La Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la diputada nacional Aída Ayala por defraudación al Estado durante su actuación en 2016 como secretaria de Municipios del Ministerio del Interior. Asimismo, dos ex funcionarios y un proveedor fueron también acusados por el mismo hecho.

En su requerimiento, el fiscal Sabadini consideró que la diputada, valiéndose de su función de secretaria de Asuntos Municipales, direccionó la contratación con el municipio de Quitilipi a través de los funcionarios públicos Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, la compra de herramientas y maquinarias con precios más elevados que los establecidos por el mercado.

El sobreprecio

De acuerdo a la acusación, Ayala firmó el 28 de julio de 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de $960.093 a la firma Service Hogar, propiedad de uno de los imputados y beneficiario de la transacción. Según Sabadini “dichos fondos provenían del Estado Nacional los cuales han sido utilizados por Ayala y los demás imputados para que se abonen cifras exorbitantes perjudicando las arcas del Estado”.

En su requerimiento, el fiscal explicó cómo el sobreprecio habría sido demostrado por un informe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quitilipi, que efectuó las averiguaciones correspondientes en otras casas comerciales sobre los precios de las maquinarias y elementos comprados y llegó a la conclusión de que la suma pagada a Service Hogar era exorbitante.

El representante del Ministerio Público Fiscal manifestó además que la imputada omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, al aprobar posteriormente la rendición de cuentas y generar un “error en el estado que desembolsilló casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.

Acusaciones

El fiscal les atribuyó a los cuatro imputados el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, con inhabilitación especial perpetua de ejercer la función pública para los tres funcionarios acusados. Asimismo, se le endilga a la diputada Ayala la calidad de autora del hecho, mientras que a los otros tres imputados como partícipes necesarios.

Por otra parte, en cuanto a los fondos percibidos por el imputado, titular de Service Hogar, el requerimiento advirtió que se desconoce su destino y que la cuenta donde se depositó el dinero fue vaciada en cinco días.