El Ministerio Público Fiscal solicitó que se condene a 3 años de prisión de ejecución condicional a un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina acusado de haberse apropiado en 2015 de cerca de dos millones de pesos correspondientes al pago del canon por el uso de un predio estatal en el que funcionó un parque acuático de la empresa Mundo Marino, en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú. Además, requirió que se le imponga el pago de $315.466.000 como reparación por el perjuicio económico ocasionado.

El pedido fue formulado el miércoles pasado por el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, en representación de la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, a cargo del fiscal general Marcelo Colombo, en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8 —integrado por las juezas Sabrina Namer y Gabriela Iníguez y el juez Nicolás Toselli—, en el marco de un juicio oral iniciado el 10 de febrero pasado, que tiene como imputado al capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz (44).

De acuerdo con la acusación, el imputado sustrajo entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 un total de 1.849.000 pesos correspondientes al canon anual que debía abonar la empresa usufructuaria de ese predio de la Armada, para lo cual llevó a cabo distintas maniobras destinadas a evitar que los fondos ingresaran en la cuenta recaudadora o escritural del organismo —desde la cual no podría disponerlos— y, por el contrario, le fueran entregados directamente a él. También se le atribuyó haber realizado otras maniobras para ocultar operatoria.

Para el Ministerio Público Fiscal, la conducta encuadra en el delito de peculado, contemplado en el artículo 261 del Código Penal y que sanciona al funcionario público que sustrae caudales cuya administración le ha sido confiada en razón de su cargo.

La maniobra

En su alegato, la fiscalía sostuvo que el imputado, como responsable de la División Tesorería del Servicio de Hidrografía Naval, concretó distintas maniobras para apropiarse del dinero correspondiente al pago del canon anual que debía abonar la empresa Mundo Marino, concesionaria del predio donde funcionó el parque Bahía Aventura, en el marco del convenio de uso compartido celebrado en 1997.

Según lo expuesto por Yivoff, los hechos ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2015, cuando el acusado intervino en el circuito de cobro del canon y, a través de una nota, le comunicó a la empresa la supuesta existencia de modificaciones dispuestas por el Ministerio de Economía en la modalidad de pago —que no eran verídicas— para que el importe del canon fuera abonado a través de sendos cheques a nombre del Servicio de Hidrografía Naval y no por transferencia bancaria como se hacía habitualmente.

El auxiliar fiscal explicó que el imputado recibió los cheques solicitados y tras endosarlos, los documentos fueron presentados al cobro por terceros y rechazados por cuestiones de forma. Siempre según lo reconstruido en la investigación, luego de ello, el acusado gestionó con las autoridades de Mundo Marino la entrega de un nuevo juego de cheques que, endosos mediante, fueron depositados en una cuenta de la firma Recaudadora Centenario S.A., sin que el dinero ingresar a las arcas del Estado.

La fiscalía también tuvo por probado que, a los efectos de no despertar sospechas, por cada juego de cheques recibidos, el imputado entregó a las autoridades de Mundo Marino recibos apócrifos.

A su vez, el representante el MPF también reveló que el extesorero de la Armada utilizó su conocimiento del circuito administrativo para intentar encubrir el faltante generado por la maniobra para lo cual, entre otras cosas, imputó un giro de dinero recibido del Reino Unido, en concepto de venta de cartas náuticas, al supuesto pago del canon anual.

Yivoff sostuvo que la responsabilidad de Tapia Ruiz quedó acreditada a partir de distintos elementos de prueba, entre ellos, testimonios de personal del Servicio de Hidrografía y de la Armada, prueba documental y pericial incorporada al debate y las declaraciones prestadas por las autoridades de Mundo Marino, en tanto que descartó en forma tajante el supuesto complot en su contra que invocó el acusado a modo de defensa.

Pedido de reparación

En línea con lo previsto en el artículo 29 del Código Penal, la fiscalía solicitó que se ordene la reparación del daño ocasionado, con el objetivo de restituir —en la medida de lo posible— la situación al estado previo al delito.

Por tal motivo, a partir del perjuicio ocasionado al patrimonio estatal, Yivoff requirió que como parte de la condena se solicitó se le imponga a Tapia Ruiz una reparación por 315.466.089 pesos y que se afecte a ese pago un bien que ya se encuentra embargado.

El monto requerido, actualizado a la fecha, fue calculado con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) del MPF, cuya titular es María Fernanda Bergalli.

Tras la finalización del alegato del Ministerio Público Fiscal, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 1° de abril próximo, cuando se prevé que la defensa formule su alegato.