El responsable de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, Agustín Chit, junto al titular de la  Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, solicitaron el viernes la  elevación a juicio de la investigación seguida contra seis personas por el secuestro extorsivo de un hombre de nacionalidad boliviana, ocurrido en marzo pasado. Los seis imputados retuvieron y ocultaron a la víctima, y solicitaron el pago de un rescate a su familia, el cual no se concretó.

También, los fiscales solicitaron que uno de los involucrados vaya a juicio por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al tiempo que propiciaron el sobreseimiento de una séptima persona que era investigada.

El caso

El 16 de marzo de 2022, la víctima viajó desde Bolivia hacia la Argentina por el paso internacional de Villazón - La Quiaca, con destino a la provincia de Tucumán, donde habría arribado dos días después, el viernes 18. Durante esa noche, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante el servicio de mensajería WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja y a la madre del hombre, a las que les exigieron el pago de cincuenta mil dólares a cambio de su liberación.

En el marco de las extorsiones, la pareja de la víctima recibió mensajes de audio emitidos por los captores, fotografías y videos donde se veía al hombre retenido y ocultado en una vivienda en construcción, visiblemente herido y atado de pies y manos. Asimismo, los perpetradores mantuvieron otras comunicaciones con el entorno familiar. En dicho contexto, les requirieron a las víctimas pasivas que abonasen el dinero a través de la compañía Western Union a nombre de dos personas -identificadas como GED y PDC-. Finalmente, el hombre fue liberado sin que se concretara el pago del rescate.

La investigación se inició con la denuncia que radicó -en territorio argentino- el padre de la víctima. El hombre se trasladó desde la ciudad boliviana de Cochabamba hasta La Quiaca, para denunciar el secuestro su hijo ante la Policía Federal Argentina (PFA).

La pesquisa recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, que pidió colaboración a la UFESE. Además, se contó con el auxilio de la División Antisecuestros Norte de la PFA y de la División de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán. Así, en tan solo tres días, se logró identificar, encontrar y detener a las personas involucradas en el secuestro extorsivo y localizar los lugares donde el hombre estuvo cautivo. En la investigación también contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Diego Solernó.

Mientras se realizaban las tareas de investigación -que incluyeron el entrecruzamiento de datos entre las líneas utilizadas pasta el pedido de rescate con las titularidades de las cuentas de Western Union donde se pretendía cobrar el rescate- los secuestradores liberaron a la víctima ante la imposibilidad de obtener el pago. El hombre se trasladó -por sus propios medios- hasta su país de origen, donde fue hallada semanas después por INTERPOL.

El 23 y 24 de marzo pasado, se realizaron una serie de allanamientos, en los que se recuperaron prendas de vestir que habrían sido de la víctima, objetos usados para torturarlo y sustancias estupefacientes. Además, la División de Criminalística de la Policía de Tucumán realizó pruebas de luminol -en el lugar donde el hombre estuvo retenido- con resultados positivos. En virtud de ello, se recogieron muestras de ADN que, tras ser analizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF de Tucumán, evidenciaron que la sangre hallada pertenecía a la víctima.

Durante ese operativo, y gracias a nueva información, se logró dar con el lugar donde la víctima estuvo privada de su libertad: se trataba de una casa en construcción ubicada en las proximidades del domicilio de los acusados. Así, se dispuso el allanamiento del lugar, donde se encontró un látigo -de idénticas características al que los secuestradores usaron para torturar a la víctima-. También se realizaron procedimientos en otra vivienda, donde se detuvo a JJA, quien tenía en su poder las prendas de la víctima y un taladro eléctrico, de igual modelo y color, al que se ve -en uno de los videos extorsivos- que usaron los secuestradores para amedrentar a la víctima cautiva.

Las personas investigadas fueron detenidas en la madrugada del 24 de mayo. Posteriormente,  el juez federal Fernando Poviña los procesó como coautores del delito de secuestro extorsivo. Además, en tanto en uno de los domicilios allanados durante la investigación se encontraron cápsulas con sustancias estupefacientes, se procesó a una de ellas por tenencia simple. La resolución quedó firme luego de que las defensas desistieran de los recursos de apelación que habían presentado oportunamente.

En base a las pruebas recabadas durante la investigación, los fiscales Chit y Marquevich solicitaron que las seis personas investigadas vayan a juicio oral y público como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, que prevé penas de entre diez y veinticinco años de prisión. Además, requirieron que uno de los imputados también responda por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y propiciaron el sobreseimiento de una séptima persona investigada.

En su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal, señalaron que “cada uno de los nombrados actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima con el fin de obtener un rescate dinerario a cambio de su liberación”.

Para ellos, “cada una de las personas imputadas tuvo que cumplir un rol independiente del resto, ya sea en la sustracción, ocultamiento y retención de la víctima y/o realizando las extorsiones”. De acuerdo a los fiscales, esto debe entenderse “como una división de tareas las cuales cumplían con el fin antes dicho; no obstante, cada uno de los intervinientes tenía pleno dominio de lo que estaba realizando; es decir, hubo un dominio funcional del hecho, en el que cada uno cumplió un rol específico, pero todos poseían el mismo objetivo”.

Para Chit y Marquevich, “las personas imputadas actuaron en conjunto: mientras unos retenían y ocultaban a la víctima, lo agredían físicamente y lo trasladaban de un lugar de cautiverio a otro, otros realizaban las extorsiones al entono familiar y, además, ponían a su disposición las cuentas de la firma Western Union para lograr la ultra intención de la privación ilegítima: el pago del rescate”.