La Fiscalía Federal Nº 2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, requirió la elevación a juicio de once personas procesadas en una causa en la que se investigan los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación de mercaderías cometidos entre 2017 y 2018. 

Luego de casi cuatro años de investigación penal se logró desarticular, en el marco de la causa FMZ 35072/2016 instruida por el Juzgado Federal º1 de Mendoza, una asociación criminal constituida, al menos, por 11 personas. Dos de ellas todavía se mantienen prófugas con orden de captura, mientras que el resto ya fueron indagadas, procesadas y acusados por los delitos de asociación ilícita -artículo 210 del Código Penal- y por tres hechos de contrabando de importación de mercaderías de origen extranjero, todos ellos agravados por distintas modalidades del artículo 865 del Código Aduanero -ley 22.415-. De acuerdo a la acusación, los contrabandos fueron cometidos a lo largo del 2017 y primera mitad del 2018 y versaron mayoritariamente sobre ropa, telas y electrónica, por un valor estimado en 56 millones de pesos. Habrían contado, en uno de los hechos, con complicidad de un miembro del servicio aduanero argentino, y en los restantes con cobertura de algún funcionario de ese organismo.

Las maniobras investigadas

Según la fiscalía federal interviniente, los autores presentaban ante la autoridad aduanera -generalmente con connivencia de los funcionarios de turno- un manifiesto de porte -declaración de mercadería transportada- apócrifo, conservando otro juego de la misma especie con la carga verdadera y/o con declaraciones falaces. 

La mercadería que se ingresaba ilegalmente al país provenía de países asiáticos y llegaba a América del Sur por vía de los puertos de Valparaíso o San Antonio de la República de Chile. Luego era transportada y acopiada en la zona franca de Iquique, del mismo país. Allí era acondicionada en camiones de bandera chilena. En cada uno de los hechos se advirtió la participación de distintas empresas de transporte del vecino país. Por ejemplo, la acusación alcanzó a un empresario chileno de transporte internacional de cargas como interviniente en el primer hecho de contrabando impedido en marzo de 2017, que contó además con la intervención de tres transportistas de nacionalidad argentina. Por el segundo hecho de contrabando de importación, verificado el 16 de noviembre de 2017, el dueño de la firma de transportes, también de nacionalidad chilena, se encuentra prófugo con pedido de captura internacional; se le atribuye su grado de participación como miembro activo de la asociación ilícita.

La fiscalía que encabeza Alcaraz indicó que la organización delictiva habría contado con la participación de un funcionario de la Administración General de Aduanas, sobre quien consideró comprobado que en el episodio del 16/11/2017 se encargó de orientar a los miembros de la asociación ilícita en cada uno de los pasos del circuito de importación que debían realizar dos transportistas -uno chileno y otro argentino- para poder simular un control aduanero prácticamente inexistente por el dominio delictivo que tenían de las instancias aduaneras internas. 

Crimen organizado transnacional y colaboración entre jurisdicciones

Asimismo, la compleja estructura criminal montada alrededor de los hechos de contrabando contaba con un financiamiento previo que permitía el pago de las mercaderías y gastos de logística en Santiago de Chile, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ciudad de Mendoza. Para ello habrían contado con los servicios de una persona que se dedicaba al cambio irregular de divisas. De esta manera se cerraba un circuito que conectaba el tráfico de dos importantes ciudades de Latinoamérica, teniendo a la Provincia de Mendoza como un punto operativo intermedio de la mercadería antes de su despacho final.

Entre los empresarios chilenos de transporte y los jefes de la asociación ilícita -dos de ellos de nacionalidad argentina y otro de origen chino pero nacionalizado argentino- se encontraban dos figuras claves que enlazaban a estos: se ocupaban de la logística de las cargas en Chile -una persona de nacionalidad chilena- y en Mendoza -de nacionalidad argentina-. Además, quien operaba logísticamente en Mendoza también era socio de los empresarios chilenos de transporte, cerrando el circuito operativo como una gran empresa ilícita con alcance regional.

La investigación del Ministerio Público Fiscal contó con la colaboración del Departamento de Escuchas Telefónicas y Coordinación Investigativa de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de Mendoza y de la División Investigativa Narcotráfico Central Interior de AFIP-DGA -ex División Control Operativo 4-, lo cual permitió aunar esfuerzos y establecer una hipótesis delictiva que excedía a simples y aislados hechos de contrabando. 

Gran parte de la mercadería ingresada burlando los controles aduaneros argentinos tenía como destino de comercialización la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se consideró  relevante la actuación de uno de los jefes del grupo criminal, de origen chino y nacionalizado argentino, y otra persona nacionalizada argentina, de origen surcoreano, que se encargarían de recibir las mercaderías, comercializarlas y distribuirlas a gran escala en esos lugares.

Paralelamente, en el Juzgado Federal de la Provincia de Salta, con intervención del fiscal general Carlos Martín Amad, algunos de los miembros fueron investigados en este período de tiempo por maniobras similares cometidas allí y en Jujuy. En este marco, el mencionado Juzgado Federal dispuso la detención del ciudadano nacionalizado argentino, de origen surcoreano, y sospechaba de la activa participación del ciudadano de origen chino, todavía prófugo en la causa tramitada en la Justicia Federal de Mendoza. Con motivo de esta relación de objetos de investigación, se resaltó el trabajo coordinado de los fiscales federales de Mendoza y de Salta, Alcaraz y Amad, que en sus respectivas jurisdicciones avanzaron en sendas pesquisas en torno a crimen económico organizado transnacional.