El titular de la Fiscalía General N° 2 Abel Córdoba y la auxiliar fiscal de esa dependencia María Laura Grigera solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 entre 12 y 14 años de prisión para seis personas acusadas de secuestrar, junto a otros individuos aún no identificados, a un hombre en la localidad de Villa Fiorito entre el 17 y el 19 de julio de 2019.  Los acusados están actualmente detenidos en los Complejos Penitenciarios Federales de CABA, Ezeiza y Marcos Paz.

En su alegato, la fiscalía requirió 14 años de prisión para Diego Alonso Rojas Navarro, Alexander Pecho Rosas y Alexander Pérez Urquizo y 12 años para Claudio Gastón Palomo, Maximiliano Javier Arias y Misael Emmanuel Yupanqui Peña por considerarlos coautores del delito de "secuestro extorsivo agravado por haber sido cometido por la intervención de más de tres personas". Por su parte, a Urquizo se le imputó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor y para Yupanqui Peña se requirió que sea declarado reincidente por una condena previa.

El MPF solicitó además que sean decomisados distintos elementos que fueron parte del ilícito entre los que se encuentran automóviles y dinero. Además, pidió la destrucción del material estupefaciente incautado y que uno de los vehículos que había sido robado se pusiera a disposición de su titular legitimo. Tras el alegato, el Tribunal convocó a un cuarto intermedio hasta el próximo 13 de octubre.

El caso

El 17 de julio de 2019 cerca de las 09:13 hs, un hombre fue capturado mientras caminaba hacia una estación de servicio desde la casa de su prima, en la calle Juan Domingo Perón al 4200, en Villa Fiorito. La víctima fue interceptada al grito de "alto, policía" y se lo obligó a ingresar a la parte trasera de un auto. Según acreditó el MPF, uno de los captores tenía puestos un chaleco y una gorra de la Policía Federal. Los implicados portaban armas largas y utilizaron un vehículo "Peugeot 2008" de color negro.

Tras haber retenido y ocultado a la víctima, los secuestradores se pusieron en contacto de manera telefónica con la familia a la que le requirieron el pago de 200.000 pesos y material estupefaciente a cambio de la libertad de la víctima. La primera comunicación fue concretada por los captores a las 10 de la mañana y la segunda, a las 14 horas. Ese mismo día, la familia había realizado la denuncia ante la Comisaría 8C de la Policía de la Ciudad. Finalmente, el hombre fue liberado la madrugada del 19 de julio en la intersección de Mariano Acosta y Corrales en el barrio porteño de Villa Soldati sin que se concretará el pago del rescate. No se pudo determinar el motivo de la liberación de la víctima. Si bien fue hallado en buen estado salud, su cuerpo presentaba lesiones provocadas durante los días de cautiverio.

Durante su exposición, el fiscal Córdoba señaló que se encontraba acreditada la materialidad del hecho y que fueron los propios acusados quienes admitieron su accionar en los contactos que mantuvieron con la familia de la víctima. “En la primera comunicación que ellos entablan se los escucha definirse como un grupo de secuestradores dedicados al secuestro extorsivo”, detalló y agregó que “el dolo no sólo se encuentra reconocido sino calificado con precisión”, a partir de ese registro.

En su alegato, el MPF relató que la víctima fue abordada, amenazada con armas de fuego para ser ingresada en un vehículo y que posteriormente fue retenida en un baño, vendada y semidesnuda mientras era mantenida oculta. Señaló luego que esa situación tuvo “muchísimo impacto sobre la víctima” y también “graves consecuencias en sus familiares”.

“Está acreditado con el grado de certeza que exige esta instancia, la participación de estos seis imputados en los diferentes momentos y etapas del secuestro de la víctima que duró más de 40 horas”, manifestó. En ese sentido, resaltó "la duración excepcionalmente extensa” del hecho y que “el modo y la duración del hecho refleja la preparación, estructura, organización, los recursos y la capacidad lesiva de estos acusados que cometieron el hecho en conjunto”.

En relación a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que se le imputó a Pérez Urquizo, la auxiliar fiscal Grigera recordó que al momento de la detención del imputado, ocurrida el 19 de febrero de 2020, se hallaron 159,97 gramos de marihuana distribuidos en siete envoltorios que fueron secuestrados”. En esa línea, la auxiliar fiscal sostuvo que si bien la investigación que se realizaba no se vinculaba estrictamente con la determinación de la existencia de venta de estupefacientes, en el curso de las tareas policiales e investigativas necesarias para dar con el paradero del sujeto cuya detención se requería, "surgió con claridad su vinculación con esa actividad ilícita”.

Análisis de las pruebas

Para el fiscal, existió “prueba concluyente” sobre el secuestro y destacó la relevancia del análisis de las comunicaciones; la declaración testimonial de la víctima y los registros audiovisuales que registraron la preparación; el momento exacto del secuestro y la huida de los vehículos que intervinieron. Aportaron también a la acreditación del hecho la declaración de los familiares y los mensajes extorsivos que recibieron durante el cautiverio del hombre, así como también el resultado de las intervenciones telefónicas, el secuestro de los automóviles utilizados y el contenido de uno de los celulares de los acusados.

"El hecho fue consumado a partir de un funcionamiento coordinado de este grupo de captores, con un funcionamiento previamente planificado, coordinado, con una disposición relevante de medios, y una ejecución que contó con aportes de todos los acusados a partir de una planificación también conjunta", indicó la físcalia.

"Ha quedado acreditado que todos ellos se conocían previamente, tenían una relación de cercanía y confianza que descarta una pretendida confluencia circunstancial o accidental". En este sentido el MPF apuntó a las relaciones establecidas entre "contactos telefónicos, llamadas, comunicaciones, domicilios, e incluso condición procesal en investigaciones o causas donde son o han sido co-imputados por actuaciones conjuntas en el plano criminal".

Además, el fiscal Córdoba puntualizó que "la prueba que permite una reconstrucción sumamente precisa de diversos tramos del secuestro ha sido por la acumulación de elementos probatorios autónomos, independientes y originados en diversas fuentes, no relacionadas".