27 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Ya son once las jurisdicciones que cuentan con herramientas similares
Durante este año San Luis, Jujuy, Santa Fe y Santa Cruz aprobaron sus protocolos para la investigación de femicidios a partir del instrumento elaborado por la UFEM
Incorporaron el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres” presentado por la unidad especializada del MPF en 2018, que ofrece elementos prácticos y pautas de actuación con perspectiva de género.

Durante 2020, cuatro provincias aprobaron protocolos para la investigación de femicidios a partir del instrumento elaborado y presentado en 2018 por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. La última en hacerlo fue Santa Cruz, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, integrado por Paula Ludueña Campos -en su carácter de presidenta- y los vocales Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Enrique Osvaldo Peretti y Reneé Guadalupe Fernández, adhiriera este martes al “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” realizado por la UFEM y dispuso su aplicación para todo el ámbito del Poder Judicial de la provincia.

El Protocolo de UFEM fue presentado en marzo de 2018 y ofrece herramientas prácticas y pautas de actuación para la investigación de casos de femicidio con perspectiva de género. Fue desarrollado por la unidad especializada con el acompañamiento del programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea EUROsociAL+; de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y de ONU Mujeres. Asimismo, contó con la asistencia técnica de profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con la colaboración de referentes del sistema de justicia -fiscala/es, juezas/ces, abogadas/os y académicas/os.

En la misma línea, el 28 de octubre pasado el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Jorge Camilo Baclini, aprobó un “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres-femicidios”, que es una adaptación local del documento elaborado por la UFEM.

En marzo pasado, a su vez, el procurador general de la provincia de San Luis, Fernando Oscar Estrada, incorporó el Protocolo UFEM para la intervención de los organismos dependientes de la Procuración General de la provincia y, en particular, del Ministerio Fiscal.

Días después, el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Acusación de la provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, también lo aprobó en dicho ámbito y encomendó su implementación a quienes integran el organismo provincial.

Estas jurisdicciones se suman a Buenos Aires, Chubut, Corrientes y Salta, que adoptaron para la investigación y el litigio de las muertes violentas de mujeres por razones de género el instrumento elaborado por la UFEM, que recoge los estándares internacionales desarrollados por el “Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios/feminicidios)”. En este contexto, cabe mencionar también a las provincias de La Pampa y Mendoza, que han confeccionado sus protocolos siguiendo el marco establecido por dicho documento internacional.

La incorporación de estos protocolos en algunas jurisdicciones del país responde al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino al suscribir tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. 

En particular, se enmarca en un proceso de consolidación de los ministerios públicos para mejorar la investigación y el litigio de los casos que involucran la forma más grave de violencia contra las mujeres, mujeres trans y travestis de manera eficaz y con perspectiva de género, asegurando que la actuación de las y los fiscales se desarrolle de acuerdo con los estándares internacionales de debida diligencia reforzada aplicables a la criminalidad de género.