El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó hoy la elevación a juicio de los ciudadanos iraníes Sajjad Samiei Naserani y Manzoreh Sabzali, por los delitos de asociación ilícita y uso de documentos públicos falsos. De acuerdo a la investigación, la organización criminal estaría integrada por al menos otros cuatro sujetos aún no identificados y abocada al tráfico ilegal de migrantes valiéndose de la falsificación de documentos, robos, hurtos y encubrimiento, entre otras acciones ilegales.

De acuerdo al pedido formulado por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1, la banda habría operado al menos entre marzo de 2015 y marzo de este año en la Argentina, España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.

La Fiscalía recordó que Sajjad y Mansoreh -fotógrafo e ingeniera en arquitectura, respectivamente- “utilizaron pasaportes israelíes falsos a nombre de Rivka y Natanel Toledano” el 12 de marzo de este año, “a los efectos de identificarse ante personal de la Dirección Nacional de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para así poder ingresar al territorio nacional, lo que efectivamente se materializó”.

Las identidades adoptadas provenían de pasaportes robados con números que correspondían a ciudadanos israelíes. Los imputados, previo a llegar a la Argentina y utilizando la misma modalidad delictiva, intentaron ingresar en Portugal, donde fueron sorprendidos y sometidos a un proceso penal.

Cuando fueron expulsados de dicho país, “lejos de tomar una definición de permanecer sometidos a la ley, volvieron a falsificar pasaportes, comunicándose con sus contactos, recibieron vía correo unos similares”, indicó la dependencia del Ministerio Público Fiscal.

Tras el análisis de la prueba, la Fiscalía sostuvo que los iraníes forman parte de una asociación ilícita y conocían que su identidad no era la de Rivka y Natanel Toledano, pero montaron una escena donde el documento era parte necesaria para identificarse y usarlo con una tarjeta de débito internacional Visa obtenida de manera irregular.

Asimismo, la Fiscalía entendió que el fin de la organización eran obtener y utilizar de forma indebida datos personales y documentación personal sustraída ilegítimamente -que sometida luego a mecanismos de adulteración- se utilizaron con el objetivo de facilitar el ingreso y egreso de los imputados, familiares y otras personas no identificadas, principalmente de la Unión Europea.

En este sentido, el fiscal les reprochó “haber formado parte, en carácter de miembros, de una asociación ilícita internacional compuesta por al menos seis personas, destinada a cometer delitos  indeterminados -entre los que cabe destacó el tráfico ilegal de migrantes, la falsificación de documentos públicos (y su uso), robo, hurto, encubrimiento (vinculados a documentación de identificación personal como pasaportes, licencias de conducir y similares), falsedad ideológica, entre otros- al menos desde el día 16 de marzo de 2015, hasta el  16 de marzo de 2019, y con desarrollo en la República Argentina, el Reino de España, Portugal, Grecia, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irán y Turquía”.

En su petitorio, el MPF calificó la conducta de los acusados como constitutiva de los delitos de asociación ilícita y  falsificación de documentos públicos, en calidad de autores. Y agregó que hasta el momento, agotadas las líneas de investigación que se abrieron, "nada conmovió" a sostener una posible vinculación entre los hechos y alguna actividad terrorista. La Fiscalía enfatizó en que se trata de una organización definida por su comunión criminal en varios ilícitos, "sin comprometer sucesos de seguridad pública o fines terroristas contra el Estado".