La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, Silvana Russi, le solicitó a la jueza Karina Zuconni, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°15, la elevación a juicio oral y público de la investigación seguida contra un comerciante acusado de abusar sexualmente de una joven venezolana, a la que había empleado para trabajar en su local, en el barrio porteño de Once.

La pieza acusatoria señala que el inicio del caso se remonta a unos días previos al hecho imputado, cuando el ahora acusado publicó una oferta laboral en el grupo “Venezolanos en Argentina”, en la red social Facebook. La víctima, de 18 años, vio el mensaje y contactó al hombre, quien le explicó los requisitos para el empleo y le dio su teléfono celular, para continuar la conversación a través de WhatsApp y pactar la cita para la entrevista.

Así, el 20 de enero la joven concurrió a local en el horario pautado, pero el hombre -que hablaba con otra mujer- le dijo que se presentara otro día, para más tarde volverla a contactar por WhatsApp e invitarla a cenar, lo cual fue rechazado por la víctima. En la tarde del día siguiente, el imputado volvió a escribirle para citarla en ese momento en el local, pero la víctima le respondió cerca de la noche, por lo que pautaron la entrevista para la jornada posterior. Asimismo, la madre de la víctima se comunicó con el imputado para aclararle que su hija iría sólo a la entrevista y que no iría a cenar con él.

Finalmente, el 23 de enero la víctima concurrió al local, pero como se encontraba aún con las persianas bajas, le avisó a su madre, quien llamó nuevamente al hombre para avisarle que la joven estaba frente al comercio. Minutos después, apareció el imputado, quien la hizo pasar y le explicó los detalles del trabajo, al tiempo que le hacía preguntas sobre cuestiones privadas. El local abrió a las 10.00 de la mañana y el imputado se retiró a la trastienda, mientras que la víctima se quedó en el salón de ventas. En un momento, el hombre se le acercó y le quiso robar un beso, le preguntó si le gustaba el vodka y le refirió que “necesitaba una pareja para que se quedara con el negocio y así poder abrir otra sucursal”.

La fiscal consideró la existencia de un "patrón de conducta y la premeditación del imputado, que seleccionaba especialmente a personas vulnerables, mujeres de muy corta edad, en su mayoría de nacionalidad extranjera y sin vínculos familiares en el país".

De acuerdo con la acusación, la víctima le escribió a su madre -que estaba cuidando a su marido en un hospital- y le contó lo sucedido, frente a lo cual la mujer le dijo que no bebiera nada. Pasado el mediodía, el hombre bajó las persianas del lugar, y le ofreció a la joven algo para tomar. Ella respondió que sólo bebería agua. La chica luego le avisó a su madre que había tomado agua porque tenía sed. Cerca de las 14.00, la madre le preguntó si estaba todo bien y la chica le respondió que se quería ir y que estaba asustada, tras lo cual, ante la pregunta de si el local estaba abierto, le respondió que “lo cerró”. Al recibir un mensaje donde la joven daba cuenta que se sentía mal y sospechaba que el dueño del local la había drogado, la hermana de la chica alertó a su madre, quien se comunicó al 911 y concurrió al lugar.

El requerimiento de elevación a juicio señala que, mientras tanto, el imputado aprovechó que la víctima estaba confundida e indefensa -tras haber ingerido la bebida que él le dio- la desvistió y abusó sexualmente de ella, causándole lesiones, tras lo cual volvió a ponerle la ropa.

Cuando la madre de la chica llegó al local se encontró con la policía -que había llegado alertada por el llamado al 911-, a quienes advirtió lo que ocurría. Así, los efectivos policiales comenzaron a golpear la persiana del lugar. Entonces apareció el imputado, quien dijo que no podía atenderlos. Como las llaves estaban puestas del lado de adentro, uno de los oficiales logró que cayeran al suelo y luego pudo tomarlas para abrir e ingresar al lugar, donde encontraron a la víctima desvanecida y en shock -por lo que debió ser trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde se constató el abuso- y al imputado, quien trato de fugarse pero fue detenido.

La investigación demandó seis meses y contó con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación y de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. En base a las contundentes pruebas recolectadas en la pesquisa -que incluyeron pruebas genéticas y toxicológicas, y el análisis de las comunicaciones y mensajes de texto del imputado por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)-, la fiscal Russi requirió la elevación a juicio  del imputado como autor del delito de abuso sexual agravado por su comisión con acceso carnal.

En la acusación, la fiscal consideró la existencia de un “patrón de conducta y la premeditación del imputado, que seleccionaba especialmente a personas vulnerables, mujeres de muy corta edad, en su mayoría de nacionalidad extranjera y sin vínculos familiares en el país, a quienes captaba vía Internet so pretexto de ofrecerles trabajo, aprovechándose de sus necesidades económicas”. También tuvo por probado que la joven fue intoxicada con etanol -ya que se encontró dicha sustancia en la sangre de la chica-, lo que implicó “la ausencia de consentimiento de la víctima y de su facultad de autodeterminarse respecto al uso de su propio cuerpo en la esfera sexual”.