07 de julio de 2022
07 de julio de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de la fiscal Gloria André
Mendoza: solicitaron condenas de hasta nueve años de prisión para catorce personas acusadas de contrabando desde Chile hacia Argentina
La lista de imputados incluye comerciantes de ambos países, transportistas y agentes de aduana locales que a lo largo de dos años habrían ingresado mercadería al país sin declarar por un monto cercano a los 350 millones de pesos.

La titular de la Fiscalía General N° 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, Gloria André, solicitó penas de hasta nueve años de prisión para 14 personas acusadas de contrabando desde Chile hacia la Argentina. La lista de imputados incluye a comerciantes de ambos países, transportistas y agentes de aduana locales que a lo largo de dos años habrían ingresado al país mercadería sin declarar por un monto cercano a los 350 millones de pesos. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces María Paula Marisi, Alberto Carelli y Alejandro Piña está a cargo de las audiencias que se realizan bajo modalidad virtual con un cronograma semanal. Cabe resaltar que la representante del Ministerio Público Fiscal completó su alegato en la audiencia 53 del debate, que comenzó en abril de 2021. A lo largo del proceso declararon más de noventa testigos que, junto con las indagatorias que prestaron algunos de los imputados, superan las cien declaraciones.  

En su alegato, la fiscal André solicitó nueve años de prisión para José Rodríguez Núñez y para Daniel Martínez Pinto por liderar una asociación de tres o más personas destinada a cometer delitos y por tres hechos de contrabando agravado. En el caso de Eugenio Nasi Pereira, el pedido fue de seis años y seis meses por considerarlo integrante de la asociación y por dos hechos de contrabando agravado. La misma pena requirió para Jorge Rojas Huerta y Adrián Fourcade Salassa por integrar la banda y por un hecho de contrabando.

Para Carlos Barón Kroll y Nam Ho Park Lee, André solicitó cinco años y seis meses de prisión por considerarlos integrantes de la asociación ilícita y por la comisión de un hecho de contrabando agravado, mientras que para Ángel Palumbo Cerdán el pedido fue de cuatro años y seis meses por ser miembro de la organización.

Por otra parte, para Mario Manuel Rodríguez el MPF solicitó cuatro años y seis meses de prisión por considerarlo coautor del delito de "disimular mercadería que debía someterse a control aduanero con motivo de su importación, con el agravante de la intervención de tres o más personas, siendo una de ellas funcionario o empleado del servicio aduanero, mediante documentos adulterados o falsos y con un valor de mercadería superior a los tres millones de pesos". Por el mismo delito, se requirió para Juan Alberto Oliva Soria una condena de cuatro años y dos meses de prisión.

Por último, para Pedro Emilio Escárate Vera, Juan Marcelo Agüero Bustos, Sergio Nicolás Agüero Bustos y Sebastián Horacio Espejo Reyes, la fiscalía solicitó cuatro años de prisión por considerarlos coautores de "importar mercadería sin control aduanero, con la intervención de tres o más personas mediante la presentación de documentación aduanera falsa o adulterada y con un valor de mercadería superior a los tres millones de pesos".

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por Fernando Alcaraz, Rodríguez Núñez y Daniel Martínez Pinto, junto Zheng “Esteban” Cheng, actualmente prófugo, lideraban una asociación ilícita que operó en la provincia de Mendoza desde al menos octubre de 2016 hasta julio de 2018. La banda se dedicada al contrabando de mercadería extranjera de distintos géneros desde la República de Chile a Argentina. La maniobra se llevaba a cabo mediante la presentación de documentación apócrifa para poner a disposición de terceras personas la mercadería que luego era vendida en la provincia de Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Para el Ministerio Público Fiscal, la asociación habría contado también con la intervención de Park Lee, Fourcade Salassa, Nasi Pereira, Rojas Huerta, Barón Knoll, Palumbo Cerdán y Jorge Andrés Carreño Rivet, prófugo a la fecha. En este esquema, Martínez Pinto, Rodríguez Núñez y el también prófugo Cheng dirigían el accionar del resto de los imputados, a quienes les impartían órdenes para la ejecución de los hechos de contrabando que supervisaban desde su ideación hasta la puesta en ejecución, interviniendo directamente en cada una de las etapas desde la República de Chile hasta la distribución en distintas provincias argentinas. 

Los líderes de la asociación contaban con dinero en efectivo en moneda estadounidense para poder llevar a cabo sus maniobras, provisto por Cheng y también por Palumbo Cerdán, que además proporcionaba a la organización tres oficinas en Chile, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. De acuerdo a la acusación, en cada una de esas oficinas se recibían pagos de los clientes en dólares o en cheques al recibir la mercadería. Luego, Palumbo Cerdán les entregaba en dinero a Rodríguez Núñez, a Martínez Pinto y a Nasi Pereira para que pudiesen costear los gastos de logística que requería la ejecución de las maniobras que llevaban adelante con su organización criminal.

En mayo de 2018 Martínez Pinto y Rodríguez alquilaron un galpón en la localidad mendocina de Coquimbito para almacenar la mercadería ingresada subrepticiamente al país, su acondicionamiento y posterior despacho. De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, Nasi Pereira coordinaba la recepción de las cargas ilícitas en el galpón y supervisaba su posterior traslado desde allí hasta la empresa de transporte de cargas Andesmar para que fuera despachada por encomienda a los destinatarios finales, quienes luego pagaban mediante depósitos en las oficinas que se vinculaban a Palumbo Cerdán.

Al momento de elevar la causa a juicio, el agente aduanero Mario Rodríguez había sido calificado por un solo hecho de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, a lo largo del debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación de la acusación y que se lo imputase por contrabando, junto con el pedido de que se extraigan testimonios para que se investigue la intervención del resto de los posibles involucrados.