos de viaje. Fueron convocados a declarar para el 30 de marzo.

El juez federal subrogante Leopoldo Rago Gallo hizo lugar ayer al pedido formulado por el fiscal general subrogante de Mendoza Dante Vega, en conjunto con Mario Alberto Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y convocó a declaración indagatoria a dos hijos del juez federal de Mendoza Walter Bento, procesado por liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de conceder beneficios judiciales. Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel Bento -citados a declarar para el 30 de marzo próximo- fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de ser coautores junto a su padre y su madre, Marta Isabel Boiza, del delito de lavado de activos de origen ilícito. La fiscalía solicitó además la prohibición de salida del país de los dos acusados, y la retención de sus documentos de viaje.

El 26 de julio pasado, Walter Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor. Al mismo tiempo, se resolvió también su procesamiento y el de su pareja, Marta Isabel Boiza, por enriquecimiento ilícito en concurso real con lavado de activos de origen delictivo, en calidad de coautores.

Los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir del año 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un  incremento de operaciones vinculadas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y realización de una gran cantidad de viajes al exterior. Del análisis global de la prueba valorada surgen elementos indicadores de la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo, ya que el patrimonio de los procesados y de su grupo familiar no es compatible con el que legítimamente podrían disponer. 

Según la acusación, Nahuel y Luciano Bento participaron activamente de la puesta en circulación de fondos de procedencia ilícita al adquirir bienes muebles e inmuebles, como también realizar inversiones y numerosos viajes al exterior.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía, Walter Bento y Boiza incorporaron bienes al patrimonio mediante la realización de actos jurídicos concretos (compras, ventas, donaciones, participación en fideicomisos, administración) con un grado de simulación suficiente para aparentar su legalidad, con la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre sus tres hijos, a cuyo nombre han sido inscriptos la mayor parte de los bienes adquiridos, para lograr su desvinculación con los delitos investigados.

Según la acusación, Nahuel y Luciano Bento participaron activamente de la puesta en circulación de fondos de procedencia ilícita al adquirir bienes muebles e inmuebles, como también realizar inversiones y numerosos viajes al exterior. Todas estas maniobras tenían además la finalidad de darle apariencia lícita a dinero con origen delictivo mediante su incorporación al sistema económico formal. 

Nahuel Bento fue señalado por adquirir un departamento, una cochera y una baulera, cuatro automóviles cero kilómetro y distintos locales comerciales y su posterior explotación económica. Su hermano también está investigado por la compra de tres inmuebles, y la compra y venta de dos rodados. En ambos casos, para el Ministerio Público Fiscal los montos de las operaciones no tienen correlación con los niveles de ingresos monetarios de los acusados. 

En su dictamen, Vega y los cotitulares de la PROCELAC remarcaron que el juez Walter Bento está acusado de liderar una organización que tenía como principal objeto beneficiar ilícitamente a personas imputadas por graves delitos federales en procesos penales sustanciados en el juzgado a su cargo, para lograr la obtención de la libertad o la desvinculación de la causa, en principio a cambio de la entrega de sumas de dinero. De esto se desprende también la inferencia de un supuesto delito de lavado de activos con la finalidad de canalizar el dinero en el mercado formal para darle así apariencia lícita. Para el Ministerio Público Fiscal, estas ganancias ilícitas se tradujeron en un incremento patrimonial ilícito y la necesidad de dar apariencia de legalidad a los bienes que obtuviera con ese producido, con la intención de disimularlo con los ingresos lícitos de Bento, su esposa y sus hijos. 

En relación a las inversiones realizadas en fideicomisos, la fiscalía señaló que si bien el juez Bento y Boiza a la fecha no detentan derecho alguno sobre esos contratos comerciales ya que se encuentran a nombre de sus hijos, los fondos utilizados para su adquisición provienen en parte del patrimonio de la sociedad conyugal en el que se confunden los ingresos lícitos (sueldos del Poder Judicial) y fondos de origen ilícito (cobro de coimas para obtener una resolución determinada de parte del juez federal).