Cuando solo faltaban 24 horas para que se concretara la indagatoria al ex fiscal federal Benito Pont, el juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda suspendió la audiencia por problemas de salud del imputado. La indagatoria había sido solicitada por la Fiscalía Federal con asiento en esa ciudad, interinamente a cargo del fiscal Aníbal Fabián Martínez, junto con el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes Carlos Schaefer y  los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, que intervienen como coadyuvantes.

En la causa se investiga a Pont por los delitos de encubrimiento, en la modalidad de favorecimiento personal por acción y omisión de denuncia agravado por su condición de funcionario público, y atentado a la autoridad. En otro expediente el ex fiscal federal está procesado y a la espera del juicio en una investigación por trata de personas. Allí se lo acusó de dar protección y “blindaje judicial” a distintas organizaciones delictivas que se dedicaban a la trata. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado, 38 mujeres en situación de vulnerabilidad fueron explotadas sexualmente en diferentes locales nocturnos de Paso de los Libres y Pont se dedicaba a desviar y dilatar todas las investigaciones que tenía a su cargo.

Esta pesquisa en particular donde se requirió la indagatoria de Pont se inició por una denuncia realizada por PROTEX. De acuerdo a lo que expresó un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con jurisdicción en Paso de los Libres, el ex fiscal lo amedrentó para que abandonara una línea de investigación que estaba llevando adelante por lavado de dinero y contrabando. Específicamente, solicitó que excluyeran a un supuesto amigo suyo de la investigación sin otro motivo o justificación que esa amistad.

La causa comenzó con una denuncia de PROTEX, luego de que un investigador expresó que el entonces fiscal lo amedrentó para que abandonara una línea de investigación por lavado de dinero y contrabando

La maniobra

En abril de 2016, la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo “del Litoral” presentó ante la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, a cargo de Pont, un oficio donde puntualizó sobre información que habían recabado sobre un grupo de personas que supuestamente “se habrían asociado a los fines de incorporar capitales procedentes de hechos delictivos al mercado lícito”.

Por este motivo, dos días después de esta presentación, Pont solicitó la realización de tareas de investigación. El 26 de abril, la PSA presentó en la Fiscalía Federal un informe donde relataban los avances de la investigación y solicitaba el levantamiento del secreto fiscal de las personas y empresas que estaban en la mira: su amigo Ricardo Aguirre, la concesionaria que tenía, su familia cercana y las sociedades que lo involucraban. El 29 de abril, la Fiscalía solicitó información la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble y le pidió a la PSA que indique las fuentes de ingreso de los involucrados.

“Se advierte así de una lectura de estas actuaciones, que aquél pedido de la fuerza policial en miras a obtener un levantamiento del secreto fiscal  y así acceder a posibles evidencias de peso que muestren la verdadera composición patrimonial de los investigados, sus posibles cuentas bancarias, sus movimientos, sus declaración de bienes y de activos, en definitiva sus verdaderas fuentes de generación de ingresos, mutó en lo que vimos en el párrafo precedente: diligenciamiento de oficios al registro de la propiedad inmueble”, explicó el Ministerio Público Fiscal en el documento donde pidió la indagatoria de Pont. Consideraron que no se realizó nada para levantar “la barrera operativa y legal” que a la PSA le impedía avanzar con el caso.

Para los fiscales, se libraron dos oficios “simulando una actividad judicial a todas luces desatinada como si la única manera de adquirir activos ilegítimos fuera a través de los ladrillos”. Además, consideraron que se le dijo a la PSA que investigue sin darle las herramientas mínimas para ello.

Según la acusación, el ex fiscal no se excusó a pesar de su amistad con un imputado y solicitó información para luego entorpecer y obstaculizar cualquier tipo de avance.

A pesar de la amistad que supuestamente unía a Pont con uno de los involucrados, el entonces fiscal no se excusó y solicitó información para luego entorpecer y obstaculizar cualquier tipo de avance. Al hecho de no cumplir con lo pedido por la PSA se le sumó el presunto amedrentamiento sobre los funcionarios que estaban involucrados de manera directa en la persecución del delito. “Una suerte de mundo al revés, en donde un fiscal usa fuerzas de seguridad para no perseguir”, marcaron los fiscales. 

Los delitos

Para el Ministerio Público Fiscal, Pont debe ser indagado por el delito de encubrimiento en sus modalidades de favorecimiento personal por acción y por omisión de denuncia, agravado en el primer caso por la calidad de funcionario público y también por delito de atentado a la autoridad.

Explicaron que los hechos investigados parecerían tener la única intención de “beneficiar y proteger a un imputado amigo” y que eso se observa en las distintas decisiones que adoptó Pont. En un primer momento, cuando tomó conocimiento de que uno de los involucrados era su amigo y ex socio comercial y decidió no excusarse. El segundo, cuando se negó a solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medidas centrales y evidentes para el éxito de cualquier investigación patrimonial.

"Se negó a solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario, medidas centrales y evidentes para el éxito de cualquier investigación patrimonial" señalaron los fiscales federales respecto de su ex colega.

Una tercera manifestación fue el “amedrentamiento inusual y directo por su parte hacia los efectivos de la PSA encargados de la sustanciación del caso”. “Esta última manifestación ilumina explicando el sentido de las otras dos: todos sabemos ya sin dudas por qué no se excusó y por qué no propició el levantamiento del secreto fiscal”, marcaron los fiscales.

Justamente por esa última situación es que el Ministerio Público Fiscal consideró que Pont debía ser indagado por atentado contra la autoridad pública. “Las frases proferidas por Pont han sido lo suficientemente idóneas como para doblegar la voluntad de las personas a quienes fueron dirigidas. Ello se ve reflejado en los diversos testimonios de los oficiales de la PSA en los cuales se puede advertir el temor que efectivamente les generaron, a tal punto que, incluso, en la denuncia inicial, y teniendo en cuenta que en ese entonces Pont aún se encontraba ejerciendo su rol de fiscal, han preferido no dar a conocer la identidad de la persona que había recibido personalmente aquellas indicaciones, a fin de resguardar su integridad física”, se sostuvo en el documento.