Esta semana, el fiscal Jorge Di Lello, a cargo del Fiscal Criminal y Correccional Federal N° 1, junto con el equipo integrado a tal fin por Javier D’Elio, Gonzalo Badín, Santiago Barea, Viginia García Guillem y Esteban Heldt, y con asistencia de personal de las divisiones Operaciones Antidrogas Urbanas y Homicidios, ambas de la Policía Federal Argentina, llevaron adelante una serie de procedimientos en 35 domicilios de la villa 31 y 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación por presunto comercio de estupefacientes de “La banda del loco César”. Se presume que esta organización, es liderada por César Morán de la Cruz, quién se encuentra detenido cumpliendo sentencia por el delito de homicidio y robo.

La Fiscalía a cargo de Di Lello, junto con el Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, se encuentran abocados a la pesquisa del comercio de drogas ilegales, como así también de cuatro hechos de homicidio vinculados con el accionar de la organización narcocriminal. Los allanamientos se llevaron a cabo gracias a la labor de inteligencia desarrollada en conjunto por las dependencias especializadas de la PFA, que determinaron la utilización de los mismos por parte de la banda liderada por César Morán de la Cruz. EL MPF y el Juzgado Federal deberán analizar las pruebas colectadas.

Unos meses atrás, el equipo encabezado por Jorge Di Lello había solicitado al juez Lijo realizar una serie de allanamientos en el interior de la Cilla 31 del barrio porteño de Retiro. Durante esos procedimientos, se detuvo a 13 personas que integraban una organización dedicada principalmente al comercio de sustancias estupefacientes en el interior del barrio, conocida como “La banda de los Sampedranos”,  que fue desbaratada. Producto de la investigación, la dependencia del MPF determinó que la banda forma parte de una organización que llevaba adelante prácticas ilícitas, y que además ejercía el dominio territorial en la zona denominada “Playón Este”, mediante el abuso de armas y violencia.

Fue a partir de estos procedimientos, que la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal, junto a las fuerzas de seguridad, consiguieron recuperar los domicilios allanados, y de esta manera se logró  garantizar la presencia del Estado en el barrio. En este sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Integración Social y Urbana del GCABA y el Programa de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación fueron convocados a formar parte del abordaje integral planteado y en ese contexto se dispuso un operativo de seguidad de permanencia, que el Ministerio de Seguridad denominó “Barrios Seguros”.

El programa de Acceso a la Justicia del  MPF recibió uno de los domicilios allanado y allí está en marcha la creación de una “Biblioteca Popular de Derechos”. Finalmente en el marco del trabajo que la Fiscalía está desarrollando por fuera del expediente penal y en la filosofía de integrar esos barrios al conjunto de la ciudad, con un trato igualitario al resto de los ciudadanos, se espera poder entregar otros domicilios secuestrados a otros organismos estatales vinculados a áreas de salud, tratamiento de adicciones, educación, trabajo, etc.