El fiscal Pablo Recchini, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, le solicitó al juez Luis Schelgel, que indague al médico Aníbal Lotocki, en relación al homicidio con dolo eventual del paciente Christian Adolfo Zárate, ocurrido el 16 de abril de 2021, tras las complicaciones de una intervención quirúrgica programada.

El caso

El 15 de abril de 2021, Zárate -de 50 años- ingresó a la clínica “Cemeco”, ubicada en la calle Colpayo 20 del barrio porteño de Caballito, para realizarse una dermolipoctomía programada, consistente en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo, tras lo cual quedó en observación.

Sin embargo, en la mañana del viernes, el hombre se descompensó y fue intubado, al tiempo que personal de la clínica se comunicó con su obra social, desde la que enviaron una ambulancia, cuyos médicos advirtieron la complejidad del cuadro y convocaron a una segunda ambulancia, los profesionales que intervinieron señalaron que el hombre estaba “mal intubado”. En ese momento, el paciente Zárate sufrió un paro cardíaco, y falleció luego de que intentaran reanimarlo, por lo que se dio intervención al SAME, que constató el fallecimiento y comunicó el hecho a la Comisaría de la zona, donde Lotocki quedó demorado.

En un primer momento, el juez Luis Schelgel instruyó la investigación como “averiguación de causales de muerte” y dispuso el allanamiento de la clínica, a fin de obtener la documentación sobre el procedimiento quirúrgico practicado. Tras el resultado de la medida, Lotocki quedó formalmente imputado por el delito de homicidio doloso y tras su indagatoria, su defensa solicitó su excarcelación, pero el fiscal Recchini se opuso a ello.

En mayo de 2021, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Lotocki, por alteración de prueba, aunque la investigación continuó para determinar la responsabilidad del médico en la muerte de Zárate.

El pedido de la fiscalía

En julio de 2022 se incorporó al expediente el informe de la Junta Médica ordenada, en abril de 2021, por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60. En dicho documento, los especialistas concluyeron que Zárate -quien tenía antecedentes de diabetes tipo II, tabaquismo y recientemente había padecido COVID-19- falleció a consecuencia de “una severa congestión meningo encefálica y congestión y edema pulmonar provocados por un desequilibrio hemodinámico que no logra ser compensado a raíz de un acto quirúrgico con múltiples vías de abordaje (…), al que se adiciona antecedentes clínicos, metabólicos, reposición insuficiente de fluidos, ausencia de controles médicos y de laboratorio, enfermería y sin [registro] de correcciones ni controles de glucemia, electrolitos, fluidos y dolor postoperatorio”.

En virtud de ello, el fiscal Recchini solicitó que se indagara a Lotocki como autor de homicidio simple con dolo eventual.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “Aníbal Lotocki tomó una decisión voluntaria y consciente al llevar adelante la cirugía que desencadenó la muerte de Zárate, la cual incluyó los dos presupuestos que requiere el elemento subjetivo indicado, la representación seria y concreta del peligro de muerte, y su aceptación como un resultado posible”. Agregó que el médico “se representó el alto riesgo de muerte ya que (…) conocía perfectamente los antecedentes clínicos del paciente”.

La fiscalía también señaló que la Clínica Cemeco estaba habilitada para este tipo de prácticas, aunque presentaba serias infracciones legales e irregularidades administrativas, tales como que carecía de un director médico a cargo; que Lotocki no es un médico especializado en cirugía general ni cirugía plástica y reparadora registradas. Además, el médico había alquilado el quirófano donde se realizó la práctica -aunque el contrato no era válido, por carecer de la firma del dueño de la clínica- y que la institución contratada para trasladar pacientes en casos de complicaciones había cambiado de razón social, por lo cual se desconocía si los recibiría en caso de emergencia. Por otra parte, las pruebas recabadas durante la investigación indican que, ante la posibilidad de que las autoridades sanitarias suspendieran las intervenciones quirúrgicas que no fueran urgentes, dado la situación crítica de ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva por pacientes contagiados con COVID-19, el médico imputado se apresuró a practicar la intervención que, dados los antecedentes del paciente, debería haberse hecho en distintas instancias.

En virtud de todo ello, el fiscal Recchini entendió que la evidencia “demuestra claramente que Aníbal Lotocki a pesar de tener conciencia de los riesgos a que sometía a su paciente, no solo previó la posibilidad de la muerte, sino que la aceptó y actuó según sus propios intereses, operar a toda costa antes de la veda y cobrar sus honorarios”.