La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó el archivo de la causa en la que el ex intendente de San Nicolás, dos de sus hijos y un funcionario de esa localidad están imputados por resistencia a la autoridad y ordenó que se les reciba declaración indagatoria. La resolución fue en línea con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, ya que el fiscal federal de esa jurisdicción Matías Di Lello había interpuesto un recurso de apelación que fue sostenido por su colega ante el tribunal revisor Claudio Palacín.

En la causa están imputados el ex jefe comunal nicoleño Ismael José Passaglia; sus hijos Manuel –actual intendente- y Santiago, y Danilo Petroni, a la época del episodio secretario de Gobierno del municipio. De acuerdo a la acusación, el 16 de septiembre de 2013 “habrían entorpecido, mediante empleo de insultos y amenazas, el cumplimiento de la orden de presentación y el allanamiento en subsidio” ordenado por el Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción sobre la sede municipal.

El procedimiento había sido encomendado para que se entregue una serie de registros con los originales de dos decretos, en el marco de una pesquisa por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la que se investiga si se utilizaron más de dos millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo nacional para una obra de pavimentación.

Los acusados “habrían entorpecido, mediante empleo de insultos y amenazas, el cumplimiento de la orden de presentación y el allanamiento en subsidio” ordenado por el Juzgado sobre la sede municipal.

La resolución de la Cámara Federal

El MPF recurrió el archivo de las actuaciones dispuestas por el Juzgado Federal N°2. Di Lello había concluido antes de ese fallo que "los imputados Ismael José Passaglia, Manuel Passaglia, Santiago Passaglia y Danilo Petroni se han opuesto deliberadamente mediante el uso de violencia verbal impartida hacia el personal policial así como judicial y del Ministerio Público Fiscal, al cumplimiento de una orden judicial".

Al resolver, la Cámara Federal rosarina valoró que los testimonios coincidieron en que “el procedimiento derivó en un allanamiento ante la negativa inicial de algunos funcionarios municipales y que si bien se pudo recabar la documentación requerida por el magistrado”, durante todo su transcurso “se habría manifestado una conducta reticente”, a través de “forcejeos que habrían entorpecido la obtención de la documentación colectada”. En esa línea, el tribunal de alzada recordó que también se habría entorpecido la confección del acta del procedimiento.

Los camaristas señalaron que “le asiste razón al Ministerio Público Fiscal en cuanto a que (…) el plexo probatorio colectado evidencia la existencia de motivos suficientes para inicialmente sospechar que los nombrados habrían participado en los hechos que se les pretende atribuir”. Por esos motivos revocaron el fallo -de noviembre del año pasado- e hicieron lugar a los pedidos de indagatoria formulados por la fiscalía.