El fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, Leonel Gómez Barbella, junto al auxiliar fiscal Patricio Medina Torre -con la intervención del secretario adjunto Gonzalo Raúl Arrieta-, requirió al juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Carlos Bruniard, la elevación a juicio de la investigación seguida contra el presidente y el gerente comercial de la empresa transportadora de caudales CODECOP S.A., como autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de defraudación por retención indebida cometido contra diferentes empresas por montos que superan, sumados, los 1000 millones de pesos y 1,2 millones de dólares.

De acuerdo con la acusación, los imputados se habrían quedado con dinero que debían trasladar y/o resguardar, en virtud de los contratos de prestación de servicios oportunamente celebrados, para el Banco Galicia, la empresa Arcos Dorados S.A. (ADASA) -responsable de los restaurantes de comida rápida McDonald´s- y el Grupo Codere, que administra casas de juego y bingos en la provincia de Buenos Aires.

La investigación que llegará a debate oral fue motorizada por la fiscalía, en los términos del artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, dado que al inicio de los hechos se desconocían los autores. Tras los allanamientos y los pedidos de detención solicitados por la representación del MPF, el juzgado asumió la instrucción del caso.

El presidente de la firma acusado, identificado como L.D.Z., se encuentra detenido, mientras que el gerente comercial, individualizado como J.E.C.I., está excarcelado.

Los hechos

La investigación se inició el 9 de julio de 2021, por la denuncia del apoderado legal del Banco de Galicia y Buenos Aires, en la que dio cuenta que la empresa de caudales retuvo los fondos correspondientes a las remesas de las sucursales bancarias de Posadas, provincia de Misiones, y de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, por más de 370 millones de pesos (en rigor, $371.169.969,50), más de un 1,2 millones de dólares (U$S 1.235.760) y 42 mil euros. Previamente, tanto la entidad bancaria como el resto de las empresas afectadas habían enviado cartas documento con la intimación a los ahora acusados para intimarlos a que devolvieran las sumas, y ante la omisión formularon la denuncia.

El 26 de mayo de 2021, el Banco Galicia le solicitó a CODECOP el traslado y depósito de parte del dinero que tenían resguardado en la planta de la empresa de caudales, en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, el gerente comercial les informó que habían suspendido el servicio por registrar contagios del virus COVID-19 entre los empleados del establecimiento, sin especificar cuando regularizarían la actividad. Así, se inició una serie de reclamos para que se restituyeran las sumas de $332.217.026,75, U$S 155.760 y €42.000 pertenecientes al Banco Galicia.

En la acusación, la fiscalía solicitó que se continúe investigando a otras personas que habrían participado de las maniobras. Con la asistencia de la PROCELAC, solicitó una serie de medidas probatorias de carácter patrimonial.

Luego, la entidad bancaria amplió su denuncia en virtud de que CODECOP también retuvo $38.952.942,75 y U$S1.080.000 que estaban atesorados en la planta de la compañía de caudales, en la ciudad misionera de Posadas, y cuya entrega fuera solicitada el 8 de julio de 2021.

Por su parte, la firma Arcos Dorados Argentina S.A. también denunció a CODECOP para que les restituyan $642.769.056,50, U$S37.117,85 y 124.469,91 reales, que les fueran confiadas para su traslado, recuento, atesoramiento y eventual depósito, de acuerdo al contrato de prestación de servicios oportunamente celebrado. De acuerdo con la acusación, en este caso CODECOP comenzó a incumplir el contrato en julio de 2021.

Finalmente, los imputados habrían retenido la recaudación de los bingos operados por el Grupo Codere, por un monto superior a los 130 millones de pesos ($130.576.136), que -en base al contrato de servicios- tenían que trasladar, recontar, atesorar y, eventualmente, depositar conforme les fuera indicado. Los inconvenientes entre CODECOP y el Grupo Codere comenzaron en octubre de 2021.

En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8 se allanaron nueve domicilios en la ciudad de Buenos Aires, en distintas localidades bonaerenses y en la ciudad de Posadas. En el procedimiento realizado en las plantas que CODECOP tiene en Florencio Varela y Posadas, se lograron recuperar $363.326.910 y $7.843.060, pertenecientes al Banco Galicia. También, en las plantas de Florencio Varela y Mar del Plata se recuperaron $8.443.831,25, U$S 1.868,58, R$124.121,20 y € 3.268,77, que serían parte del dinero confiado por Arcos Dorados, y $1.786.980 del Grupo Codere. Finalmente, en la planta de Mar del Plata se secuestraron $618.916,25 que eran de la empresa que explota comercialmente los locales de McDonald’s.

El requerimiento de la fiscalía

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación, el fiscal Gómez Barbella y el auxiliar fiscal Medina Torre solicitaron al juez Bruniard que eleve a juicio la investigación contra el presidente y el gerente comercial de CODECOP S.A., L.D.Z. y J.E.C.I. como autor y partícipe necesario del delito de defraudación por retención indebida.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal consideró que el presidente de la firma de caudales “pese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar, y luego entregar al Banco Galicia, a ADASA y al Grupo CODERE, las millonarias sumas ya detalladas, las cuales se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo así indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas”.

Respecto al gerente comercial de la empresa de caudales, la fiscalía sostuvo en su acusación que “más allá de las circunstancias formales de contratación del imputado en la empresa CODECOP, este no sólo no ignoraba los pormenores del desvío del dinero en perjuicio de las empresas damnificadas, sino que además formó parte activa de las mismas, siendo el principal intermediario con ellas, y brindado respuestas evasivas a efectos de ganar tiempo ante los reclamos efectuados”.

Por otra parte, y dado que aún se investiga el destino de las sumas de dinero faltantes y la posible intervención de otras personas en la maniobra y la existencia de otros eventuales hechos, la fiscalía solicitó que se extrajeran constancias del expediente con pedido de elevación a juicio para profundizar la pesquisa a partir de varias diligencias probatorias de carácter patrimonial que fueron postuladas por la fiscalía junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (PROCELAC), que la asiste en el caso.

La solicitud de la fiscalía para profundizar la investigación tiene su anclaje en la declaración indagatoria de L.D.Z., quien refirió que todo se trataba de “‘una maniobra fraudulenta de Banco Galicia que pretende llevar un asunto comercial a la órbita de última ratio penal’ ya que el conflicto que pueda haberse suscitado entre las partes no es plausible de ser considerado como delito, tratándose de una cuestión comercial que fue traída a esta órbita de manera abusiva por el Banco Galicia con la intención de coaccionarlo, y de esa manera obtener un resultado favorable en sede comercial, en vez de ir por la vía idónea haciendo el reclamo correspondiente ante la aseguradora acordada por contrato”.

Sin embargo, días después, en una ampliación de su declaración indagatoria, L.D.Z. modificó su versión y señaló que existía un conflicto con el gremio de la planta de la empresa ubicada en el Gran Buenos Aires. Dijo que el problema fue escalando hasta que el dirigente gremial de la empresa le ofreció presentarle al integrante de la barrabrava de un club de fútbol, quien tenía injerencia en el gremio. Contó que este hombre logró imponerle personal de su confianza dentro de CODECOP y comenzó a solicitarle dinero para resolver los conflictos gremiales.

El acusado añadió que, como CODECOP tenía problemas financieros, uno de los “nuevos directivos” dispuso que se comenzara a utilizar el dinero que los clientes dejaban en resguardo para el pago de sueldos y otras cuestiones operativas, y que luego se compensaría. Explicó que, sin embargo, esas compensaciones fueron cada vez más esporádicas y comenzaron a faltar grandes sumas de dinero. Según dijo, las sumas fueron destinadas por los directivos de la empresa para la adquisición de un vehículo y una motocicleta de alta gama para el sujeto integrante de una barrabrava, entre otros bienes tales como propiedades rurales o una frecuencia radial.

Si bien la fiscalía entendió que la nueva versión de L.D.Z. tenía la intención de mejorar su situación procesal, dio intervención a la PROCELAC, a fin de llevar a cabo una investigación patrimonial que determine si hubo maniobras compatibles con el delito de lavado de activos.