El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes inició este miércoles el juicio oral y público a quince personas a quienes se les imputa haber integrado una organización que explotó sexualmente a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad en tres locales nocturnos ubicados en esa ciudad, para lo cual habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso, a quien se apartó transitoriamente del debate por razones de salud.

En el proceso intervienen el fiscal general Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Soledad Branchi -por la Fiscalía General ante ese tribunal- junto a Victoria Sassola, auxiliar fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Para este juicio el tribunal sesiona en la sede del Escuadrón 7 "Paso de los Libres" de la Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad epicentro de los hechos investigados.

Durante la audiencia del miércoles, el tribunal -conformado por Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra-, apartó transitoriamente al exfiscal correntino, aunque resta que se expida una junta médica en torno a la salud del acusado. En esa jornada uno de los abogados que llegó acusado al juicio -imputado como partícipe primario de trata de personas agravada y autor de amenazas- admitió su responsabilidad en un juicio abreviado; el acuerdo será tratado por los jueces cuando concluya el debate.

Por otra parte, ayer fueron indagadas por el tribunal todas las personas imputadas, quienes se abstuvieron de declarar, a excepción de un solo imputado que hizo una breve manifestación, sin aceptar preguntas. El debate se reanudará hoy, con la declaración de las y los testigos ofrecidos por las partes.

La fiscalía consideró acreditado que Pont desvió una de las investigaciones por trata al solicitar la declaración de incompetencia y descartar la hipótesis criminal más gravosa frente a evidencias claras del delito de trata de personas que surgían de un informe realizado por una fuerza de seguridad.

Imputaciones

De acuerdo con la acusación, existió una asociación ilícita liderada por Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre, e integrada por Juan Ramón Carpe, Claudia María Do Santos, Silvio Antonio Do Santos, Dioniso Velasco, el excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero y el exfiscal Pont.

Todos ellos están imputados además en orden al delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado la explotación sexual -reiterada en diez oportunidades- y agravado por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad, amenazas, violencia y engaños en el caso de una víctima que tenía 17 años de edad al momento de su captación.

Así, los líderes de la organización, junto a Carpe, Claudia Do Santos y Silvio Do Santos deberán responder como coautores de ese delito, mientras que Viero, Pont y Velasco, están acusados en carácter de partícipes primarios.

Los fiscales entendieron, respecto de Silvio Do Santos, que debían considerarse los hechos atribuidos a partir de que cumplió los 16 años edad el 12 de marzo de 2012, mientras que también le endilgaron a Velasco haber amenazado a las mujeres en situación de prostitución.

Al exrepresentante del Ministerio Público, quien renunció en el año 2016, se lo acusa -además de su participación en la organización y la trata de mujeres con fines de explotación sexual- por haber “protegido” a la organización al no investigar las denuncias en su contra, e incurrido en los delitos de encubrimiento agravado, prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Por otra parte, Mónica Beatriz Alberti y Juan Manuel Schell están imputados por el liderazgo de otra asociación ilícita, y Norma Rosalía Lanatta por su intervención como partícipe de aquella. Deberán responder además como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la cantidad de víctimas y por la consumación de la explotación, reiterado en 18 oportunidades y, por mediar abuso de situación de vulnerabilidad, amenazas, violencia y engaños, en uno de los casos.

Finalmente, se les endilgó a María Gloria Ponce y a Rafael González la coautoría y a Jorge Antonio Lisasoain la participación primaria en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por la consumación de la explotación, reiterado en ocho oportunidades. A esta etapa del proceso había llegado además otra persona imputada que falleció antes del inicio del debate.

La PROTEX detectó que los prostíbulos “Puro Movimiento” y el hotel "Momentos" habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos y que, sin embargo, la medida no se había efectivizado y los lugares continuaban funcionando.

El caso

La causa comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida en la línea 145, en base a la cual la PROTEX inició una investigación preliminar. En ese marco, se encomendaron tareas de investigación a la Gendarmería Nacional y se realizaron otras medidas que permitieron corroborar la existencia y el funcionamiento de los locales “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro” como lugares donde se explotaba sexualmente a mujeres, por lo que se radicó la denuncia ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres que ordenó, en línea con lo solicitado por el titular de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres Aníbal Fabián Martínez y la procuraduría especializada, el allanamiento y clausura de los locales.

Durante la pesquisa, la procuraduría advirtió que dos de los locales denunciados, el prostíbulo “Puro Movimiento” y el hotel "Momentos", habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos de origen delictivo. En esa oportunidad, se había dictado una sentencia condenatoria contra siete imputados. Sin embargo, no se había efectivizado el decomiso de los locales y los lugares continuaban funcionando como prostíbulos.

A la investigación impulsada por la PROTEX, se acumuló una de las causas en la que Pont intervino como único fiscal de la jurisdicción y que había desviado. Ello quedó demostrado a raíz de los informes conclusivos y contundentes que una fuerza de seguridad le elevó, respecto de la actividad ilícita que allí se producía, y en cuya investigación el exfiscal federal solicitó la declaración de incompetencia y descartó la hipótesis criminal más gravosa como la trata de personas, aun teniendo evidencias claras de la comisión de ese delito en los locales denunciados.

Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del 2016 en el caso de “Roxi” y el “Hotel Momentos”. Respecto de este último, las acciones se habrían reiniciado luego del 10 de enero (fecha de la primera clausura) hasta el 27 de marzo de 2016 y, nuevamente, con posterioridad a esa intervención y hasta el 16 de mayo de 2016.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Martínez, Colombo y Mángano, las personas acusadas formaron parte de tres grupos diferentes que actuaron de manera conjunta y coordinada en diferentes locales. Así, a través de diversos roles, captaron, trasladaron y acogieron a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en los locales ubicados en el kilómetro 8.5 y 7.5 de la Ruta 117, respectivamente, de la localidad correntina de Paso de los Libres.

En tal sentido, la acusación indicó que los líderes de la organización pusieron y mantuvieron en funcionamiento -sin complicaciones judiciales ni interrupción de esa actividad ilegal- la whiskería “Roxy” o “Puro Movimiento”, en la que se ofrecían y realizaban “pases” de las víctimas. Además, también establecieron que en el hotel “Momentos” se alojaba a las mujeres, que eran previamente captadas y trasladadas desde otras regiones del país para su posterior explotación, y que allí también se concretaban los “pases” que eran previamente concertados en el prostíbulo. De acuerdo a los fiscales, esto conformó un “único y compacto sistema prostibulario”.

El devenir de la investigación reveló que las víctimas tenían “un discurso aleccionado a fin que negaran estar allí en situación de prostitución" y, que tampoco podían "explicar a nadie cómo funcionaba verdaderamente el lugar, ya sean autoridades policiales como judiciales, al igual que a los miembros de su familia, o a los clientes/prostituyentes”.