En su presentación, previa al juicio oral y público, Arrigo -a cargo de la Fiscalía General Nº 4 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal- mantuvo las pruebas ofrecidas durante la etapa de instrucción y solicitó nuevas al Tribunal Oral Federal Nº 2. Pidió que durante el debate se reproduzca material reservado, legajos, documentación, soportes magnéticos, material fílmico y fotográfico, y se incorporen posteriormente al juicio. Además, solicitó que se libren nuevos oficios a diferentes dependencias del Estado, se realicen inspecciones oculares y nuevas pericias técnicas, como así también citar a nuevos testigos.

El tribunal aun no fijó fecha para el inicio del juicio oral. En la etapa de instrucción, la causa estuvo en manos del fiscal Federico Delgado, quien presentó el requerimiento de elevación a juicio, el 23 de enero de 2013, ante el juez federal Bonadío. 

Delgado llevó adelante la causa con celeridad y en su presentación fue categórico: “No hay excusas. Los procesados sabían que manejaban una bomba de tiempo que carecía de seguro. Es obvio que se privilegió un negocio por sobre un servicio. Como decía Max Weber, los agentes sociales obedecen las reglas cuando el interés en cumplir con la ley está por encima del interés en desobedecerla. En nuestro caso, el interés económico subordinó al más general contenido en el contrato de concesión”.

El accidente ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación con pasajeros que llegaba a la estación de Once, no frenó y chocó contra un dispositivo de contención. El hecho produjo la muerte de 51 personas.