Ayer, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, comenzó el juicio oral y público contra el ex juez federal ante ese mismo cuerpo y ex juez de ejecución José Antonio Solá Torino, acusado por cohecho pasivo, ya que habría recibido una suma de dinero para levantar la orden de captura de un condenado por narcotráfico.

Junto al ex magistrado federal también están imputados como coautores de cohecho activo José Miguel Farfán -el beneficiario de la orden del juez-, Graciela del Valle Ferreyra, Gabriela Mabel Vázquez y Héctor Hugo Salazar, “por haber dado una dádiva para que un magistrado del Poder Judicial de la Nación dictara una resolución en un asunto de su competencia”, detallaba el requerimiento de elevación a juicio firmado en junio de 2010 por el fiscal federal Ricardo Toranzos.

Justamente, Toranzos fue convocado en carácter de coadyuvante para intervenir junto con el fiscal general Francisco Snopek, quien está a cargo de la representación del Ministerio Público Fiscal en las audiencias del debate.

Por su parte, el Tribunal está integrado por los magistrados Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, quienes escucharán, en principio, a los 16 testigos citados por las partes, entre los que se encuentran empleados y funcionarios del Tribunal Oral.

Durante la primera jornada, las defensas plantearon tanto las nulidades de las escuchas telefónicas que se emplearon como pruebas, así como también la participación de Toranzos como fiscal coadyuvante. Sin embargo, el tribunal, en ambos casos, rechazó los planteos por unanimidad.

La causa

De acuerdo a la instrucción realizada por la fiscalía federal N° 1 de Salta, se pudo comprobar que el expediente que terminó involucrando a Solá Torino se inició a raíz de “una investigación judicial [seguida] a personas que supuestamente estaban involucradas en delitos de narcotráfico, en donde, entre otras medidas, se intervinieron varios abonados telefónicos”. De esa manera, “la fuerza de seguridad a cargo de las observaciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, advirtió que los encartados Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente de las gestiones realizadas para dejar sin efecto la orden de captura que recaía sobre el primero de los nombrados”, detalló Toranzos en el requerimiento de elevación a juicio.

En esas conversaciones, precisó el fiscal, “tanto Ferreyra como Vázquez, aludían que una persona, inicialmente identificada como ‘Gordo’, ‘Toto’ o ‘Totín’, se habría comprometido en realizar ‘los oficios’ necesarios para que la captura sea levantada”. Por su parte, “Farfán desconfiaba de las expresiones de sus consortes de causa y exigía entrevistarse con el tal ‘Toto’, logrando comunicarse por medio del celular de Salazar, donde aquel le prometió que resolvería ‘el problema’”, agregó el representante del MPF.

Sin embargo, Farfán entendía que había sido engañado, “porque inicialmente le entregaron un ‘oficio’ en el que se levantaba la captura, consignando un error en el último número de su documento de identidad, por lo que reclamaba que se hiciera uno nuevo”. Pero “cuando le entregaron el nuevo oficio, seguía molesto porque comprobó que la captura aún estaba vigente, ya que casi quedó detenido en Buenos Aires cuando trató de hacer el trámite de su pasaporte”. Por este motivo, “Farfán personalmente y por medio de Salazar exigía constantemente que le devuelvan el dinero que entregó a cambio, ya que no se había cumplido con lo pactado”, destacó Toranzos.

Dentro de ese contexto, el fiscal federal puntualizó que “Vázquez mientras conversaba con Farfán sobre el asunto de la captura, le expresó que el ‘Gordo’ había concurrido a su domicilio y le pidió que no hablaran por los teléfonos porque estaban intervenidos, y como prueba de que él leyó las transcripciones de las conversaciones, le dijo que estaba molesto porque cuando hablaban de él lo trataban con términos despectivos. Ante ello, Farfán respondió que ya estaba cansado de las distintas exigencias del tal ‘Gordo’, identificándolo literalmente como el Dr. Solá Torino, Juez de Ejecución de Sentencia, para justificar que no hizo nada a pesar de haber cobrado por el levantamiento de la captura”.

Todo eso surgió a raíz de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, y cuya autenticidad quedó corroborada por los propios imputados al prestar declaración indagatoria en la etapa instructoria.

Pero también se emplearon otros medios de prueba para acreditar los vínculos entre los acusados, tales como el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. De esa manera, resaltó el fiscal Toranzos, “se demostró que tanto Ferreyra como Vázquez, mintieron respecto de la vinculación que tenían con Solá Torino, cuando afirmaron que no se comunicaban telefónicamente con aquel”. En efecto, en el expediente está registrado que “existieron más de setenta vinculaciones entre Graciela del Valle Ferreyra […] y el Dr. José Antonio Solá Torino, titular de la línea Nº […] y un contacto directo efectuado por aquélla al teléfono fijo, de uso exclusivo del citado magistrado en el TOCFS”.

Finalmente, en el requerimiento a elevación a juicio se destacó que “en los allanamientos de los domicilios de Farfán, Salazar y Ferreyra-Vázquez se secuestraron copias de los oficios Nº 1120/07 y Nº 1489/07 librados por el Juez de Ejecución de Sentencia, Dr. José Antonio Solá Torino, donde se ordena el levantamiento de la captura de Farfán, como la corrección del último número de documento consignado en el anterior”.

“Ello permite afirmar, que todos los causantes estaban al tanto del trámite del legajo penitenciario de Miguel Farfán, en cuanto se modificó su condición de prófugo”, precisó el fiscal federal.

Está planificado que la próxima audiencia del juicio oral se celebre el martes 10 de este mes.