El titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, solicitó este miércoles que se envíe a juicio oral a cuatro miembros de fuerzas de seguridad, dos de ellos de la Policía Federal y otros dos de la Policía de la Provincia de Tucumán, y a un civil por haber secuestrado a una persona con el objeto de pedir dinero a cambio de su liberación el pasado 20 de junio. El caso tiene como agravante la cantidad de personas intervinientes y la calidad de funcionarios públicos, por lo cual la escala penal aplicable oscila entre 10 y 25 años de prisión.

La investigación, conducida por el fiscal Pablo Camuña, en ese momento a cargo de la Fiscalía Federal N°2, permitió determinar que los cinco acusados montaron una empresa criminal con permanente funcionamiento y con el propósito de secuestrar personas para cobrar rescates, que requirió la intervención de varias personas. Además, para que la empresa criminal tuviera éxito, requería una organización previa, un plan común, en el que cada uno de los participantes realizara su aporte objetivo conforme a aquella división de roles pre pautada. 

La víctima fue sustraída de la vía pública en presencia de su familia y retenida en contra de su voluntad durante un lapso que se extendió durante aproximadamente dos horas. En ese tiempo, fue ocultada en una camioneta, donde la amenazaban y mantenían esposada en el asiento trasero. Todas las acciones se emprendieron con la finalidad de obtener dinero a cambio de su libertad. La liberación se logró a partir de una denuncia en la línea de emergencias 911 por parte de su esposa y de vecinos que vieron el secuestro, y así fue como personal de la Guardia Urbana de la Policía de Tucumán pudo interceptar el vehículo propiedad de la víctima en donde era llevado por sus captores.

Para el fiscal Chit, durante la investigación se probó que los imputados tenían acabado conocimiento de la finalidad del secuestro. Las llamadas extorsivas se realizaron mientras se tenía cautiva a la víctima y la división de tareas en general que se efectivizó tenía el doble propósito de la retención y del cobro del dinero. Uno de los acusados, miembro de la PFA con funciones en la división de alcaidía de los tribunales federales de Tucumán, era amigo de los imputados y fue el organizador del hecho, coordinando con otro integrante de la PFA asignado a la División Antidrogas y su hermano, el único civil de la banda. Este último mantenía vínculos además con policías provinciales y federales, en tanto se comunicaba y daba aviso sobre los objetivos -a los que llamaba “laburos”- que tenían preparados.

En relación a los dos miembros de la de la Policía de Tucumán, la acusación fiscal indicó que se turnaban para identificar y vigilar a las potenciales víctimas objetivos y el día del hecho uno de ellos fue quien conducía el auto que custodiaba el vehículo donde llevaban a la víctima mientras el otro lo llevaba en el asiento trasero de la camioneta, ejerciendo un rol de custodia sobre ella.

De acuerdo al requerimiento, la pertenencia de uno de los acusados a la División Antidrogas de la PFA permitió el acceso a información confidencial sobre sumarios policiales en curso y la preparación de los secuestros extorsivos, labrando actuaciones judiciales apócrifas, falsificando sellos y proporcionando datos personales de potenciales víctimas. En el caso concreto, este acusado fue quien facilitó fotografías utilizadas para extorsionar a la víctima.