El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y el auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, Pedro Rebollo, solicitaron al juez federal Fernando Poviña que dicte el procesamiento con prisión preventiva de cinco personas por el secuestro extorsivo a un hombre de nacionalidad boliviana. Se acusa a los cinco imputados e imputadas de haber mantenido cautiva a su víctima y pedir dinero a cambio de su liberación. A la fecha, el hombre todavía sigue desaparecido.

El miércoles 16 de marzo, la víctima viajó desde Bolivia hacia la Argentina por el paso internacional de Villazón - La Quiaca, con destino a la provincia de Tucumán, adonde habría arribado dos días después, el viernes 18. Durante esa noche, a través de dos líneas telefónicas prepagas y mediante el servicio de mensajería WhatsApp, un grupo de personas comenzó a extorsionar a la pareja de la víctima y a su madre exigiéndoles 50 mil dólares a cambio de su liberación.

En el marco de estas extorsiones, la pareja de la víctima recibió mensajes de audio emitidos por los captores, fotografías y videos donde se veía al hombre retenido y ocultado en una vivienda en construcción, visiblemente herido y atado de pies y manos. Los captores continuaron realizando comunicaciones de índole extorsivas al entorno familiar. Así, requirieron a las víctimas pasivas que abonasen el dinero a través de la compañía Western Union a nombre de dos personas de iniciales GED y PDC. Sin embargo, el pago no fue concretado y la víctima aún no fue encontrada.

Los representantes del MPF solicitaron el dictado de la prisión preventiva de las personas imputadas no solo por la gravedad de los hechos, sino por cómo fueron llevados a cabo, empleando una violencia significativa sobre la integridad física de la víctima aún desaparecida.

Al mismo tiempo, al realizarse las detenciones producto de la investigación, una mujer involucrada en el caso de iniciales MAA tenía consigo cinco cápsulas con clorhidrato de cocaína por un peso de treinta y ocho gramos. La mujer descartó el material al notar la presencia en la zona de personal policial e intentó darse a la fuga, pero fue detenida antes de que pudiera escaparse.

La investigación comenzó luego de que la familia de la víctima cruzase la frontera y denunciase el hecho ante la División Unidad Operativa Federal La Quiaca de la Policía Federal Argentina. En esa oportunidad fueron entregados los mensajes de texto y de audio como también los videos donde podía verse al hombre cautivo y visiblemente herido. También se tomó nota que los dos abonados prepagos desde donde contactaron a la familia tenían característica de la provincia de Tucumán, así que la primera línea investigativa fue la de identificar tanto a los portadores de las líneas telefónicas como a los titulares de las cuentas en Western Union, a través del entrecruzamiento de datos y el análisis de redes sociales.

Del análisis de las líneas que intercambiaron llamadas y mensajes con los teléfonos prepagos se identificó luego a una mujer de iniciales DDA, cuyo nombre fue mencionado por la pareja de la víctima en varios de los llamados que mantuvo con los captores, ya que ella era una de las encargadas de extorsionar y amenazar a la familia. Las tareas llevadas a cabo por el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal y el Departamento de Inteligencia de la Policía de Tucumán permitieron inferir que varios de los acusados pertenecían a un mismo grupo familiar y que estaban ligados al secuestro ya que, al menos durante el hecho, tenían en su poder los equipos celulares a través de las cuales se realizaron las extorsiones, como también un vínculo directo con uno de los titulares de las cuentas donde se exigió a los familiares de las víctimas depositar el pago del rescate.

Esta sospecha terminó por confirmarse cuando, en una serie de allanamientos, al ingresar al domicilio donde residían tres de ellos, se secuestró un teléfono celular donde había traficado una de las líneas utilizadas para canalizar las extorsiones. Además, los pisos del comedor de esa casa resultaron ser idénticos a los que se visualizan en una de las fotografías remitidas por los autores del hecho a los familiares de la víctima, donde se observa a la víctima notablemente herida. En la puerta del domicilio también se halló una camioneta Ford Ecosport, dentro de la cual se advirtieron manchas de sangre y una campera, también ensangrentada.

“Cada uno de los nombrados actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima con el fin de obtener un rescate dinerario, a cambio de su liberación”, indicó la fiscalía.

Durante este operativo, y a partir de nueva información, se pudo determinar que el lugar de cautiverio de la víctima era una casa en construcción cercana al domicilio de las personas acusadas, ordenándose así el allanamiento de ese domicilio. Allí se encontró un látigo de idénticas características al que los secuestradores usaron para torturar a la víctima, mientras que en otro de los domicilios requisados se detuvo a JJA, partícipe del secuestro y en cuyo poder se encontraron las prendas de la víctima y un taladro eléctrico idéntico (modelo y color) al que utilizaban los secuestradores para amedrentar a la víctima cautiva en los videos extorsivos.

Para el Ministerio Público Fiscal, “cada uno de los nombrados actuó de manera coordinada realizando su aporte esencial a fin de privar ilegalmente de la libertad a la víctima con el fin de obtener un rescate dinerario, a cambio de su liberación”. Dentro de esta división de tareas, “cada integrante del plan criminal dominó el curso del hecho a voluntad, conociendo el grave contenido de injusto del mismo, y a pesar de ello ninguno ha desistido de su accionar; todo lo contrario, la ha llevado a cabo en forma coordinada”.

Por estos motivos, Chit y Rebollo solicitaron que los cinco imputados sean procesados como coautores penalmente responsables del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación en el hecho de tres o más personas, mientras que MAA deberá hacerlo también por tenencia simple de material estupefaciente. Los representantes del MPF solicitaron además que sus detenciones se conviertan en prisión preventiva no solo por la gravedad de los hechos, sino por cómo fueron llevados a cabo, empleando una violencia significativa sobre la integridad física de la víctima, quien hasta el día de la fecha no ha sido hallada con vida. La fiscalía y UFESE coincidieron en que, dadas las características de las maniobras investigadas y la pluralidad de personas involucradas, entre las cuales se encuentran personas aún no identificadas y/o prófugas, es posible presumir que la libertad de los acusados podría hacer peligrar el éxito de la investigación.