El titular de la Fiscalía General N°2, Abel Cordoba, solicitó hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 4 penas de cuatro y cinco años de prisión para tres empresarios por el delito de administración fraudulenta en el marco de la adjudicación y construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, localizada en el Río Paraná, en la provincia de Misiones. Además, requirió que se imponga una multa de $90.000 para los tres acusados y que se disponga la reposición al estado anterior a la comisión del delito de la suma de dinero afectada, cuyas maniobras habrían generado un perjuicio de 191.004.275,39 pesos.

La fiscalía tuvo por acreditado que el accionar de los empresarios imputados Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo consistió en la recaudación indebida de reintegros impositivos vinculados a la compra de hormigón fresco y neumáticos importados que fueron utilizados durante la obra, al amparo de la ley 20.852 y normativas reglamentarias. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años para Henin y Rizzo, y cuatro para Ortega, señalados por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de participes necesarios. Cuando ocurrieron los hechos, Rizzo y Ortega cumplían funciones como gerente general y representante, respectivamente, del consorcio contratista Eriday UTE. Mientras que Henin era el titular de la consultora DICMAR.

De esa manera, el fiscal general sostuvo lo que se indicara en el requerimiento de elevación a juicio oral, en cuanto a que "el accionar de los aquí enjuiciados ha constituido, con sus distintos matices, un engranaje necesario para completar las numerosas maniobras defraudatorias denunciadas, que al consumarse –paulatinamente– en cada uno de los trámites por los cuales se abonaron los importes por reembolsos al contratista adjudicatario UTE ERIDAY, causaron un millonario perjuicio al Estado Nacional". La investigación tuvo su origen en 1988, a partir de una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas a la licitación, adjudicación y ejecución de la obra.

Para la fiscalía, el comportamiento ilegal fue “sumamente fructífero para los acusados y sumamente ruinoso para las arcas públicas y para la industria nacional"

Alegato

En su exposición, el fiscal Córdoba señaló que las acciones de los imputados intentaron justificarse porque la “'empresa privada debía sobrevivir´ inclusive incursionando y componiendo la corrupción”; y apuntó a que “el Estado debe recuperar esos fondos y sancionar a los responsables”.

“La corrupción administrativa no es patrimonio nacional, sino que es un fenómeno y un modo fraudulento característico, empresas en este caso, que se apropian ilegalmente de dineros públicos”, describió sobre las presuntas maniobras de los imputados. En este mismo sentido, la fiscalía general añadió que “la documentación que se ha incorporado al debate y los aportes específicos de cada uno de los acusados a los hechos de administración fraudulenta nos indican que estamos frente a las pruebas de un funcionamiento delictivo organizado sostenido en el tiempo”.

El representante del MPF añadió que dicho comportamiento fue “sumamente fructífero para los acusados y sumamente ruinoso para las arcas públicas y para la industria nacional, que era el fundamento por el cual se habían dispuesto esos fondos públicos”. Para la fiscalía, el conocimiento de los imputados sobre la burocracia estatal les permitió “recurrir a la manipulación ilegal de medios legales, y es una esencia de esta causa”.