El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Sebastián Ramos, decretó el procesamiento sin prisión preventiva de cinco integrantes del directorio de un laboratorio, tras considerarlos responsables del delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 258° del Código Penal, al tiempo que dispuso el embargo sobre sus bienes, hasta cubrir la suma de 150 mil pesos cada uno. La medida se da en el marco de la investigación iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo.

La pesquisa -en la que también intervino la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Jorge Di Lello-, se inició a raíz de la presentación efectuada por uno de los médicos del plantel del Servicio de Urología del Hospital César Milstein (ex Hospital Francés), en la que denunciaba que un médico -en su calidad de jefe de residentes- les había enviado un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el que los instruía para que sólo recetasen medicamentos del laboratorio y que, caso contrario, tendrían problemas.

El denunciante refirió que en la maniobra también estaban implicados otros dos médicos, quienes junto al jefe de residentes, a cambio de recetar a los pacientes de PAMI, los medicamentos de la farmacéutica, recibían cheques en sus cuentas personales –que alcanzaron un total de 94.802 pesos, distribuidos en treinta y ocho cartulares-, que fueron librados por los integrantes del directorio de entre abril de 2013 y 2015.

“Es un caso emblemático de corrupción en el cual se pudo probar la entrega de dinero a través de cheques que se emitían de la cuenta del laboratorio a las cuentas personales de los médicos”, destacó el fiscal Arzubi Calvo.

 

Oportunamente, los médicos fueron procesados en orden al delito de cohecho, conforme el artículo 256° del Código Penal de la Nación, y ahora el juez Ramos dispuso el procesamiento de los cinco directivos del laboratorio al momento de los hechos, en orden al delito de tráfico de influencias, al tiempo que trabó embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de 150 mil pesos cada uno.

El fiscal Arzubi Calvo celebró la decisión del magistrado y destacó que “es un caso emblemático de corrupción en el cual se pudo probar la entrega de dinero a través de cheques que se emitían de la cuenta del laboratorio a las cuentas personales de los médicos”. Asimismo, agregó que “es ejemplificador el hecho que se haya procesado a la totalidad del directorio de la firma y a los médicos de PAMI. Toda vez que la investigación englobó a toda la cadena delictiva, es decir a quienes cumplían funciones públicas, como así también a los privados”. Y concluyó: “Es importante que este tipo de investigaciones que afectan a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad avancen para que quienes lucran con la salud de los adultos mayores sean efectivamente sancionados”.