Los allanamientos a siete domicilios en la “Villa 31” se llevaron adelante ayer por orden del juez federal Ariel Lijo, a pedido del titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1, Jorge Di Lello. Las tareas se realizaron en el marco del trabajo que desarrolla el equipo de Fiscalía para la articulación política con otras esferas gubernamentales con el objeto de combatir el crimen organizado en territorios vulnerables y emplazar a la administración para que ocupe y permanezca en el territorio con la finalidad de brindar a los vecinos soluciones a largo plazo. Como consecuencia del procedimiento, se logró secuestrar cerca de seis kilogramos de marihuana y más de un kilogramo de pasta base, acondicionada para su venta en cientos de envoltorios, además de elementos de fraccionamiento, municiones y réplicas de armas. Siete personas quedaron detenidas.

Este procedimiento, que estuvo a cargo de la División Antidrogas Especiales de la Policía Federal, es el tercer operativo ordenado con estas características. El primero de ellos tuvo lugar en abril de 2016, en la zona del Playón Este donde se allanaron simultáneamente 43 domicilios y se detuvo a 13 personas vinculadas con “la banda de los “Sampedranos”, cuyo nombre estaba dado por el origen de sus integrantes, quienes provenían de la localidad de San Pedro, República del Paraguay. En octubre de ese mismo año, la Fiscalía requirió la elevación a juicio y la instrucción fue clausurada en relación a la conducta de quienes fueran detenidos.

A fines de junio de 2016, se logró desarticular la organización de César Moran de la Cruz, conocido como “el Loco” o “mata por gusto”, que había logrado hacerse del control territorial de la zona conocida como Barrio San Martín también en Villa 31. Para ello, se realizaron 35 allanamientos simultáneos y se detuvo a 14 personas sindicadas de formar parte de la organización, cuyas participaciones también fueron elevadas a juicio oral a principios de este año, al igual que cinco homicidios que tuvieron relación con el accionar de la banda.

El programa de trabajo consiste en detectar a las organizaciones criminales, determinar su modus operandi, identificar a los responsables y allanar los lugares individualizados, para que luego el Estado vuelva a ocupar el territorio.

En aquellos procedimientos se halló gran cantidad de sustancia estupefaciente, mucha de ella acondicionada para su venta al menudeo, elementos útiles para su fraccionamiento, incluso una prensa hidráulica, armas de diverso calibre, granadas, bombas molotov y hasta chalecos antibalas.

La Fiscalía Federal N° 1 viene trabajando en un modelo de dominio territorial multisectorial, que se despliega progresivamente. En primer lugar se desarrolla la investigación que permite conocer la existencia de organizaciones criminales, determinar su modus operandi, identificar a sus responsables e individualizar los lugares que se utilizan para la comisión del delito. Con esa información, se producen los operativos policiales.

En paralelo, la Fiscalía articula con los Ministerios de Seguridad de Nación y de la Capital Federal, y luego de los allanamientos se realiza una ocupación de la zona con efectivos de las fuerzas de seguridad. Ello permite generar un espacio seguro para el desembarco estatal, que estará a cabo de otras esferas de gobierno con quienes también se articula para el desarrollo de dispositivos permanentes en los lugares ganados al crimen organizado, con participación de la comunidad y con miras a su desarrollo.

El despliegue estatal

De esta manera, hoy funciona en la “Villa 31” la “Biblioteca Popular de Derechos Carlos Mujica”, a cargo de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación (ATAJO) y el Centro de Desarrollo Económico y Laboral (CEDEL) del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde además posee un despacho el Jefe de Gobierno Porteño.

Y, por otro lado, han comenzado las labores para la instalación de un centro de estudios para adultos, un centro integral de deportes, una “Casa de la Juventud” y oficinas de acompañamiento familiar, obras que están a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno porteño.

Para la Fiscalía, el éxito sólo es posible con la permanencia de las diferentes esferas del Estado en el territorio. Por este motivo, el equipo del fiscal Di Lello recorre habitualmente los corredores del barrio, donde las gestiones llevadas a cabo permitieron reducir las tasas delictivas y eso ha contribuido de manera significativa para mejorar la calidad de vida. Se estableció un vínculo directo con los vecinos, quienes hoy toman valor para colaborar con la actuación de la justicia, a punto tal que organismos nacionales e internacionales han decidido participar en la integración del barrio al conjunto de la ciudad.