Después de un mes de audiencias, en las que la fiscalía y las defensas presentaron las pruebas y debatieron respecto de las mismas en el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, el viernes pasado el juez Federico Díaz, junto a los vocales Marcelo Juárez Almaraz y Gabriela Catalano, dieron paso a los alegatos en el primer caso complejo en esa jurisdicción desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio.

El primero en hacerlo fue el fiscal del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, Ricardo Toranzos, quien llevó adelante la acusación desde inicio del juicio que se les sigue a  Estanislao Alberto Liquitay, Darío Alejandro Acevedo, Raúl Ricardo Farías y Ariel Estelino Georgevich por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación organizada de más de tres personas, contemplado en los artículos 5, inciso c y 11, inciso c, de la Ley 23.737.

En su exposición, Toranzos, a través de una presentación de diapositivas, se refirió al hecho, detalló la planificación y el rol que habría tenido cada uno de los acusados en el despliegue que llevaron adelante para transportar la droga, desde la ciudad de Salta a la provincia de Córdoba, a través de encomiendas.

En ese marco, el fiscal recordó que la investigación se inició a partir de la denuncia realizada el 15 de julio pasado por una persona de identidad reservada, quien reveló a un suboficial de Gendarmería Nacional detalles sobre el accionar de una banda que se dedicaba al tráfico de drogas a través del envío de encomiendas.

Incluso informó que había una entrega en proceso, que se haría por medio de la empresa El Expreso Rivadavia, lo que llevó al uniformado a iniciar las pesquisas del caso bajo la dirección de la fiscalía. Así, pudo verificar que la firma tenía dirección en esta ciudad, sobre calle Los Lanceros al 1.300 y que la misma, efectivamente, había recibido unos paquetes por parte de una persona de apellido Ludueña.

La fiscalía resaltó la trascendencia del juicio por tratarse del primer caso de esta naturaleza en llegar a debate en el marco del proceso acusatorio, donde tuvo la exclusividad en la dirección de la investigación.

Verificaciones

En vista de esta primera verificación, el fiscal avanzó con su alegato y señaló que, en una segunda etapa, el suboficial se presentó en la empresa y al revisar los dos paquetes que presuntamente Ludueña había llevado para ser despachados a Córdoba, advirtió que los mismos tenían un peso excesivo y no coincidía con lo declarado en su interior: un horno microondas y un filtro de aire para camión.

Asimismo, le llamó la atención el olor a grasa que despedían los paquetes, por lo que ante la sospecha y sin que la encomienda que fuera de la seguridad de la empresa, se solicitó la colaboración del encargado de la empresa para el traslado de la encomienda al aeropuerto local, donde con ayuda de operadores de la Policía Aeroportuaria, se pasó los bultos por el Scanner de Rayo X, que detectó cierto registros.

Toranzos, en este punto, sostuvo que la empresa en ningún momento perdió contacto de los paquetes, pues fueron transportados en un vehículo de la firma al aeropuerto. Agregó que para tener una mayor seguridad, se utilizó perros antinarcóticos, oportunidad en que uno de ellos marcó uno de los bultos.

Tras este despliegue, accionar que el fiscal destacó como una investigación prolija ante la sospecha surgida por el aporte del informante anónimo, es que recién se solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para abrir los paquetes, verificar la existencia de droga y, en caso de ser así, activar el proceso de “entrega vigilada”, una herramienta habilitada e idónea para estos casos.

Con el aval del juez, se pudieron descubrir 11 kilos de cocaína que fueron sustituidos por harina. En este punto, Toranzos remarcó que algunos de los paquetes estaban cubiertos con grasa de camión, una maniobra usual para confundir a los canes antinarcóticos.

Tras la sustitución, los paquetes salieron rumbo a Córdoba, donde se montó una importante cobertura de seguridad que permitió la detención de los acusados, tres de los cuales se reunieron en una estación de servicio colindante a la empresa, donde tenían que retirar la encomienda.

Roles

Mediante la exposición de diapositivas, el fiscal mostró detalladamente la llegada de cada uno de los imputados, los vehículos que utilizaron, el movimiento que tuvieron y la detención de cada uno, aspectos que en audiencias previas fueron expuestos al mostrar los videos de las cámaras de seguridad, tanto de la empresa como de la estación de servicio.

Toranzos rechazó primero la teoría de que el caso se trate de un “delito imposible” o “delito experimental”, pues consideró que al momento en que los acusados despacharon los paquetes en la empresa el transporte quedó consumado. Resaltó, por ende, la herramienta de “entrega vigilada” como una alternativa ideal para ser aplicada en estos tipos de casos.

Afirmó que no hubo un agente provocador, pues “la fiscalía intervino en un delito que ya estaba en trámite. Se siguió el camino predeterminado por los acusados”, agregó.

Descartó también de plano los argumentos esgrimidos durante las audiencias previas respecto a que Liquitay sólo fue a terminar un negocio de compra y venta de un vehículo con Georgevich, quien aún debía entregarle la documentación de un rodado.

Responsabilidades

Para Toranzos, el principal implicado en la cadena del delito fue Liquitay, quien habría planificado todo el circuito de la droga desde un comienzo; incluso señaló, con fotografías de la persona que fue a despachar los paquetes, que fue este mismo acusado quien cumplió con este paso. También descartó la versión de que los paquetes se los dio un amigo para que hiciera el despacho, como un favor, pues remarcó que gracias a las cámaras del Centro de Video Vigilancia del 911 se siguió el vehículo en el que se movilizó ese día desde que ingresó a Salta hasta que se presentó en la empresa a despachar la encomienda, sin que antes se haya registrado ningún encuentro con nadie.

En la distribución de roles, el fiscal señaló a Acevedo y Georgevich con una participación necesaria en el delito de transporte, pues el primero habría actuado como intermediario de Liaquitay con Farías, el eslabón que necesitaba para retirar los paquetes con la droga en Córdoba, con quien no debía estar relacionado de ninguna manera. Respecto a Georgevich, la fiscalía sostuvo que fue clave en el despliegue delictual. A pesar del esfuerzo, tanto del mismo acusado como sus cómplices, por hacerlo pasar desapercibido, Toranzos afirmó que no sólo conocía el hecho, sino que participó activamente, sobre todo al momento de retirar la droga.

El juicio seguirá el viernes, cuando se lleve adelante la mensuración de la pena y se dé a conocer el veredicto

En cuanto a Farías, en cambio, el fiscal le asignó una participación secundaria, ya que, de no haber sido elegido por Acevedo para ser el destinatario de los paquetes, podrían haber sido otro. “Como eslabón en la cadena del delito, Farías corrió el mayor riesgo, aunque tuvo un menor grado de subordinación dentro de la organización delictiva”, sostuvo.

Por otra parte, la fiscalía resaltó la trascendencia del juicio por tratarse del primer caso de esta naturaleza en llegar a debate en el marco del proceso acusatorio, donde tuvo la exclusividad en la dirección de la investigación. Entre otras características, indicó que “los jueces llegaron al debate sin el respaldo del legajo, pues fueron las partes las que en las sucesivas audiencias presentaron sus hipótesis, siendo las evidencias desarrolladas frente al tribunal”.

Tras el alegato de la fiscalía, las defensas hicieron lo suyo y presentaron sus argumentos, en los cuales coincidieron en rechazar la acusación e incluso plantearon nulidades, las que deberán ser resueltas por el tribunal el próximo viernes, cuando se lleve adelante la mensuración de la pena y se de a conocer el veredicto.