30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento del fiscal federal Leonel Gómez Barbella
Solicitaron la elevación a juicio de siete integrantes de la banda liderada por el hijo de “Mameluco” Villalba
Están acusados de producir y comercializar estupefacientes en la Villa 18 de septiembre, ubicada en el partido de General San Martín. Los imputados fueron detenidos en el marco de 29 allanamientos realizados en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Esteban Echeverría, Pilar, Almirante Brown y San Martín, en junio del año pasado.

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, solicitó al juzgado Federal N°1 la elevación a juicio de siete personas acusadas de integrar una organización dedicada a la producción y comercialización de estupefacientes. Los imputados fueron detenidos en junio del año pasado, en el marco de 29 allanamientos que se llevaron a cabo en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Esteban Echeverría, Pilar, Almirante Brown y San Martín.

Entre los acusados se encuentra Alan Marcial “el Pelado” Villalba, hijo de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, preso desde 2014 en la cárcel de Ezeiza. Según se determinó durante la investigación, Alan tomó las riendas de la venta de estupefacientes una vez producido el encarcelamiento de su padre, quien a su vez controlaba y monitoreaba la actividad desde un celular en el penal. El resto de los imputados sobre quienes se requirió la elevación a juicio son Aldo de Bortoli, su hijo Fernando, Matías Noé “el Pony” Rodríguez Juárez, Carlos Juan Martínez, Jesús Rafael Camino y Yesica Teresita Fulles. El fiscal encuadró las conductas de todos ellos en el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravada por la participación de tres personas organizadas, en calidad de autores, a excepción de Yesica Teresita Fulles, a quien consideró partícipe secundario.

También requirió la extracción de testimonios para continuar la investigación sobre otras personas y hechos vinculados al accionar delictivo de la organización.

Según el dictamen del fiscal Gómez Barbella, a lo largo de la pesquisa se logró acreditar que la actividad de la organización era la adquisición de marihuana y cocaína a grandes escalas, mediante el financiamiento para la compra de la misma por parte de Alan Marcial Villalba. Luego se fraccionaba, acondicionaba y embalaba, para finalmente ser comercializada en los diferentes pasillos de la Villa 18 de septiembre de la localidad de Billinghurst, partido de General San Martín.

Se determinó que Alan tomó las riendas de la venta de estupefacientes luego del encarcelamiento de su padre, quien a su vez controlaba y monitoreaba la actividad desde un celular.

Las conductas ilícitas que llevaba adelante esta organización se realizaban en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y su destino final era la comercialización al menudeo de estupefacientes en los pasillos de la villa mencionada, donde se apostaban los vendedores. Allí también se emplazaban viviendas precarias utilizadas como “bunkers” para el resguardo de material estupefaciente. En la recintos situados en Ezeiza se guardaba el dinero producto de la venta, parte de la droga y elementos relacionados con esa actividad.

La estructura contaba con logística propia que incluía gran cantidad de dinero en efectivo para la adquisición de material estupefacientes, la disposición de varios automóviles para movilizarse, armas de fuego para protección y la utilización de diversos aparatos de telefonía celular para evadir cualquier accionar de la justicia.

Según el dictamen del representante del MPF, las diferentes tareas investigativas llevadas a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Lomas de Zamora y las amplias intervenciones telefónicas dispuestas por el juez, lograron establecer la existencia de esta organización. En ese sentido, Gómez Barbella consideró que “se encuentra debidamente acreditada la materialidad del hecho achacado a los imputados, al igual que la responsabilidad que le cupo a los nombrados”.

Indicó que la participación de los nombrados en la estructura criminal a su vez puede sostenerse a través del análisis patrimonial que realizó la Unidad de Información Financiera, así como del análisis de sus movimientos migratorios. De ese informe se desprende que Aldo de Bortoli viajó desde Argentina hacia Colombia el 11 de marzo de 2016. A su vez, se ponderó el elevado costo de vida que tenían padre e hijo: el primero de ellos vivía en un barrio cerrado de la zona norte del Gran Buenos Aires, y ambos realizaban constantes viajes a Uruguay, Perú y Bolivia, que no pudieron justificar.

El fiscal repasó la distribución de funciones y jerarquías al interior de la organización narcocriminal. En este sentido, indicó que la investigación permitió establecer con claridad el liderazgo ejercido por Alan Marcial Villalba. Su función era preponderante en tanto estaba a cargo de la toma de decisiones y el financiamiento de la adquisición de estupefacientes.

 

El caso

La investigación sobre Villalba se había iniciado en agosto de 2015, a raíz de la denuncia de un testigo de identidad reservada. La información que brindó llevó a que se dispusieran distintas diligencias de prueba que incluyeron intervenciones telefónicas, y que posteriormente se realicen 29 allanamientos.

Durante los procedimientos, se detuvo a los siete imputados y se secuestraron 11 kilos de cocaína, 42 de marihuana, 7 kilos de precursores químicos, 133.000 pesos, tres armas de guerra, máquinas termoselladoras, seis vehículos de alta gama, una moto y 74 teléfonos celulares, entre otros objetos de interés para la investigación.