09 de agosto de 2022
09 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Comunicado de la Fiscalía Federal N°2
Tucumán: el MPF solicita a los medios y organismos el resguardo de la identidad e imágenes de la víctima de un secuestro extorsivo en curso
La fiscalía advirtió que “el uso de información obtenida de manera ilegal de una causa en curso, sólo generará una mayor lesión y preocupación a la familia de la víctima como también implicará el comienzo de investigaciones que permitan establecer las responsabilidades funcionales de quienes hagan entrega indebida de información”.

En relación con los trascendidos periodísticos respecto al secuestro extorsivo de un ciudadano del Estado Plurinacional de Bolivia, la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, solicita a los medios de comunicación y organismos intervinientes, el resguardo de la identidad e imágenes de la víctima. Ello, a fin de no generar mayor lesión y preocupación a los familiares y evitar afectar la investigación en curso.

La investigación comenzó el 21 de marzo pasado, luego que un familiar denunciara ante la delegación de la Policía Federal de La Quiaca, que el hombre había sido secuestrado y que habían recibido videos y fotografías extorsivas para lograr el pago de una alta suma de dinero en moneda estadounidense.

El denunciante fue trasladado a la provincia de Tucumán, para garantizar el mayor conocimiento de las acciones a seguir. Su recibimiento y cuidado fue asegurado por el Ministerio de Desarrollo Social tucumano, a cargo de Lorena Málaga y su equipo.

Además, la fiscalía dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Pedro Rebollo quienes, junto al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal Argentina, trabajaron en la individualización de los secuestradores. También, en las medidas iniciales de búsqueda de la víctima, se solicitó la asistencia de la Dirección de Género y Trata de Personas de la Policía de Tucumán, que relevó los hospitales y terminales de transporte de pasajeros de la capital provincial.

Para la identificación final de los autores del hecho la fiscalía requirió la intervención del personal del Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán, que en el transcurso de 12 horas confirmó la ubicación de los secuestradores y permitió ordenar, los días 23 y 24 de marzo, ocho allanamientos en diferentes barrios del Gran San Miguel de Tucumán, en los que intervinieron agentes de la Unidad Regional Tucumán y de la División Antidrogas de la PFA, de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP), móviles del servicio 911, del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), de la Patrulla Urbana y Grupos de Infantería de las cinco Unidades Regionales de la Policía tucumana.

Como resultado de la investigación y los procedimientos efectuados, se obtuvo cuantiosa evidencia que ubica a los sospechosos en el lugar de cautiverio de la víctima, su conocimiento y participación en el hecho, como también material estupefaciente. A raíz de ello, se realizaron nuevas tareas de búsqueda, que culminaron con el secuestro de elementos asociados al cautiverio de la víctima.

También, se dio intervención a la INTERPOL, al consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la provincia de Salta y a otros organismos públicos que intervienen en la búsqueda de la víctima, que aún permanece desaparecida.

Finalmente, la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán solicitó a los organismos que intervienen en la investigación y a los medios de comunicación que velen por el manejo responsable de la información, para priorizar el resguardo de la identidad de la víctima y sus familiares, y el desarrollo de la investigación en curso. Además, recordó que el uso de información obtenida de manera ilegal de una causa en curso, sólo generará una mayor lesión y preocupación a la familia de la víctima como también implicará el comienzo de investigaciones que permitan establecer las responsabilidades funcionales de quienes hagan entrega indebida de información.