El 10 de diciembre pasado, el titular de la fiscalía federal N° 1 de Rosario, Santiago Marquevich, requirió la instrucción contra la Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario S.A. por presuntas maniobras de evasión y lavado de activos que alcanzarían sumas millonarias. En esa presentación, el fiscal federal también solicitaba una serie de medidas, entre las que se destacaba el allanamiento a inmuebles vinculados a la mutual. Esto último se concretó el miércoles, luego de la orden del juez que daba lugar al pedido de Marquevich. Allí, entre otras cosas, Gendarmería Nacional secuestró libros contables e información de movimientos de cuentas.

Todo comenzó cuando la Dirección Regional Rosario 1 de la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos realizó tareas investigativas respecto de la mutual. A partir de ello, pudo constatar que en los registros informáticos de la AFIP, en el período comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 2014, la sociedad registraba 4810 cuentas con información económica. Debido a esa cantidad, la AFIP decidió efectuar un muestreo de 104 casos testigo, tras lo cual comprobó que 94 de esos contribuyentes no declaraban esos depósitos en la Mutual, 3 casos los declaraban parcialmente y 7 casos eran declarados correctamente por los contribuyentes ante la AFIP.

Además, les resultó llamativo que la mutual en sus Estados Contables presentados ante la AFIP, al 31 de octubre de 2014, manifestara la existencia de 12.728 cajas de ahorro y 34.918 préstamos otorgados. Todo ello no se condecía con lo exteriorizado anteriormente ante la Administración Federal.

El representante del MPF destacó que la AFIP habría determinado que “-bajo el ropaje de una mutual- se estarían llevando a cabo operaciones de índole financiera al margen de cualquier control institucional, propio de las entidades financieras típicas y sin que esa actividad haya sido declarada al Fisco”. Este ropaje jurídico permitiría que los asociados “movilicen sumas dinerarias de considerable magnitud que no se verían reflejadas en las Declaraciones Juradas tributarias de estos. Estos elementos […] podrían configurar indicios de algunos los delitos tipificados por la Ley 24.769 o la comisión del delito de lavado de dinero”, agregó.

El organismo recaudador también denunció que “esta mutual proveería de la plataforma fáctica para que -a través de ella- se canalicen operaciones de préstamos, depósitos a la vista y depósitos a plazo, llevado a cabos por un grupo de asociados, adherentes y participantes. Estas operaciones involucrarían sumas de dinero que no habrían sido declarados por los beneficiarios ante el Fisco”. A la vez, la plataforma de la mutual permitiría que los asociados, adherentes y participantes de la mutual puedan encubrir y/o lavar los activos provenientes de los presuntos delitos de evasión, beneficiando a los propietarios de estos fondos.

El fiscal federal especificó que “las actividades económicas declaradas por la mutual denunciada ante la AFIP-DGI son: 1) servicios de asociaciones, 2) servicio prest. para asoc. profesión, 3) servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes de terceros y 4) servicios minoristas de agencias de viajes”.

“Es así que […] el organismo habría detectado indicios de posibles irregularidades con relación a los fondos depositados, administrados y/o retirados por sus titulares dentro de las cuentas a la vista y de ahorro a plazo administradas por la” entidad investigada, agregó Marquevich. Luego, puntualizó que “esos fondos tendrían especial incidencia en la no declaración de los saldos como activo gravado en los impuestos patrimoniales correspondientes a los asociados y adherentes de la mutual (por ejemplo Impuesto sobre los Bienes Personales) y/o –por técnica liquidativa- base al momento de establecer posibles incrementos patrimoniales no justificados como así también a la no declaración como ingresos de los flujos de fondos depositados a lo largo del tiempo (ingresos o ventas no declaradas –en negro- en los Impuesto a las Ganancias y/o al Valor Agregado, este último en caso de corresponder)”.

De esta manera, según la AFIP, un indicio de la relevancia de los flujos financieros analizados en la denuncia se desprende de la simple observación de los montos depositados por la mutual rosarina.

Esto, a su vez, también fue evaluado por la Procelac, a cargo del Fiscal General Carlos Gonella, quien, a pedido de Marquevich, presentó una serie de consideraciones sobre el caso en relación con los posibles delitos en jugo, a la vez que sugirió diversas medidas de investigación que podrían concretarse para esclarecer el camino de la pesquisa.