El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer y las auxiliares fiscales Tamara Pourcel y Victoria Sassola -quien presta asistencia desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- solicitaron la condena a penas de hasta 12 años de prisión para 12 personas acusadas de integrar una organización que explotó sexualmente a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

El juicio comenzó el 10 de mayo pasado con 16 personas imputadas, pero una de ellas falleció y otra -que estaba acusada como partícipe primario de trata de personas agravada y autor de amenazas- admitió su responsabilidad en un juicio abreviado, cuyo acuerdo la fiscalía pidió que se homologue. El MPF pidió ayer la absolución de otras dos personas.

Pedidos de penas

Ante los jueces del TOF de Corrientes Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreyra, el Ministerio Público Fiscal pidió que se condenara a la pena de 12 años de prisión a Rosana Estela Rodríguez y Ricardo Aguirre (p), como coautores como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; acogimiento y explotación de otras 9 mujeres, todos ellos agravados por haber sido cometidos mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y por la consumación de la explotación sexual, reiterada en 11 oportunidades; y asociación ilícita. Por los mismos delitos, pero en calidad de partícipe necesario y miembro de la organización se requirió idéntica pena para el excomandante de la Gendarmería Nacional José María Viero, cuñado del exfiscal Pont.

El fiscal general y las auxiliares fiscales requirieron además condenas de 8 años de prisión para Juan Ramón Carpe, Silvio Antoni Dos Santos, María Clelia Ramona Espada y Ricardo Gustavo Aguirre (h), a quienes acusaron por los mismos hechos y calificaciones, pero en grado de partícipes necesarios. La misma pena y por los mismos hechos, calificación y tipo de intervención se pidió para Dionisio Velasco, quien además fue acusado por amenazas.

Las víctimas eran explotadas en tres locales nocturnos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres, y las personas imputadas habrían contado con la “protección” y “blindaje judicial” del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso y apartado transitoriamente del debate por razones de salud.

En su alegato que comenzó ayer y culminó hoy, la fiscalía además requirió una condena de 8 años de prisión para Juan Manuel Schell como coautor de trata de personas mediante el acogimiento y explotación sexual de 19 mujeres, agravado por haber sido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la cantidad de víctimas superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 18 oportunidades, y por haber sido cometido con abuso de la situación de vulnerabilidad en uno de los casos. Asimismo, solicitó 8 años de prisión para María Gloria Ponce y Rafael González, a quienes acusó como coautores de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante acogimiento y explotación sexual en perjuicio de siete víctimas, agravado por haber sido cometido mediante un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por consumación de la explotación, reiterado en siete oportunidades.

Finalmente, el y las representantes del MPF pidieron la imposición de 5 años y 4 meses de prisión para Claudia María Dos Santos, como partícipe secundaria de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de una de las víctimas; traslado, acogimiento y explotación sexual de otra; y acogimiento y explotación sexual de las restantes nueve víctimas, agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y porque se consumó la explotación, reiterado en 11 oportunidades; y como miembro de una asociación ilícita.

Por otra parte, solicitaron la absolución de Norma Rosalía Lanatta -en los términos del artículo 5° de la Ley N°26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece la no punibilidad por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata- y de Jorge Antonio Lisasoain, por falta de pruebas.

Se prevé que, tras las conclusión de los alegatos de las defensa, el tribunal de a conocer su veredicto el próximo 12 de septiembre.

Decomiso y reparación integral

En su intervención, el fiscal Schaefer y las auxiliares fiscales Pourcel y Sassola pidieron la reparación del daño sufrido por las víctimas, que ascendería al monto de $301.308.766, y el decomiso de 22 automóviles y 15 inmuebles, para algunos de los cuales solicitaron su venta anticipada a fin de que no se menoscabe su valor, dado el deterioro que presentan.

Para ello pidieron que se diera intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que tase y subaste los bienes y que el dinero producto de ello -y aquel que fuera incautado durante la investigación- sea transferido a las cuentas bancarias del Fondo Fiduciario creado por la ley 27.508.

El caso

La causa comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida en la línea 145, en base a la cual la PROTEX inició una investigación preliminar. En ese marco, se encomendaron tareas de investigación a la Gendarmería Nacional y se realizaron otras medidas que permitieron corroborar la existencia y el funcionamiento de los locales “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, como lugares donde se explotaba sexualmente a mujeres, por lo que se radicó la denuncia ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres que ordenó, en línea con lo solicitado por el titular de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres Aníbal Fabián Martínez y la procuraduría especializada, el allanamiento y clausura de los locales.

La fiscalía solicitó que se diera intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que tase y subaste los bienes y que el dinero producto de ello -y aquel que fuera incautado durante la investigación- sea transferido a las cuentas bancarias del Fondo Fiduciario creado por la ley 27.508.

Durante la pesquisa, la procuraduría advirtió que dos de los locales denunciados, el prostíbulo “Puro Movimiento” y el hotel "Momentos", habían sido decomisados en mayo de 2013 por orden del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes en el marco de un juicio por lavado de activos de origen delictivo. En esa oportunidad, se había dictado una sentencia condenatoria contra siete imputados. Sin embargo, no se había efectivizado el decomiso de los locales y los lugares continuaban funcionando como prostíbulos.

A la investigación impulsada por la PROTEX se acumuló una de las causas en la que Pont intervino como único fiscal de la jurisdicción y cuya investigación se lo acusó de haber desviado, luego de haber recibido los informes conclusivos y contundentes que una fuerza de seguridad le elevó respecto de la actividad ilícita que allí se producía. En ese proceso el entonces fiscal federal solicitó la declaración de incompetencia y descartó la hipótesis criminal más gravosa como la trata de personas, aun teniendo evidencias claras de la comisión de ese delito en los locales denunciados.

Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del 2016 en el caso de “Roxi” y el “Hotel Momentos”. Respecto de este último, las acciones se habrían reiniciado luego del 10 de enero (fecha de la primera clausura) hasta el 27 de marzo de 2016 y, nuevamente, con posterioridad a esa intervención y hasta el 16 de mayo de 2016.

De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales. Uno de ellos estaba liderada por Rodríguez, Aguirre (p), Espada y Aguirre (h), e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Do Santos, Velasco, Viero y el exfiscal Pont. El segundo era manejada por Schell junto a una de las imputadas que falleció antes del inicio del debate. Finalmente, la tercera banda estaba encabezada por Ponce y González.

Según la fiscalía, los grupos actuaron de manera conjunta y coordinada en diferentes locales ubicados en el kilómetro 8.5 y 7.5 de la Ruta 117, respectivamente, de la localidad correntina de Paso de los Libres. La acusación indicó que los líderes de cada uno pusieron y mantuvieron en funcionamiento -sin complicaciones judiciales ni interrupción de esa actividad ilegal- la whiskería “Roxy” o “Puro Movimiento”, en la que se ofrecían y realizaban “pases” de las víctimas. Además, estableció que en el hotel “Momentos” se alojaba a las mujeres, que eran previamente captadas y trasladadas desde otras regiones del país para su posterior explotación, y que allí también se concretaban los “pases”, que eran previamente concertados en el prostíbulo. De acuerdo a los fiscales, esto conformó un “único y compacto sistema prostibulario”.