Ante el Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de Mendoza comenzó esta semana el juicio a trece personas acusadas de contrabando de mercaderías desde Chile hacia la Argentina. Entre los imputados se encuentran comerciantes de ambos países y agentes de aduana locales. A lo largo de dos años, la organización habría ingresado al país mercadería sin declarar por un monto mayor a sesenta millones de pesos. En la causa interviene la Fiscalía General N°2 ante ese órgano judicial, a cargo de Gloria André. 

Con el tribunal compuesto por los jueces María Paula Marisi, Alberto Carelli y Alejandro Piña, el juicio se desarrolla bajo modalidad virtual y se estableció un cronograma semanal de audiencias pautadas para los martes. En la primera jornada se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, y se estima que los testigos sean citados a declarar a partir de la tercera audiencia.

Las personas mencionadas en la elevación a juicio son José Rodríguez Núñez, Daniel Martínez Pinto, Adrián Fourcade Calassa, Ángel Palumbo Cerdán y Sergio Espejo Reyes. También fueron citados a juicio el transportista Eugenio Nasi Pereira, el chofer Sergio Agüero Butos y su hermano Juan Marcelo, y los funcionarios de la Dirección General de Aduana Carlos Barón Knoll y Mario Rodríguez Iturralde. La acusación también incluye al ciudadano coreano Nam Ho Park Lee, y a los empresarios chilenos Jorge Rojas Huerta y Pedro Escárate Vera.

Las maniobras investigadas

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de la causa, José Rodríguez Núñez y Daniel Martínez Pinto, junto a un hombre de nacionalidad coreana identificado como Zheng “Esteban” Cheng, lideraban una asociación ilícita que operó en la provincia de Mendoza desde al menos octubre de 2016 hasta julio de 2018, dedicada al contrabando de mercadería extranjera de distintos géneros, desde la República de Chile a la Argentina. Para ello, se valían de la presentación de documentación falsa para poner a disposición de terceras personas la mercadería y que sea comercializada en la provincia de Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

De la investigación surge además que la asociación habría contado también con la intervención de Nam Ho Park Lee, Adrián Fourcade Salassa, Eugenio Nasi Pereira, Jorge Rojas Huerta, Carlos Barón Knoll, Ángel Palumbo Cerdán y Jorge Andrés Carreño Rivet, prófugo a la fecha. Martínez Pinto, Rodríguez Núñez y el también prófugo Cheng serían los líderes de la organización, dado que dirigían el accionar del resto de los imputados, a quienes les impartían órdenes para la ejecución de los hechos de contrabando que supervisaban desde su ideación hasta la puesta en ejecución, interviniendo directamente en cada una de las etapas desde la República de Chile hasta la distribución en distintas provincias argentinas. 

Los líderes contaban con dinero en efectivo en moneda estadounidense para poder llevar a cabo sus maniobras, provisto, según el MPF, por Cheng y también por Palumbo Cerdán, que además proporcionaba a la organización tres oficinas en Chile, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En cada una de esas oficinas se recibían pagos de los clientes en dólares o en cheques al recibir la mercadería. Luego, Palumbo Cerdán les entregaba en dinero a Rodríguez Núñez, a Martínez Pinto y a Nasi Pereira para que pudiesen costear los gastos de logística que requería la ejecución de las maniobras que llevaban adelante con su organización criminal.

Además, en mayo de 2018 Martínez Pinto y Rodríguez alquilaron un galpón en la localidad mendocina de Coquimbito para almacenar la mercadería ingresada subrepticiamente al país, su acondicionamiento y posterior despacho. Por su parte, de acuerdo a la pesquisa, Nasi Pereira coordinaba la recepción de las cargas ilícitas en el galpón, y supervisaba su posterior traslado desde allí hasta la empresa de transporte de cargas Andesmar para que fuera despachada por encomienda a los destinatarios finales, quienes luego pagaban mediante depósitos en las oficinas que se vinculaban a Palumbo Cerdán.

La logística requerida

Los jefes y organizadores de esta asociación ilícita programaban otros aspectos necesarios de la logística de transporte de la mercadería, incluyendo su ocultamiento, la confección de la documentación apócrifa -que proveían a los ejecutores directos de los hechos de contrabando para que la utilizaran ante la autoridad pública para dar apariencia de legalidad a la mercadería que importaban sin declarar debidamente-, y hasta generaban los acuerdos necesarios con funcionarios de Aduanas para que omitiesen el debido control de los medios de transporte o actuasen bajo la apariencia de cumplir con su deber, empleando la documentación falsa, que quedaba registrada en sistema.

Según el requerimiento de elevación a juicio, para llevar a cabo estas maniobras, Martínez Pinto y Zheng constituyeron en Chile una sociedad cuyo nombre de fantasía era «Nila Inversiones», mediante la que realizaban las importaciones desde China hacia Chile, luego descargaban en zonas francas aduaneras de aquel país y posteriormente trasladaban a depósitos o bodegas que controlaban Rodríguez Núñez, Martínez Pinto, Jorge Alejandro Rojas Huerta y Zheng Cheng, para su almacenamiento. A partir de allí, actuaban Rojas Huertas a pedido de Zheng Cheng, Rodríguez Núñez y Martínez Pinto para acondicionar mercadería en medios de transporte que proveía Carreño Rivet o que conseguían de Escárate Vera, por medio de Nasi Pereira.

Rodríguez Núñez y Martínez Pinto viajaban hacia Chile previamente a la concreción de cada hecho de contrabando, y coordinaban y supervisaban la carga y ocultamiento de la mercadería en los medios de transportes que Rojas Huertas y sus ayudantes realizaban, previo a su envío hacia la Argentina. La principal modalidad de ocultamiento era la denominada «tapa», que consiste en interponer mercadería paletizada desde el piso hasta el techo en el ingreso a un semirremolque de tipo térmico, que al abrir las puertas impedía la visión de lo que se encontraba detrás.

La organización contaba también con respaldo de funcionarios de Aduana en la Argentina. Uno de ellos habría sido Carlos Barón Knoll, que se desempeñaba como jefe de turno en el punto ACI Uspallata. Se le atribuye haber aportado los conocimientos necesarios sobre el circuito de control de transportes con carga y, mientras él se desempeñó como Jefe de Turno, su compromiso era no efectivizar el debido control aduanero, facilitando el ingreso y paso de los camiones que ingresaban desde Chile. También era vital, para el MPF, el aporte de Adrián Fourcade Salassa para asegurarse los acuerdos aduaneros y hacer llegar los pagos pactados y, en cada hecho, la comunicación con los funcionarios aduaneros implicados y las instrucciones directas de cómo debía actuar cada conductor de los medios de transporte que traían mercadería oculta. En efecto, a esta persona se le endilgan los conocimientos aduaneros suficientes para este tipo de operatorias, ya que antes se habría desempeñado como dependiente de despachante de aduana. De esta manera, Fourcade Salassa habría perfilado el alcance efectivo de la operatoria de la organización criminal ante el servicio aduanero argentino.

La banda fue finalmente desbaratada en julio de 2018, con una serie de operativos y allanamientos que incluyeron la detención de los imputados y el secuestro de mercadería sin declarar con un precio de venta calculado en más de veinte millones de pesos. 

La calificación legal

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Fernando Alcaraz calificó la conducta de José Rodríguez Núñez y Daniel Martínez Pinto como líderes de una organización delictiva integrada por tres o más personas, en calidad de coautores y en  concurso real con infracciones al Código Aduanero, mientras que enmarcó las de Fourcade Salassa, Park Lee, Nasi Pereira, Rojas Huerta, Palumbo Cerdán y Barón Knoll como integrantes.  

Escárate Vera, Juan y Sergio Agüero Bustos y Espejo Reyes llegan a juicio acusados de infracciones al Código Aduanero por importar o exportar mercadería sin someterla a control de aduana, mientras que el agente de aduana Mario Rodríguez deberá responder por tergiversar los resultados del escáner del ACI Uspallata, previsto en el artículo 248 del Código Penal.